Espacios funcionales, exclusivos, cómodos, con detalles únicos, pensados en la satisfacción total de las familias', así se comercializan millonarios proyectos inmobiliarios que terminan frustrando el sueño de tener casa propia.
El primero es el caso de Eddie Martínez Arzuaga, quien compró en el megaproyecto Club House Novaterra Ocean City, etapa Córcega, localizado en la prolongación de la carrera 51B, en Puerto Colombia.
Este proyecto en particular ofrecía lujosas viviendas, una piscina con bar, otra con jacuzzi, restaurante, sala de cine, sala de juegos, café, centro de negocios, Spa, entre otros 'llamativos servicios'.
En 2014, Martínez comenzó a pagar la cuota de una de las 57 casas que ofrecía el proyecto, la fecha pactada para su entrega era en 2018. El valor de cada vivienda fue fijado en aproximadamente $1.300 millones, él entregó más de $500 millones, otros compradores sí alcanzaron a pagar la totalidad.
El tiempo transcurrió y hasta hoy la mayoría de las casas están en plenos pilotes. Las otras que han avanzado en sus procesos de construcción cuentan con recursos de sus mismos propietarios, que cansados de la situación acudieron a amparos policivos con tal de 'no perder la cuantiosa inversión'.
'Son más de siete años en los que han jugado con los sueños de mi familia, con mi patrimonio, con el dinero que me costó tanto reunir para poder realizar el sueño de la tan anhelada casa para mi familia, pero no ha ocurrido nada. Me pregunto, dónde están los organismos de control, Fiscalía, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Personería, la Defensoría, que deberían estar respaldando al ciudadano e investigando a esta empresa criminal que se ha dedicado a estafar a miles de compradores que, con esfuerzo y sacrificio, colocaron sus ahorros para comprar las casas de sus sueños', sostiene.
Otros de los afectados son Elkin Celis Gómez y John Jiménez Gómez, propietarios de las casas 21 y 44, respectivamente. Celis asegura haber pagado $402 millones de cuota inicial.
'Es claro que a través de maniobras fraudulentas, utilizando publicidad engañosa (…) se logró afectar el patrimonio de más de 50 familias, que incluyendo la mía pretendían gozar de la tranquilidad de la zona donde están situados los inmuebles, por su cercanía al mar. No en balde, parte de los dineros recaudados de manera irregular fueron cambiados de destino, logrando de esa manera la captación de una millonaria suma de dinero, a sabiendas que no iban a cumplir con lo pactado, lo cual pone de presente el dolo con el que actuaron para enriquecerse ilícitamente', se lee en la denuncia de Celis.
El hecho motivó una denuncia penal contra los directivos y apoderada de la sociedad Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A.-Grama Construcciones S.A., y la representante legal de la Fiduciaria Bogotá S.A. Los delitos por los que fueron denunciados ante la Fiscalía comprenden estafa agravada, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y fraude procesal.
Uno de los denunciados es el ex embajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia, presidente de Grama Construcciones, quien fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla a cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá. Actualmente Marín se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo la pena.
