El Heraldo
Giovanny Escudero
Barranquilla

Tras 27 años, restituyen cancha de Nueva Granada a particular

Inspectora del Distrito realizó ayer diligencia para desalojar a la Junta Comunal y entregar el predio de 8 mil metros2 a quien se considera su dueña. Las partes acordaron abrir diálogo con el Alcalde para buscar una salida que permita que el terreno mantenga condición de uso público.

Luego de 27 años de haberse iniciado el litigio por la propiedad de la cancha Nueva Granada, la Inspección de Policía del Distrito —cumpliendo con la decisión de un juez— restituyó el predio de cerca de 8.000 metros cuadrados a Sofía Cristina Amaya Gutiérrez, quien aparece como dueña del lote.

El pleito comenzó luego de que el Concejo de Barranquilla, mediante el Acuerdo 012 del año 1990, hiciera una declaratoria de utilidad pública para que el predio fuese usado como una cancha por la comunidad.

¡Sapo, sapo, arranca de aquí!, le gritaban –exaltados, y bajo el ardiente sol de la mañana de este martes– habitantes de Nueva Granada al conductor de un camión cargado con vigas de madera, con las que se pretendía encerrar la popular cancha de este barrio, a la que le apareció dueña.

Desde las 7 de la mañana, la inspectora primera de reacción inmediata, Berlis Roa, así como agentes de la Policía y el Esmad, y representantes del Ministerio Público llegaron hasta este tradicional espacio recreativo barranquillero para verificar, salvaguardar y llevar a cabo la debida diligencia de restitución del predio a Sofía Cristina Amaya Gutiérrez.

“El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, a través del despacho comisorio 0205, ordena que se comisione al inspector general de Policía de Barranquilla para que lleve a cabo la diligencia de entrega del lote comprendido entre las carreras 29 y 31, y las calles 64 y 65 a Sofía Cristina Amaya Gutiérrez, en su condición de parte demandante, dentro de este proceso”, explicó en diálogo con EL HERALDO, Ricardo Cantillo, inspector General de Policía de la Alcaldía Distrital.

Cantillo aprovechó para dejar claro que la participación de la Inspección General en esta diligencia, –en la que además se llevaría a cabo un desalojo– es solo cumplir con una orden emitida por un juez de la República, donde los comisionan para “materializar una decisión”.

Agregó que se le comunicó a la directora de Carnaval S. A. S., Carla Celia, que existía una dificultad de orden legal, situación por la que el jefe inspector cree que este año no se llevará a cabo en la cancha ningún acto de las fiestas barranquilleras.

Comunidad impidió el ingreso del camión que llevaba los elementos para cercar la cancha. Giovanny Escudero

Mientras se desarrollaba la diligencia, que duró cerca de seis horas, la comunidad mostró su preocupación ante la posibilidad de perder el espacio que “por muchos años ha sido de ellos”. 

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Granada, Joel Mendoza, aseguró que desde 1972 la JAC “está acreditada como poseedor real y material” de la cancha de fútbol.

El representante de la JAC añadió que tiene en su poder los documentos con los que puede demostrar dicha afirmación y dijo que está dispuesto a aportarlos para “impedir el desalojo”. 

Otro miembro de la Junta de Acción Comunal que rechazó la medida fue José Matías Ortiz, quien indicó que “nunca ha sido encerrada la cancha”, por lo que cuestionó “¿a cuento de qué vamos a permitir que se apropien de la cancha? No sabemos si piensan construir edificios, apartamentos o centros comerciales”, aseveró.

Luis Escorcia León, abogado representante de la JAC, alegó que la propietaria “puede tener todos los fallos que quiera, pero aquí no estamos peleando dominio, sino la posesión real y material del predio”.

“Hay que preguntarles a los vecinos si la señora alguna vez tuvo aquí finca, casa o algún tipo de unidad industrial, para saber si ella en algún momento estuvo presente. Ella no tiene la posesión real, la tiene la JAC y un comité deportivo que hace parte del grupo que maneja la cancha, así como la comunidad individualmente representada”, agregó el abogado.

La ‘oposición’

Sorprendidos e inconformes se mostraron los habitantes del sector, al ver que ese espacio de arena que desde 1972 ha servido para la realización de eventos deportivos, y hasta culturales, ya no es de uso público.

“La verdad yo no soy de por acá. Apenas voy a cumplir siete años de vivir en el barrio, pero siempre había creído que esta cancha era pública”, expresó Carlos Leal, mientras, sentado en una mecedora, observaba desde la terraza de su casa el proceso judicial.

