En Valledupar se dio inicio a la audiencia pública de verificación del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, un espacio sin precedentes en el que víctimas, comparecientes de la fuerza pública y más de 40 instituciones del Estado se reúnen para avanzar en una nueva forma de hacer justicia.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Rameli Arteaga, indicó que este ha sido un proceso en el que por primera vez en el país las víctimas tienen participación y que para llegar a este punto se escucharon muchísimas versiones de los comparecientes, se armó una macro investigación, se revisaron documentos, se practicaron testimonios para luego sistematizar millones de datos buscando que las víctimas se sintieran agradecidas, lo cual no pasaba con la justicia ordinaria.
De esta manera el país, pero mayormente los familiares de las personas asesinadas en muertes extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos, tendrán garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Así las cosas, durante este jueves y viernes, la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad verificará si se cumplieron las condiciones judiciales y técnicas necesarias para emitir la sentencia e imponer sanciones propias a 12 antiguos integrantes del Batallón de Artillería La Popa, quienes reconocieron responsabilidad y aportaron verdad sobre 135 asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como falsas bajas en combate en Cesar y La Guajira entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Se trata del paso previo a la emisión de la sentencia y a la definición de su situación jurídica.
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Los convocados a la audiencia son: mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros; mayor (r) Heber Hernán Gómez Naranjo; sargento primero (r) Efraín Andrade Perea; sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla Espitia; teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales; subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía; sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero; subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez; soldado profesional (r) Yeris Andrés Gómez Coronel; soldado profesional (r) Alex José Mercado Sierra; soldado profesional (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda; y cabo tercero (r) Elkin Rojas.
La diligencia busca asegurar que las sanciones ya que no son llamadas condenas, que impondrá el tribunal, una vez se emita la sentencia, cumplan con los requisitos legales necesarios para su implementación, pero también que sean viables, sostenibles y efectivas. Dichas sanciones deberán cumplirse para transformar el daño causado en acciones concretas de reparación para las víctimas, las comunidades y los territorios.
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Por su parte, Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, indicó que las sanciones se deberán cumplir a la luz pública, es decir, en barrios, centros comunitarios, “es cambiar el castigo con la restauración, la dignificación lo solicitaron las víctimas durante todos estos años de investigación. Hay víctimas individuales y colectivas, estas últimas como en las comunidad wiwa, kankuama, territorios afrocolombianos y campesinos donde hay que entrar a armonizar el territorio”.
La JEP destacó en los siete años de proceso y trabajo han realizado 263 imputaciones a personas como máximos responsables de muertes extrajudiciales.
