El Heraldo
Bolívar

Fiscalía revoca decisión que favorecía a nativos de Barú

Unidad de Fiscalías echó para atrás la medida de restablecimiento de derecho que ordenaba entregar 79 hectáreas a familias de Playa Blanca.

La 'fiesta' de los habitantes de la isla de Barú, que celebraron en febrero una primera determinación jurídica a su favor, con respecto a la propiedad de las apetecidas playas y predios de La Puntilla, parece que llegó a su fin.

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, informó que la Unidad de Fiscalías revocó integralmente las medidas de restablecimiento del derecho que ordenaba la entrega provisional de 79 hectáreas de esta área de Playa Blanca, donde los nativos reclaman su propiedad, mientras que el Estado e inversionistas particulares hacen lo propio.

"De acuerdo a lo proferido en la providencia expedida por la Unidad de Fiscalías el pasado 6 mayo, Fonade informa que al resolver recurso interpuesto, con el acompañamiento de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, el ente acusatorio revocó integralmente las medidas de restablecimiento del derecho, que entre otras, ordenaban de manera ilegal la entrega provisional de 79 hectáreas del predio La Puntilla, en Barú", dice un comunicado del Fondo.

Agrega que, mediante esta resolución, se reafirma que el predio La Puntilla, aportado por la Nación a la sociedad Playa Blanca Barú, en la que la Nación tiene un 49% a través de Fonade, "cuenta con una posesión lícita y una propiedad registrada en pleno dominio, sin ningún tipo de limitación en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria".

La decisión a favor de los nativos se dio el 18 de febrero pasado por la Fiscal Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena. Ante esto Fonade denunció penalmente por prevaricato a la fiscal, "ante la ilegal decisión que iba en contra de los intereses de la nación y de la Sociedad que se hizo con inversionistas para el desarrollo de un megaproyecto hotelero en la zona.

Los isleños que se dicen dueños de estas tierras, argumentan que fueron desalojados por parte del Gobierno que, según su versión, se apropió de tierras de más, dejando a los nativos por fuera de ella.

La de estas tierras es una disputa y batalla jurídica de más de dos décadas, en la que ha habido, inclusive, hechos de violencia. Los isleños dicen que son herederos de la dueña de estos predios y sostienen que se ha cometido una injusticia. Sin embargo, el Estado ha reclamado la propiedad de dichos terrenos y a través de Fonade creó un plan de desarrollo turístico con particulares.

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