Por otro lado, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Granada, Joel Mendoza, aseguró que desde dicho año la JAC “está acreditada como poseedores real y material” de la cancha de fútbol.

El representante de la JAC añadió que tiene en su poder los documentos con los que puede demostrar dicha afirmación, y dijo que está dispuesto a aportarlos para impedir el desalojo.

“Ellos (los demandantes) aparecieron hace unos 10 o 12 años reclamando el predio, pero no lo vamos a permitir. Se aparecen con 150 policías y desalojan a los niños que venían practicando”, sostuvo Mendoza, quien puntualizó solicitando la presencia de la Alcaldía Distrital para que los ayude a encontrar una solución.

“Mi papá es el único dueño”

Lo manifestado por los vecinos y por Mendoza va acorde con lo que expresa Edwin Goenaga Flórez, quien asegura que su padre, Carlos Goenaga González, fue quien, hace más de cinco décadas, cedió para el uso púbico lo que en ese entonces era un terreno enmontado.

“Yo soy hijo del único dueño de la cancha Nueva Granada, Carlos Goenaga González. Hace más de 50 años que mi papá donó este terreno. Una parte se la dio al Bienestar Familiar, pero ellos no hicieron nada y le devolvieron el pedazo del lote. Y eso quedó para el uso público”, señaló quien dice haber nacido en las calles de este barrio del Suroccidente barranquillero.

Agregó que desde el 2005 cuentan con un amparo policivo a favor de la comunidad. La Junta de Acción Comunal ya tiene dos abogados para evitar que “les quiten la cancha, porque esto ya no es del barrio, es de la ciudad y de Colombia", por lo que –dijo– manejarán la situación por la vía legal.

Gustavo Cabrera López, un veterano habitante del sector, habló un poco sobre el origen de la cancha. Contó que anteriormente era mucho más pequeña y estaba en sentido contrario a como está actualmente, es decir, iba de la calle 64 a la 65. “Después llegó el señor Nicolás Ojeda Caballero, quien le mandó a meter catapila (máquina aplanadora) y se planificó como está desde el año 1972”.

Miembros de la Policía vigilaron el acto.

¿Y las escuelas de fútbol?

Jesús ‘Toto’ Rubio, de 71 años, tiene más de 3 décadas entrando con su escuela de fútbol. A esta pertenecen cerca de 280 niños que practican en la cancha todos los días de 4:00 p.m., a 5:30 p.m. 

Como el club de él, 14 escuelas practican en el terreno desde las 5:00 a.m., hasta las 7:00 p.m.

Rubio, que fue jugador del equipo barranquillero Atlético Junior, expresó que “he podido desarrollar una tarea social deportiva en este punto de la ciudad  y no he tenido ninguna interrupción, por lo que me toma por sorpresa que aparezcan unos dueños desalojando a la comunidad de un espacio físico”.

El exjugador aseguró que “indudablemente le va a quitar una herramienta eficaz a los niños en formación”, por lo que invitó al alcalde Alejandro Char a “apersonarse de esta situación porque se afecta a la comunidad infantil, donde estamos procurando que las nuevas generaciones tengan un tratamiento diferente en una sociedad que convulsiona todos los días”, dijo Rubio.

Terreno en venta

“Hay una sentencia emanada del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, debidamente confirmada por el Tribunal, donde se determina que este es un predio privado. Aquí ha habido una serie de litigios que datan de muchos años y siempre este predio ha estado en la esfera del derecho privado”, explicó la abogada demandante, Mery Benítez.

Sobre el amparo policivo que tiene la Junta de Acción Comunal, dijo que este fue dado por una inspectora en el año 2005. Posteriormente –asegura– se tramitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una acción de reparación directa, donde, “incluso, se cuestionó el actuar de la señora inspectora de esa época”.

“Además, ante los jueces civiles, la JAC promovió proceso de pertenencia y se la negaron, no solo en primera instancia, sino en segunda. Considerando que no tienen ni ejercen derecho posesorio porque este predio tiene su legítimo titular del derecho de dominio”, resaltó la abogada.

Benítez manifestó que su clienta¸ Amaya Gutiérrez, está dispuesta a sentarse con la Administración Distrital, con el fin de hallar una solución que no deje dolientes.

