
Las claves de la licitación de la APP del Río
Autoridades, gremios y congresistas hablaron sobre el proceso. Se estima que la licitación se abra a finales de noviembre y que el contrato se adjudique en mayo de 2022.
El proyecto de la APP del Río avanza en el proceso para su adjudicación. Dentro de pocas semanas, el Gobierno nacional dará apertura oficial al proceso de licitación de esta iniciativa, que busca garantizar la navegabilidad en el río Magdalena desde Bocas de Ceniza (Barranquilla) hasta Barrancabermeja (Santander).
En la antesala del inicio de la mencionada fase, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) publicó el proyecto de pliego de condiciones, una especie de hoja de ruta para la escogencia del concesionario a cargo del mantenimiento de 668 kilómetros del afluente.
EL HERALDO realizó una revisión de dichos documentos, que se encuentran disponibles en el portal Secop I y contienen todos los detalles del proceso, así como las exigencias que se deben cumplir en las propuestas.
Los participantes
En este proceso pueden participar personas naturales o jurídicas, sociedades de economía mixta, empresas de servicios públicos domiciliarios y empresas industriales y comerciales del Estado, sean nacionales o extranjeras.
Su presentación se puede hacer de forma individual o bajo estructuras plurales, empero, ninguna persona natural o jurídica podrá participar en más de una oferta.
“Tampoco podrá hacerlo a través de una sociedad controlada o su matriz, ni por una sociedad controlada de su matriz ni a través de personas con las cuales tenga una relación de consanguinidad hasta el tercer grado, tercer grado de afinidad o primero civil”, se expone en el documento.
En esta licitación no pueden participar quienes, directa o indirectamente, se encuentren en cualquier situación que implique la existencia de un conflicto de interés que afecte los principios de contratación estatal.
Así las cosas, no podrán participar las firmas que hayan participado en la estructuración del proyecto o aquellas que reciban asesoría por parte de las mismas, así como aquellos que se hayan desempeñado como supervisor o interventor de la estructuración de la APP del Río.

Otros requisitos
Los oferentes deben cumplir una serie de requisitos habilitantes con relación a su capacidad jurídica, financiera y experiencia en inversión.
Los oferentes pueden presentar varios tipos de garantías, entre los que se encuentra una garantía bancaria por $40.258 mil millones, a través de la cual se “asume el compromiso de pagar directamente a la ANI, a primer requerimiento, el monto garantizado”.
Además, se posibilita presentar un contrato de seguro contenido en una póliza o los certificados de patrimonio autónomo en el cual se debe incluir el valor de los bienes. También se puede presentar una garantía de crédito.
Experiencia en inversión
En el proceso se contemplan varias opciones para que los oferentes validen su experiencia en inversión. Una de ellas es en una concesión en un proyecto de infraestructura por $134.455 millones.
Además se acepta haber desarrollado hasta cuatro concesiones en proyectos de infraestructura que la sumatoria sea de, por lo menos $179.274 millones. Empero, una de las financiaciones debe ser de $89.637 millones. En esta opción se contempla que los contratos pueden ser aportados por uno o varios líderes.
Uno de los requisitos en este capítulo es que el contrato debe haberse ejecutado entre el primero de enero de 1993 y hasta antes del cierre del proceso. Además, quien acredite dicha experiencia debe haber sido parte del proyecto en el momento en el que tuvo lugar el cierre financiero.
Asimismo, el oferente deberá contar con un patrimonio neto de $224.092 millones. Para las estructuras plurales se acepta que se sumen los patrimonios netos de los integrantes para cumplir lo exigido, empero, uno de ellos debe tener un mínimo de $89.637 millones.
Asimismo, en los prepliegos se contempla que el índice máximo de endeudamiento será del 85 %.
¿Cómo se seleccionará?
En el proceso de evaluación se tienen en cuenta varios ítems para la asignación de puntaje: oferta económica, oferta de mano de obra local y el apoyo a la industria nacional, así como a la acreditación de trabajadores en condición de discapacidad.
