Las ocho concesiones que siguen vigentes en Barranquilla

Malla vial, alumbrado público, amoblamiento urbano, semaforización, comparendos electrónicos, publicidad exterior, corredor portuario y los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado son los contratos de concesión que tiene actualmente el Distrito de Barranquilla.

Aunque el secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, manifiesta que estas concesiones vienen “dando resultado y funcionando sin inconvenientes”, considera que sería bueno que “se revisen” una vez finalicen.   Explica que se debe hacer para que se “ajusten a los nuevos marcos normativos” y, más allá, para que exista un beneficio tanto para la ciudad como para los privados con deseos de inversión.

El funcionario sostuvo que en administraciones anteriores se acabó con muchas concesiones consideradas perjudiciales para la ciudad, como la de recaudos tributarios que estaba a cargo de Métodos y Sistemas. Esta concesión –recordó– no solo era “onerosa, sino ilegal” y así fue fallada por las distintas instancias jurídicas que analizaron el tema.

Según Lacouture esta concesión le originaba al Distrito de Barranquilla gastos cercanos a los 25 mil millones de pesos por año, mientras hoy la operación tributaria del Distrito no vale más de unos 6 mil o 7 mil millones anuales. En opinión del funcionario, más allá de estos números que son “elocuentes y contundentes”, el contribuyente hoy siente que está pagando los impuestos a la ciudad y eso genera mucha más confianza y credibilidad. “Esa era una concesión que no representaba los intereses de Barranquilla”, dijo.

Es bueno, pero...
Expertos definen el modelo de concesiones como una “buena estrategia” para hacer inversión, cuando el ente territorial no cuenta con recursos para ello.

Para el economista Jairo Parada las concesiones per se no son inconvenientes cuando el Estado no hace algo bien y si padece graves ineficiencias en una actividad puede proceder a firmar una concesión con el sector privado, dentro de los criterios de transparencia y un beneficio justo para los empresarios.

El problema de las concesiones en Barranquilla, dice Parada, es que no fueron concedidas dentro de un concurso o mejor postor, sino que fueron asignadas a “poderes políticos que están detrás de ellas, y muchas son demasiado rentables (para el concesionario) y costosas (para la ciudad)”.

Recordó que en 2005 quisieron adelantar una auditoría, pero la Contraloría General de la República no ayudó. “Nadie sabe su estructura de beneficios y costos, y su funcionamiento puede configurar daño al patrimonio público”, reiteró. Considera que si las utilidades son razonables y el servicio es bueno, se pueden mantener.

Parada dice que el tema de las concesiones de las cámaras y el amoblamiento urbano es “complicado” porque el Distrito no gana mucho y parecen buscar más “el recaudo que resolver los problemas de movilidad”.

Hay que ver cuáles quedan y cuáles deben eliminarse, anotó. “De ahí saldrían recursos y no se necesitaría la onerosa  e inconveniente estampilla pro hospitales para la salud”, opina el economista.

Las desmontadas
El contralor distrital, Ernesto Rafael Ariza, asegura que anualmente realizan auditorías sobre las concesiones y dice que en su mayoría, en términos generales, “cumplen con el objeto” para el cual fueron contratadas.

Las observaciones que logran detectar “siempre son sometidas a planes de mejoramiento”, dice Ariza y explica que al año siguiente esos planes son objeto de revisión. “Hasta ahora –asegura– hemos visto el cabal cumplimiento de cada una de ellas”.

En las administraciones de Guillermo Hoenigsberg y Alejandro Char se iniciaron actuaciones administrativas para dar por terminadas las concesiones o mejorar las condiciones en favor del ente territorial.

En 2004, el entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg, terminó el contrato de zonas amarillas, que contemplaba el cobro por el parqueo de vehículos en las vías.

Posteriormente, Alejandro Char inició una batalla jurídica y administrativa para recuperar gran parte de los recursos que iban a parar a las manos de particulares por cuenta de las concesiones y fue así como en 2008 acabó con los contratos de Métodos y Sistemas, sobre cobro de impuestos, Data Tools y Cubisa, en Metrotránsito. También renegoció las de Malla Vial y Alumbrado Público.

Sobre la entregada a la empresa Triple A para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, lo cuestionado es que, durante la última administración de Bernardo Hoyos, extendieron su duración hasta 2030, cuando faltaban 13 años para que venciera el plazo.

Renegociadas
El contrato de concesión de Malla Vial se firmó el 28 de Marzo de 2000 y arrancó el 14 de Agosto de 2000 con la firma del acta de inicio de la etapa de diseño.

La concesión fue firmada por 20 años, comprendidos a partir de la fecha de perfeccionamiento y legalización. Se pactó que si antes de vencer este término el concesionario recuperaba la totalidad del valor del ingreso esperado, se daría por terminada. En todo caso las obras se revertirán al Distrito.

El concesionario está obligado a diseñar, construir, rehabilitar y mantener, según lo establecido en el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, las obras del proyecto  denominado Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Malla Vial del distrito de Barranquilla, de acuerdo con los pliegos de condiciones, los adendos y la propuesta presentada por la unión temporal Malla Vial. La concesión espera ingresos por 237.500 millones de pesos y a la fecha ha recibido 189.217 millones.