“Es el único camino que le veo. Que ellos (el Distrito) pueda interceder para tratar de llegar a un acuerdo porque ese predio está en la esfera privada y para que llegue a ser de uso público el Estado tiene que entrar a negociar con mi cliente, y no estamos en desacuerdo ni vemos remota esa posibilidad”, dijo al respecto.

La apoderada aclaró que son seis fallos que le dan el poder a su cliente de obtener el. “Algunos que datan desde el año 2000 hasta el 2013 que fue el último”.

La contraparte, el abogado representante de la JAC, Luis Escorcia León, alegó que la propietaria “puede tener todos los fallos que quiera, pero aquí no estamos peleando dominio, sino la posesión real y material del predio”.

“Hay que preguntarles a los vecinos si la señora alguna vez tuvo aquí finca, casa o algún tipo de unidad industrial, para saber si ella en algún momento estuvo presente. Ella no tiene la posesión real, la tiene la JAC y un comité deportivo que hace parte del grupo que maneja la cancha, así como la comunidad individualmente representada”, agregó.

Pese a que inicialmente la jurista demandante había señalado que el encerramiento del lugar se iba a realizar en horas de la noche de este martes, argumentando que se debía hacer respetar la propiedad privada, finalmente dijo que quedo acordado para el próximo 10 de marzo.

Explicó que esto se hizo con el fin de dar un plazo prudente para que el Distrito y la propietaria se sienten a buscar una conciliación. Sin embargo, la abogada resaltó que su clienta escuchará ofertas de quienes estén interesados en adquirir el terreno.

Mesa de diálogo

Luego de que la inspectora primera de reacción inmediata, Berlis Roa, hiciera cumplir el fallo y otorgara la restitución del inmueble, la abogada representante de la parte demandante, Mery Benítez, propuso dar plazo para establecer diálogos entre “el alcalde, la dueña del lote, la Junta de Acción Comunal, personas de la comunidad, alcalde local, miembros de la JAL y los interesados”.

“Si el alcalde quiere darle el bien a la comunidad, tiene que sentarse con la dueña, buscar negociaciones y hacerle propuesta para lograr solucionar esto”, manifestó Benítez.

La propuesta la presentó “en aras de buscar un acuerdo con la comunidad, de que el Alcalde se involucre y mire esta situación, por lo que decidimos suspenderlo hasta el 10 de marzo”.

Asimismo, recalcó que si en la fecha anunciada no se acuerda nada, “venimos a hacer la diligencia con acompañamiento de la Policía y el Esmad; cerramos el predio y lo sometemos a la venta, pero antes estamos dando oportunidad para que la comunidad hable”, añadió la abogada.

Sin embargo, insistió en que su clienta¸ Amaya Gutiérrez, está dispuesta a sentarse con la Administración Distrital, con el fin de hallar una solución que no deje dolientes.

Mensaje de la JAC

Un proceso jurídico que comenzó en 1990

De acuerdo con la abogada representante de la propietaria, Mery Benítez, el proceso de este litigio empezó cuando el Concejo de Barranquilla mediante el Acuerdo 012 del año 1990 hizo declaratoria de utilidad pública para que la cancha fuese usada por la comunidad. 

Sin embargo, explicó Benítez, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, en 1999, reconoció a Amaya como titular del derecho del dominio y que por parte del Concejo “no se podía hacer declaratoria de utilidad pública”.

El 15 de julio de 2003, el Tribunal Superior, mediante sentencia “confirmó que se trata de un predio privado” y hay que devolverlo a su legítima propietaria.

En 2005, la Junta de Acción Comunal recibió un amparo policivo por parte de una inspectora que debía realizar la diligencia de restitución, por lo que la teniente del predio demandó ante el Tribunal Administrativo y en sentencia de 13 de julio de 2012 este dictó, según Benítez, que la decisión  de la funcionaria “causó daño a la legítima dueña del predio y esta debía acudir al Juez Cuarto para recibir el despacho comisorio y ejecutar la diligencia”.

La Junta de Acción Comunal fue, a su vez, al juzgado décimo a pedir un proceso de pertenencia diciendo que “eran poseedores de la cancha y este Juez Décimo Civil del Circuito en sentencia de fecha octubre 11 de 2012 le negó la pretensión, diciendo que no reúne las condiciones, ni los elementos para ser poseedores de la cancha nueva Granada. Ellos apelaron el fallo y mediante sentencia emanada en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, de fecha agosto 5 de 2013, confirmó lo que dijo  el Juzgado Décimo”, afirmó la abogada.

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