Para la evaluación de las ofertas, la ANI designará a uno o varios funcionarios o personas externas. Dicho trabajo se hará conforme a los términos y condiciones previstas en el pliego de condiciones, así como las adendas modificatorias.
La evaluación se hace en dos fases. En la primera se contemplan los requisitos para determinar una oferta hábil, con excepción de la oferta económica.
En la segunda fase se analizará la oferta económica, en medio de la audiencia pública de adjudicación. En ese momento se hará apertura de los sobres No. 2, siguiendo lo señalado en el pliego de condiciones.
“El comité evaluador elaborará un informe preliminar de evaluación, el cual será publicado en el Secop y se correrá traslado a los oferentes durante cinco días hábiles para que se formulen las evaluaciones y las respectivas subsanaciones”, se lee en el documento.
En el caso de que exista una oferta hábil y su oferta económica cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones se procederá a la adjudicación al oferente correspondiente, siempre y cuando el valor total de la oferta económica no sea mayor o igual al 80 % del valor máximo.
Si existen dos o más ofertas hábiles y con oferta económica válida, se realizará una serie de cálculos para encontrar el menor valor total y se le asignará el puntaje máximo (800 puntos).
Posterior a eso se determinará el orden de elegibilidad y en el caso de empate se tendrán en cuenta una serie de 12 criterios para el desempate.
En el caso de declaratoria de desierto del proceso de selección se hará mediante acto administrativo motivado, que será notificado de conformidad con lo señalado en las normas vigentes.


Voces sobre proyecto
La publicación del proyecto de pliego de condiciones ha sido calificada como un hecho positivo por parte de líderes gremiales, congresistas y autoridades locales, teniendo en cuenta la importancia de la APP del Río Magdalena.
El presidente Iván Duque sostuvo que “mirar al río significa que volvamos a valorar más que nunca la importancia del transporte intermodal”.
Además, expuso que este hecho también “significa también que la agenda de desarrollo de nuestro país, que debe ser más limpia, combine en la intermodalidad las oportunidades para la conexión entre el interior del país y la Costa Caribe, pensando también en la exportación”.
A su turno, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, puso de presente que el proyecto de la APP apunta a potencializar al Magdalena como parte de un corredor logístico y sostenible para el impulso del multimodalismo.
“La APP del Río será una concesión a 15 años que garantizará la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena a través de dragado, la construcción de estructuras de encauzamiento, la protección de orilla y el mantenimiento de tajamares, entre otras obras”, dijo.
El alcalde Jaime Pumarejo indicó que este es un “paso fundamental” para contar con las inversiones necesarias que jalonen el desarrollo portuario de la ciudad y la región.
“Es un paso muy importante que nos señala un camino. Sabemos que el Gobierno nacional ha trabajado con paso firme para que la APP sea una realidad, porque es un proyecto necesario”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo.
Agregó que “estamos muy contentos y, como siempre, estamos listos para seguir impulsando esta iniciativa”.
A su turno, el representante a la Cámara César Lorduy reconoció el trabajo del Gobierno nacional para sacar adelante el proyecto, que responde a necesidades históricas del sector portuario.
“Lo más importante es que el tiempo sea corto, que permita que se abra la adjudicación dentro de poco y así cumplir el cronograma que se ha establecido”, dijo el congresista del Partido Cambio Radical.
Asimismo, Carlos González, especialista en comercio exterior y logística, indicó que si bien es una APP “que todavía está en pañales”, es muy importante que el Gobierno siga adelante con este proyecto.
“Es una iniciativa de vital importancia para el país; estamos seguros de los beneficios que traería al multimodalismo”, expuso.
El senador Efraín Cepeda puso de presente que este proyecto reviste gran importancia debido a su carácter estratégico para todo el país: “Es un proceso que ha tenido muchos retrasos. Le conviene a todo el país, no solo a Barranquilla”.
Lucas Ariza, director de la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria), dijo que este paso previo es “necesario” para la apertura de la licitación de la APP: “Hay que revisar bien esos prepliegos, porque estamos hablando de un matrimonio a 15 años y las condiciones deben ser claras”.
