El reemplazo de seis miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma del Caribe, por el término de un año prorrogable por una sola vez, fue motivado en siete conductas que han dificultado la implementación de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional en medio del proceso de vigilancia especial que se adelanta desde febrero de 2018.
A través de la resolución 013650 del 10 de diciembre de 2019, el MEN aseguró que Álvaro Cervantes Sanjuanelo, Paúl García Visbal, Fredy Álvarez Martínez, Francisco Gómez Miranda, Arnulfo Rico Camacho y María Cristina Vargas no han cumplido con las tareas encargadas y con su remoción se busca superar 'la situación de anormalidad y deficiencia' que se registra al interior de la alma mater.
Según el MEN, a pesar de que le vigilancia especial lleva vigente más de un año, no se han podido adoptar de manera efectiva medidas que permitan superar las situaciones y causas que las originaron, teniendo en cuenta que persisten hechos y prácticas institucionales que mantienen en continuo riesgo y peligro el servicio de educación superior.
En el documento, que fue firmado por la ministra María Victoria Angulo, se expone que los mencionados directivos han incumplido con la entrega de informes detallados y soportados, los cuales fueron solicitados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior en aspectos tales como asuntos laborales y bonificaciones, auxilios, becas y otros reconocimientos extralegales otorgados al personal directivo o exdirectivo, así como asuntos relacionados con el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética.
Asimismo, el MEN dijo que los directivos tampoco presentaron un informe detallado con relación a la reforma estatutaria, fuentes de ingresos adicionales y vigilancia de recursos, entre otros temas.
El Ministerio de Educación también indicó que los directivos en cuestión han dificultado la implementación de medidas y órdenes adicionales al no entregar la información y documentación (informes detallados y soportados) en las condiciones exigidas.
Además, han incumplido con las órdenes y medidas de carácter administrativo adoptadas por la Dirección de Calidad para la Educación, teniendo en cuenta que no se cumplió con lo propuesto en el plan de mejoramiento que fue aprobado formalmente por la Sala General, a pesar de ser su función estatutaria y haberse requerido por parte de la entidad.
Incumplimiento de recomendaciones
El Ministerio de Educación también mencionó que los seis directivos no tuvieron en cuenta las recomendaciones y sugerencias que fueron realizadas a través de dos comunicaciones con relación al articulado contenido en la reforma estatutaria propuesta.
A través de dichas misivas, el MEN buscaba que la mencionada propuesta fuera ajustada y cumpliera con los fines y objetivos dispuestos en la Constitución, la Ley 30 de 1992, el decreto 1075 de 2015 y el acuerdo 02 de 2017 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
'Es claro que las respuestas dadas y de la revisión de los soportes que se remitieron, así como los enviados como sustento del estudio de ratificación de reforma estatutaria, los directivos son conscientes de la inobservancia de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento', se lee en la resolución.
Además, el Ministerio indicó que la reforma propuesta no se encuentra ajustada a las disposiciones contenidas en el acuerdo 02 del 2017 del CESU, por medio del cual se establece la política pública para el mejoramiento del Gobierno nacional en las Instituciones de Educación Superior.
