Para la Contraloría General de la República, el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla, habría incurrido en un cúmulo de irregularidades para adjudicar el contrato de suministro de kits alimentarios para 5.000 niños menores de cinco años y madres gestantes de ese municipio al centro del Cesar, por un valor superior a los $15.000 millones.
Considera el organismo de control que el exmandatario, como gestor fiscal, fue quien adelantó un proceso licitatorio en el cual participó un solo proponente y donde hubo una deficiente elaboración de los estudios previos de mercado. 'Con este comportamiento posiblemente desatendió principios de la contratación estatal en detrimento del patrimonio público del municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente los de economía y responsabilidad', señala.
Consideró la Contraloría que Didier Lobo suscribió el contrato 3040 de 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios 'sin verificar de manera estricta el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que presuntamente su conducta generó o contribuyó al resultado del detrimento patrimonial', que se estima en más de $2.300 millones, a raíz de los sobrecostos que determinó el ente de control con base en cotizaciones en almacenes de cadena y supermercados, comparándolos con los precios exagerados que se tuvieron en cuenta para adjudicar el contrato.
La Contraloría informó que de esta forma se benefició de manera irregular a la firma contratista pagándole un mayor precio por los productos de los kits, configurándose un posible enriquecimiento injusto en beneficio del contratista y en perjuicio del patrimonio público.
La Unión Temporal con la que se ejecutó el contrato estaba integrada por las empresas Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS, Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos.
El ente de control encontró que compraron avena en hojuelas por 250 gramos a $3.480, cuando la cotización que obtuvo la Contraloría es de $1.910; mientras que harina de maíz por libra la compraron a $2.520, cuando el valor real es de $1.370.
Según reportó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, la citada Corporación Gestión del Recurso Social y Humano –GERS ha celebrado contratos similares –de paquetes nutricionales- y para la operación de Programa de Alimentación Escolar -PAE con la Alcaldía del municipio de Becerril, también en el Cesar. Igualmente, aparece relacionada en una investigación sobre el carrusel de la contratación de la alimentación escolar realizada por la senadora Claudia López.
Contrato con Gers. La cuestionada Corporación Gestión del Recurso Social y Humano ONG, Gers, cuya representante legal es Marlene Esther Vásquez Guerrero, firmó por lo menos 23 contratos de alimentación escolar y suministros de kits alimentarios entre 2013 y 2015, por un valor superior a los $95.000 millones, ya sea de manera directa o a través de consorcios y uniones temporales en los municipios de Arauca,(Arauca), Maicao (La Guajira); Becerril, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, El Paso y Valledupar (Cesar) y el departamento del Magdalena.
Se trata de una ONG, que aparece registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar desde el 3 de agosto de 2002, como una entidad sin ánimo lucro y una vigencia hasta el 9 de octubre de 2044, bajo el Número de Identificación Tributaria, NIT, 824005257-8 con domicilio en la calle 23 No 14-60 en el barrio 12 de Octubre de Valledupar, siendo miembros principales de la junta directiva Alenys Patricia Castilla, Nora Alexandra Bejarano y Yeini Liliana Tamayo, con la suplencia de Yusselffy Ariza Calderón y José Miranda Rodríguez, con la revisoría fiscal de Solyira Rueda Ribón.
De acuerdo con el certificado de registro de esta entidad ante la Cámara de Comercio de Valledupar, la ONG reporta activos por $11.241 millones.
Según lo relaciona la senadora Claudia López la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano ONG, Gers, se encuentra entre las firmas que contratan con entidades territoriales certificadas a partir de procesos de licitación con únicos proponentes; con los mismos de siempre y a través de ‘camuflajes’ mediante la creación de consorcios y uniones temporales.
Entre las licitaciones con único proponente aparecen 8 contratos en el Cesar entre 2013 y 2015 por valor de $24.000 millones en los municipios antes mencionados; bajo la modalidad de los mismos de siempre con tres contratos en el mismo periodo en Arauca y Fortul por $3.800 millones; y en 2012 con La Jagua de Ibirico, por 2.200 millones de pesos; mientras que a través de consorcios y uniones temporales figura con contratos en las localidades de Becerril en 2015, mediante el consorcio Obed integrado por Gers y la Fundación Sysdac por un valor de 2.125 millones de pesos; en el mismo municipio en 2014 con la unión temporal Alimentando El Futuro; integrada por la Fundación Entregando Semillas, Industrias Alimentando, Catering y Gers, por un valor de $1.900 millones; en La Jagua de Ibirico, en 2015, a través de una Unión Temporal, conformada por la Fundación Sysdac y Gers; y en el municipio de Chiriguaná, en 2014, por medio del consorcio Porvenir, con un contrato de $3.324.392.680.
