La movida electoral en los barrios de Barranquilla

El ambiente que se vive es tenso. En las esquinas es muy poco lo que se habla de política.

Los ‘mochileros’ –famosos por su “efervescencia” en este periodo– han optado por un “trabajo silencioso” a raíz de los escándalos electorales que se han presentado en la ciudad.

“Todo está muy quieto. Nosotros nos hemos limitado a llenar las planillas con las personas de confianza, porque la vigilancia ha sido máxima. Hasta el momento no hemos recibido ni un peso para los electores”, sostuvo una mujer que durante más de 30 años ha sido “líder” en un barrio de la localidad Metropolitana.

No ocultó su preocupación por la “alta” posibilidad de no recibir los recursos necesarios para cumplirles a las personas que han “empeñado” su voto para candidatos de distintos partidos y movimientos políticos.

“Es la hora que no sabemos ni a cuánto nos van a pagar a nosotros por cada voto. Entre los líderes todo es hermetismo y misterio. He preguntado varias veces, pero la respuesta ha sido la misma: hay que esperar”, agregó la mujer, quien pidió la reserva de su identidad.

Jaider* se ha desempeñado–en varias campañas, de movimientos de derecha y también de izquierda– como “coordinador de logística”.

Ha sido una de las personas encargadas de repartir los recursos en los días previos a las elecciones para materializar la compra de voto.

También expuso que esta ha sido una campaña “atípica”, puesto que todos los ojos están sobre la ciudad, lo que ha llevado a disminuir la intensidad de esta actividad.

“Todos los partidos políticos están en la misma situación. Todos los candidatos tienen miedo de que detecten sus movimientos y puedan terminar presos. El domingo de elecciones será el momento de poner en marcha las acciones para asegurar los votos necesarios”, dijo el hombre. 

Para algunos líderes de la ciudad, esta práctica se va a reducir “drásticamente” debido al creciente descontento entre la comunidad por la “apatía” por parte de los políticos a las problemáticas que los aquejan.

“En el barrio existen tres o cuatro personas que se dedican a eso, como en todos los barrios de la ciudad.

Sin embargo, esta vez no se han visto en movimiento. Todo está muy quieto”, dijo Gustavo Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Me Quejo.

Los episodios de confrontación social en medio de la pandemia también han significado una “ruptura” de la forma tradicional de hacer política. 

De acuerdo con otros líderes comunitarios, los ciudadanos han empezado a tener mayor conciencia del fenómeno que se ha vivido en la ciudad con la compra de votos.

“Nuestro barrio ya se cansó de tanta politiquería. Por eso tomamos la decisión de no aceptar reuniones políticas de ninguna especie. Las personas saldrán a las urnas a apoyar a los candidatos con los que se identifican”, dijo Marlene Gamarra, líder social del barrio Kalamary.

Por otro lado, en la ciudad se han incrementado las quejas por las “peticiones” de algunos empleadores para direccionar el voto de sus empleados y familia hacia algunos candidatos, con el fin de “conservar el trabajo”.

“Son muchos los casos que se conocen a diario de esta práctica. La transparencia del proceso se encuentra en juego con este tipo de presiones, inadmisibles desde cualquier procedencia”, sostuvo un líder de la localidad Suroriente.

En 18 puestos de votación de Barranquilla (ver infografía), la Misión de Observación Electoral –en un trabajo conjunto con la Universidad del Norte– ha identificado un alto riesgo electoral debido a que representan un potencial electoral cercano a los 164.000 votos.

Jorge Hernández Hayek, coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Atlántico, destacó que en la capital del Atlántico existen varios elementos que pueden incidir en los resultados de los comicios del próximo 13 de marzo.

Dijo, además, que se puede presentar una alta afluencia de votantes: “Cuando se supera el promedio en un solo punto de votación, así como una baja presencia, nos puede indicar una situación relacionada con irregularidades electorales”.

También expuso que han preparado un grupo de observadores que acompañará el proceso electoral. “Estaremos presentes en dichos puntos de votación, en todas las localidades de la ciudad”.

Por su parte, Alejandro Blanco Zúñiga, experto consultor en temas políticos, indicó que son diversos los factores que colocan en riesgo la democracia local: “Un elemento relevante es que existe una élite política que invierte grandes cantidades de dinero para garantizar una curul por fuera de las normas electorales”.

Reiteró que “estas dinámicas han evitado que se configure un voto de opinión sólido en la ciudad. Otro punto importante es la impunidad frente al fraude electoral”.

Por otro lado, Blanco expuso que la compra de votos encuentra su nicho en las zonas periféricas.

“Son los sectores donde se encuentra ciudadanía con necesidades básicas insatisfechas, por tanto la posibilidad de la venta del voto aumenta”, puntualizó el doctor en Ciencias Políticas.

Once de marzo de 2018, 5:15 de la tarde.

Esa fecha y esa hora, plasmadas en los registros judiciales, también deben estar aún en la memoria de los protagonistas de uno de los escándalos más grandes del país en el tema de corrupción electoral que, próximo a cumplir cuatro años y en vísperas de unas nuevas elecciones parlamentarias, todavía no se ha cerrado. 

No se ha cerrado porque algunos de los implicados dentro de la llamada operación ‘Casa Blanca’ de la Fiscalía, como se identificó la investigación por la sofisticada y masiva compra de votos en Atlántico, siguen vinculados a voluminosos procesos judiciales ante jueces de Barranquilla. 

Ese día, una vez se cerraron las urnas para elegir ambas cámaras del Congreso de Colombia, agentes de la Sijín y el Grupo Goes adscritos a la Policía Metropolitana de Barranquilla allanaron la sede política de la entonces aspirante al Senado por el Partido Conservador, Aida Merlano.

Una alerta, de la que hasta ahora no se sabe quién o quiénes la emitieron, hicieron desplegar un vasto operativo en aquella vivienda en la calle 81B con carrera 64, barrio El Golf, en el norte de Barranquilla. 

Ese procedimiento derivó entonces inicialmente en las capturas de Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales, y Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, hermana de Aida.

Pero luego vinieron las otras órdenes de captura en una siguiente etapa de la investigación: Lilibeth Llinás, ex candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico; los entonces diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén; los entonces concejales de Barranquilla Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Callejas; los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, así como los hermanos Carlos Ernesto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, así como Julio Gerlein Echeverría. 

El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez fue el encargado de explicar el fraude electoral cometido por la campaña de Merlano. 

“Esta es una verdadera empresa criminal, en la segunda fase descubrimos una red de compra de votos, inicialmente para favorecer a Aida. Sin embargo, luego establecimos que era una organización delictiva al servicio de distintas campañas políticas. Operó desde 2015, pero fue a fondo en 2018 para los comicios al Congreso. Recaudamos una cantidad de elementos, pues 50 investigadores consiguieron 2.112 horas de video y audios sobre esa actividad”, expresó Martínez Neira en una rueda de prensa.

En ese sentido, el jefe del ente investigador precisó que esa llamada “empresa criminal” tenía todo un organigrama que iba desde un director, que en este caso era Merlano, unos socios; unos coordinadores; unos líderes, que eran los jefes en cada barrio a los que llegaban los tentáculos de la compra de votos, y los empleados administrativos de la sede política.