El Ministerio de Educación sancionó y decretó 'la vigilancia preventiva' de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de la familia Henríquez Emiliani, mediante las resoluciones 18964 y 19962, tras el hallazgo de supuestos desvíos de recursos y grave crisis financiera y administrativa por la que atraviesa.
Así lo informó la Viceministra Natalia Ariza, quien en la tarde de este miércoles dio una conferencia de prensa, en Bogotá. Agregó que mediante la resolución 18964 se impuso una sanción por $122 millones a los directivos de la institución, entre ellos el rector Henriquez Emiliani y los integrantes de la asamblea, por permitir, entre el 2006 y el 2014, que se hicieran inversiones por $6.000 millones en inmuebles que no pertenecen a la Corporación, sino a la familia Emiliani.
Además, de estas inversiones en mejoras en propiedades que no eran de la institución, los directivos aprobaron pagos de cánones de arriendo por casi $150 millones, lo que, según la Viceministra, son cantidades exageradas y violan los mismos estatutos de la corporación universitaria.
La funcionaria dijo que las investigaciones realizadas permiten establecer que la Corporación se encuentra en 'serios problemas financieros y administrativos' y que por esta razón se expidió la resolución Número 19961 en la que se decreta la vigilancia preventiva y obliga a la Corporación a conformar un plan de mejoramiento, corregir los hallazgos financieros y crear una fiducia para manejar sus recursos.
Ariza aseguró que estas medidas no ponen en riesgo el calendario académico y que al determinarse que los estudiantes harán, de ahora en adelante, consignaciones a una fiducia, vigilada por el Ministerio, y no a las cuentas de la institución, se garantiza que no habrá afectación al servicio de educación superior en la Rafael Núñez.
La Viceministra dijo que 'descubrimos que se desvían recursos, la entidad tiene serios problemas financieros' y que es tal la situación que no cuenta con un patrimonio para responder. Agregó que todos los bienes donde funciona son arrendados a la sociedad de los Henríquez Emiliani. 'Los recursos salieron y no volvieron a entrar ni están en los libros', dijo la Viceministra.
El Ministerio emitió una comunicación en la que informa que a la Corporación Corporación Universitaria Rafael Núñez se le ordenó presentar un Plan de Mejoramiento tendiente a corregir en el menor término los hallazgos encontrados en la visita integral.
También constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, 'de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución, de conformidad con las condiciones que señale el Ministerio'.
Le advierte a la institución que no podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por derechos académicos por fuera de la Fiducia, y la administración y gasto de esos recursos sólo podrán destinarse a suplir necesidades académicas y financieras, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional o en actividades propias y exclusivas de la institución.
Que se hará un seguimiento permanente a la destinación de los recursos de la Institución. Y que en caso de que no se cumplan las condiciones exigidas durante la vigilancia especial se procederá a escalar las medidas impuestas a la institución, 'esto es, se podrá llegar incluso a la remoción de los directivos y al envío de un inspector in situ'.
En agosto del año pasado, la Fiscalía 16 había proferido resolución de acusación contra Miguel Henríquez Emiliani, uno de los fundadores y ex rector de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Se le acusaba de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de confianza calificado.
Henríquez Emiliani y varios integrantes de su familia fueron procesados por supuestas irregularidades en contratos, adquisición de costosas propiedades, entre ellos un yate, y apartamentos en zonas de lujo.
Con la Rafael Núñez, dijo la Viceministra, son cinco las instituciones intervenidas para evitar que sea vulnerada la posibilidad de prestación del servicio a la comunidad.