Según el concesionario, en la etapa de construcción ejecutó 212.000 metros cuadrados de pavimento en 48 meses. Actualmente, el contrato de Concesión GPI-CON-001/2000 se encuentra en la etapa de mantenimiento, en la cual se realizan reparaciones a los pavimentos que han sufrido daños. (Ver recuadro con las 13 vías a cargo de Malla Vial).

Inicialmente la concesión era manejada por el consorcio Malla Vial integrado por Agrecon, Castro & Techerassi, Construcciones e Inversiones Beta y Gercon. Actualmente el concesionario es la Unión de Contratistas Viales, Uniconvial S.A., integrado por Valorcon, Sergio Torres, Castro & Tcherassi.

Esta concesión, cuya renta corresponde al 81% de lo que se recauda por sobretasa a la gasolina, debe finalizar el 27 de marzo de 2020.

Alumbrado público
El contrato fue suscrito en 1996 con una duración de 20 años, entre el Distrito de Barranquilla y la Unión temporal Diselecsa Ltda - Industrias Philips Ltda. Es decir, que falta un año para su terminación. La concesión se nutre del 75% de lo que recauda.

En 2008, un informe la Contraloría dijo que el concesionario estaba obteniendo beneficios económicos excesivos, en deterioro de las finanzas del Distrito.

Este hallazgo, sumado al valor de la TIR (Tasa de Interés Representativa) pactada, fue usado por la administración Char para abrir un proceso que permitiera dar por terminado el contrato. Sin embargo, posteriormente con Diselecsa se acordó mejorar las condiciones en favor del usuario, en las tarifas.

Construseñales S.A. fue creada en 1995 y desde 1998 es la encargada de la concesión del amoblamiento urbano. Es la responsable de la señalización, semaforización, circuito cerrado de televisión y la comercialización de la publicidad exterior visual.

Esta concesión se nutre de parte del impuesto del alumbrado que se cobra en el recibo del servicio de energía eléctrica. Recibe anualmente alrededor de 7.000 millones de pesos por la administración del mobiliario urbano, la semaforización y la publicidad exterior. El Distrito recibe el 20% de lo recaudado.

La concesión del mobiliario urbano se nutre de un tercio de lo que se recaude del impuesto de avisos y tableros y la publicidad exterior visual.

La concesión de la semaforización recibe el 25% del alumbrado público.

Y dentro de la misma concesión de mobiliario urbano se encuentra lo que tiene que ver con comparendos electrónicos, que se incluyó en la concesión en 2007.  Todas las concesiones de Construseñales van hasta 2027.

El nuevo Corredor Portuario, en lo que tiene que ver con el peaje, fue concesionado en 2010 y va hasta 2030.

Lacouture sostiene que esta es una obra en la que el gobierno distrital puso “toda la dedicación porque se trataba de una de las primeras aproximaciones de la Barranquilla al río Magdalena, al que por años le dimos la espalda”.

La inversión con recursos del sector privado está en el orden de los 160 mil millones de pesos y se hizo con el fin de “pegarle favorablemente a la competitividad”, indicó el secretario de Hacienda.

La concesión de la empresa Triple A, según Lacouture, va hasta 2033 y el Distrito tiene la participación de casi el 14%.

En la malla vial
Estas son las obras a cargo de Malla Vial:

• Carrera 15 entre Calles 17 y 30.

• La Redonda: Calle 90 entre carreras 2 y 6 y carrera 2 entre Calles 90 y 66

• Calle 76 entre Carrera 60 y Vía 40

• Carrera 14 entre Calles 45 y 47

• Carrera 40 entre Calles 34 y 45

• Calle 54 entre Carreras 35 y 38

• Carrera 21 entre Calles 30 y 53D

• Calle 80B entre Carreras 38 y 42E

• Calle 53D entre Carreras 21B y 27

• Carrera 45 entre Calles 34 y 45

• Calle 30 entre Carreras 2 y 8

• Calle 49 entre Carreras 1A y 4

• Carrera 27 entre Calles 70C y 65

ANÁLISIS
¿Qué hacemos con las concesiones?
Por: Horacio Brieva*
E n un país que ha validado las alianzas público-privadas, y que desde la Constitución del 91 y en la legislación subsiguiente dio vía libre a los contratos con agentes privados, las concesiones tienen un marco de legalidad. Los problemas surgen es cuando la relación económica entre Estado y privados no es equilibrada. Y siendo la función del Estado básicamente social, lo esperable es que cualquier contrato que entable con un agente privado - sin negarle a éste la remuneración de su inversión - se traduzca en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese sentido, una tarea del futuro Alcalde de Barranquilla será examinar la rentabilidad social de las actuales concesiones y determinar, en cada caso, si el Distrito está en capacidad de asumir la operación o el servicio en forma directa para incrementar los beneficios sociales. O, en el evento contrario, deberá introducir los debidos ajustes a los contratos.
*Horacio Brieva es director ejecutivo de la Fundación  Protransparencia.