El Heraldo
Una patrulla del Ejército en labores de vigilancia en los Montes de María. Orlando Amador
Barranquilla

Estas son las infracciones al DIH cometidas en el Caribe en el 2020

Homicidios contra defensores de DD. HH. fue la violación más frecuente que se registró en la región.

Las infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el 2020 en el Caribe no tuvieron un respiro. Al menos, durante el primer semestre se presentaron 17 transgresiones de este tipo siendo el asesinato de defensores de derechos humanos la más frecuente, seguido por desplazamiento forzado y el asesinato de excombatientes.

Así lo resalta el más reciente informe del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe colombiano a través del Centro de Pensamiento UNCaribe, que recopiló durante gran parte del año que acaba de terminar.

Durante el primer semestre del 2020, incluso durante la cuarentena para contrarrestar los efectos de la Covid-19, las afectaciones derivadas de la confrontacion armada “estuvieron concentradas en los municipios de estas subregiones. El 80% de las acciones armadas (24 de 30) y 82% de las infracciones al DIH (14 de 17) tuvieron lugar en estos territorios.

Sin embargo, fue mucho mayor en una sola subregión: sur de Córdoba (10 de las 17), lo que sugiere que “en escenarios de competencia armada las afectaciones para la población civil tienden a ser mucho mayores que en conflictos de baja intensidad, conflictos entre el Estado y la insurgencia (sur del Cesar) o escenarios de paz mafiosa (sur de Bolívar).

 “En este primer semestre los asesinatos de defensores de derechos humanos en el Caribe se concentraron en el sur de Bolívar (2 casos), Cesar (2 miembros de juntas de acción comunal), sur de Córdoba (5) y en el Magdalena (1 en la Sierra Nevada de Santa Marta). En este sentido, la violencia homicida en contra de defensores de derechos humanos se escenificó en territorios con presencia de actores armados ilegales (ELN, AGC, ACSN y Los Caparros) y rentas ilícitas, especialmente siembra, procesamiento o exportación de clorhidrato de cocaína”, detalla el informe.

Todos los asesinatos ocurrieron en zonas rurales “con ausencia” o “débil presencia de institucionalidad estatal” y en solo un caso la autoría fue asumida públicamente por un actor armado ilegal (las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el Magdalena).

El perfil de las víctimas también evidencia un patrón de victimización que se concentra en miembros de juntas de acción comunal, reclamantes de tierras, y campesinos firmantes de acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“El homicidio no es la única forma de violencia que se ejerce en contra de los defensores de derechos humanos; sin embargo, por su impacto social se hace visible y varias instituciones estatales hacen registro de los hechos, por lo cual es verificable, a diferencia de otros tipos de violencia que han venido en aumento (como la amenaza, que es utilizada por todos los actores armados, ya que en términos operativos no implica riesgos, es difícil de verificar)”, recalca la investigación.

Otras infracciones

El asesinato de un beneficiario del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), un atentado contra la población civil y la afectación por mina antipersonal fueron otras de las infracciones cometidas en la región contra el DIH.

Recientemente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco del informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, advirtió que la prioridad para este 2021 es asegurar la protección de excombatientes, de la comunidad afectada por el conflicto y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Un llamado

Entre tanto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información de que durante el 2020 ocurrieron 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos (1 documentado y 41 en proceso de verificación), y 13 masacres (con 10 más bajo verificación).

Por ello la ONU instó a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e invitó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a cumplir con su mandato según el Acuerdo de Paz de “finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia”.  

Unas recomendaciones para las autoridades

El Centro de Pensamiento UNCaribe, en su informe, emitió algunas recomendaciones y sugerencias a las autoridades con el fin de hacerle frente a este tipo de violencia.

Según el Centro, el Gobierno nacional y los gobiernos locales deben “promover campañas en distintos medios de comunicación resaltando el trabajo de los defensores de derechos humanos y la importancia que para las comunidades y la democracia tiene su actividad”.

De igual forma, instan a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación a presentar periódica y públicamente los resultados de sus investigaciones en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT), normados por la Ley 1148 del 2011, que deben ser presididos por los alcaldes de cada municipio del país. “La Procuraduría debe emitir una circular ordenando que en los municipios donde haya procesos penales que investiguen amenazas y victimizaciones contra defensores de Derechos Humanos se publiquen estos informes de manera periódica, comunicando los avances de cada proceso penal y/o disciplinario en el marco de estos CTJT que según la ley deben reunirse por lo menos cuatro veces al año”.

También dice que se debe promover la suscripción de acuerdos o pactos humanitarios locales entre comunidades y actores armados ilegales o los poderes de facto que controlen dichos territorios.

“Estos pactos pueden ser facilitados y acompañados por la Iglesia católica y cristiana y la cooperacion internacional”.  

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