Puso de presente, además, que el cronograma ha planteado que a finales de noviembre se debe dar apertura a la licitación, mientras que la adjudicación será en mayo del próximo año.
“Será una empresa privada que se encargará del mantenimiento del puerto y del Río durante los próximos 15 años, de ahí la relevancia de este proceso”, agregó el director de Asoportuaria.
Mientras que Héctor Carbonell, director ejecutivo de la CCI Norte, indicó que es necesario darle celeridad a las autorizaciones por parte del Ministerio de Hacienda para poder garantizar que la licitación se abra antes de finalizar el presente año.
“Estamos haciendo la revisión de los prepliegos en conjunto con otros gremios, con el fin de hacer las correspondientes observaciones. Igualmente estamos complacidos por el avance en este proceso”, sostuvo el líder gremial.
Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, reiteró que es fundamental cumplir el cronograma, teniendo en cuenta que el próximo año está marcado por los procesos electorales.
“Es un hecho positivo, pero no es el inicio de la apertura oficial de la licitación. Faltan dos trámites vitales para la ejecución y financiación del proyecto. Es clave que el Gobierno nacional agilice esos trámites y se cumpla con el cronograma”, puntualizó.

Con una inversión de $1,53 billones, la APP del Río Magdalena busca recuperar la navegabilidad con la intervención de 668 kilómetros de río, entre Bocas de Ceniza (Barranquilla) hasta Barrancabermeja (Santander).
Dicho proyecto cuenta con 18 unidades funcionales y la mayoría de las obras corresponden a infraestructura hidráulica (protección de orillas, reparación de tajamar, diques sumergidos, revestimiento de orilla, amarraderos, entre otras).
Asimismo se contemplan actividades de dragado, con las que se busca garantizar niveles de servicio a lo largo del canal: en el tramo entre Bocas de Ceniza y Pimsa (ancho canal navegable de 200–500 metros y profundidad de 40 a 23 pies), mientras que entre Pimsa y Barrancabermeja se mantendrá un ancho del canal navegable de 95 metros y una profundidad 7,8 pies.
Según el proceso de estructuración, el periodo de preconstrucción de la APP del Río Magdalena será de 13 meses y el de construcción de 4.5 años. Se estima que la concesión tenga un período de 15 años y 6 meses.
Este proyecto beneficiará a las poblaciones de 50 municipios, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, impactando positivamente a más de 1.577.150 habitantes de seis departamentos.
De acuerdo con el cronograma incluido en los prepliegos, la apertura de la licitación pública se hará el próximo 30 de noviembre. Se tiene contemplado que la audiencia de aclaraciones del pliego de condiciones y la audiencia de riesgos se cumpla el 3 de diciembre, mientras que el plazo para la recepción de solicitudes de aclaración o modificación al pliego vence el 15 de febrero del próximo año.
Por su parte, la respuesta a dichas peticiones se darán hasta el 18 de marzo y las adendas se podrán expedir hasta el 25 del mismo mes. Para el 31 de marzo está programado el cierre del plazo de la licitación pública para dar inicio a la verificación de los requisitos habilitantes.
El 8 de abril se hará la publicación de los requerimientos previos y comentarios de la ANI, mientras que los oferentes tendrán plazo para pronunciarse sobre dichos requerimientos hasta el 13 del mismo mes. El informe preliminar de evaluación será publicado el 21 de abril, mientras que el término para las observaciones a dicho informe –así como para subsanación por parte de oferentes– se extiende del 22 al 28 de abril.
El 29 de abril se hará la publicación de las observaciones al informe preliminar de evaluación y hasta el 4 de mayo habrá plazo para presentar las réplicas a las observaciones. Posteriormente se publicará el documento de respuesta a las réplicas y se publicará el informe de evaluación definitivo (10 de mayo).
El 11 de mayo se hará la apertura del segundo sobre y se instalará la audiencia pública de adjudicación, mientras que la suscripción del contrato se hará 15 días hábiles después de dicha audiencia.