La SAE se apropia irregularmente de la Triple A: alcalde Pumarejo
El mandatario distrital indicó que no ha hecho la transferencia de las acciones a favor de la empresa vinculada al Distrito.
Un incumplimiento arbitrario. Así calificó el alcalde Jaime Pumarejo Heins la conducta que ha adoptado la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el contrato de compraventa del 82,16 % de las acciones de Triple A por intermedio de la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito tiene participación mayoritaria.
El mandatario distrital expresó su inconformiso debido a las modificaciones adelantadas por la entidad a la Junta Directiva, a pesar de las advertencias realizadas por entes de control como la Contraloría y la Procuraduría sobre su obligación de no desconocer un contrato vigente.
Pumarejo también puso de presente que este panorama genera “inestabilidad en la empresa y en la prestación de los servicios públicos en el Atlántico”.
Advirtió que la SAE no ha hecho la transferencia de las acciones a favor de la empresa vinculada al Distrito, como era su obligación antes del 30 de diciembre.
“Se iniciarán las acciones legales correspondientes para denunciar estos actos y, además, hacer valer los derechos contractuales del Distrito y sus empresas, empezando por el cumplimiento del contrato y el pago de la cláusula penal por $59.000 millones”, agregó Pumarejo.
El Distrito realizará las respectivas denuncias ante los entes de control, las cuales está obligada a hacer frente a estas que se apartan del ordenamiento legal.
La nueva junta directiva
Este martes, durante una sesión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, desarrollada de forma virtual, se materializaron los cambios a la Junta Directiva.
EL HERALDO pudo establecer que los nuevos miembros de esta instancia pertenecen a una plancha que fue presentada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual continúa manejando el 82,16 % de las acciones de la compañía a pesar del contrato firmado para la venta del paquete accionario a la empresa de economía mixta K-yena.
Jaime Pumarejo Heins, Carlos Enrique Campillo Parra, Nicolás Corso Salamanca, Diana María Bernal Falla y Cristóbal Padilla Tejera son los nombres de los miembros principales de la máxima instancia de decisión en la empresa prestadora de los servicios de agua y alcantarillado en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.
Por su parte, los suplentes en la Junta Directiva son: Carlos Sarabia Mancini, Ariel Humberto Guevara Pabón, Álvaro Velásquez Caicedo, Diana Toto Navarrete y Sandra Helena Mejía García.
“La Contraloría General de la República no debe indicar al Gobierno nacional si cumple o no cumple una obligación que ya se contrajo”.
Con esas palabras, el contralor Carlos Hernán Rodríguez se refirió al proceso que viene adelantando debido al proceso de compra-venta de las acciones de la empresa Triple A por parte de K-yena a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
De acuerdo con el líder del órgano de control, la indagación preliminar que se desarrolla busca determinar si hubo detrimento patrimonial en la valoración del 82,16 % de las acciones de la compañía.
Fue enfático al sostener que no cuentan con las facultades para recomendar al Gobierno que continúe o no con el contrato que ya se encuentra suscrito.
“Si la SAE considera que se ha cometido algún tipo de irregularidades, desde el punto de vista disciplinario, debe colocarlo en conocimiento de la Procuraduría. Si considera que hay una conducta dolosa, deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía”, agregó.
Recalcó que sus acciones se encuentran dirigidas a “recuperar el patrimonio público”, en el caso de que se haya presentado algún detrimento en la valoración de las acciones. Puso de presente que la naturaleza de su control es posterior y selectivo.
“La Contraloría no puede exceder sus competencias para decirles que incumplan un contrato que está en ejecución. Tenemos una facultad preventiva y concomitante, pero esa no opera sobre hechos ya suscritos como este contrato, que está en ejecución”.
Por último, el contralor instó a que el Gobierno adelante las acciones respectivas en materia disciplinaria y penal.
Las transacciones
En la actualidad, de acuerdo con el Distrito, la SAE ha recibido el pago del 50 % de las acciones y no ha cedido las acciones a favor de K-yena como estipulaba el contrato.
Hace más de un año, el Distrito –por medio de K-yena– firmó un contrato para comprar las acciones de la empresa Triple A a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Barranquilla hizo esta oferta para recuperar una empresa que era del Distrito y por malas decisiones y malos manejos terminó perdiendo y se quedó solo con el 14.5 %. Además, se constituyó como víctima en los procesos penales que se adelantan contra los antiguos accionistas de la empresa.
La SAE contrató dos bancas de inversión para hacer la valoración, entre ellas a Deloitte, una de las firmas multinacionales con mayor reputación y número de transacciones en este ámbito.
El valor tasado por la empresa, que tiene 10 años de concesión vigente, y que debe pagar el 30 % de su flujo de caja libre anual como regalías al Distrito, fue de $565.000 millones a la fecha de la transacción. K-yena le ha girado más de $300.000 millones a la SAE y ha cumplido a la fecha con todas las obligaciones legales.
En el cambio de gobierno, la SAE manifestó tener reparos en la valoración de la empresa. Sin embargo, el Distrito indicó que incurrieron en errores debido a que la empresa no es dueña de sus activos sino que tiene una concesión sobre activos que pertenecen a Barranquilla.
En la actualidad, de acuerdo con el Distrito, la SAE ha recibido el pago del 50 % de las acciones y no ha cedido las acciones a favor de Kyena como estipulaba el contrato.
Hace más de un año, el Distrito –por medio de K-yena– firmó un contrato para comprar las acciones de la empresa Triple A a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Barranquilla hizo esta oferta para recuperar una empresa que era del Distrito y por malas decisiones y malos manejos terminó perdiendo y se quedó solo con el 14.5 %. Además, se constituyó como víctima en los procesos penales que se adelantan contra los antiguos accionistas de la empresa.
La SAE contrató dos bancas de inversión para hacer la valoración, entre ellas a Deloitte, una de las firmas multinacionales con mayor reputación y número de transacciones en este ámbito.
El valor tasado por la empresa, que tiene 10 años de concesión vigente, y que debe pagar el 30 % de su flujo de caja libre anual como regalías al Distrito, fue de $565.000 millones a la fecha de la transacción. K-yena le ha girado más de $300.000 millones a la SAE y ha cumplido a la fecha con todas las obligaciones legales.
En el cambio de gobierno, la SAE manifestó tener reparos en la valoración de la empresa. Sin embargo, el Distrito indicó que incurrieron en errores debido a que la empresa no es dueña de sus activos sino que tiene una concesión sobre activos que pertenecen a Barranquilla.
El Comité Intergremial del Atlántico, liderado por Efraín Cepeda Tarud, indicó que la empresa Triple A es un “activo vital” para calidad de vida y el bienestar de los habitantes de Barranquilla y 14 municipios. Por esa razón apoyó que el Distrito recupere y mantenga el control de la compañía.
“Para que ello se dé la Sociedad de Activos Especiales, SAE, debe cederle al Distrito de Barranquilla las acciones que están en proceso de extinción de dominio porque esta ciudad es la afectada por los casos de corrupción que investigan las autoridades”, expresó.
Cepeda también se mostró en desacuerdo con lo acontecido en la Asamblea de Accionistas, puesto que “se constituye en una toma forzosa de la Junta Directiva de dicha empresa por parte de la SAE”.
Indicó que esta situación genera “incertidumbre e inestabilidad” en la operación de Triple A y que puede tener efectos negativos en el proceso para la financiación del plan de inversión.
La Procuraduría General de la Nación solicitó información a la SAE y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el contrato de enajenación de acciones de Triple A, debido a la información sobre posibles irregularidades en este proceso.
A través del procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Luis Ramiro Escandón Hernández, el Ministerio Público dijo que la información solicitada permitirá evaluar y evitar posibles faltas disciplinarias y penales que se pudieran derivar de este proceso.
Por lo anterior, en ejercicio de su función preventiva, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada virtualmente en la mañana de este martes, la Procuraduría solicitó la suspensión de la reunión hasta tanto se entregue la información por parte de la SAE y la Superintendencia.
Sin embargo, la Asamblea de Accionistas de la empresa de servicios continuó por decisión de la mayoría de los miembros que votaron en contra de la petición del Ministerio Público, por considerar que estaban dadas las condiciones para la elección.
