El Heraldo
Proyecto Club House Novaterra Ocean City, localizado en la prolongación de la carrera 51B, vía Puerto.
Josefina Villarreal
Barranquilla

Crecen quejas por incumplimientos en proyectos de vivienda

Los compradores de tres proyectos urbanísticos reportaron quejas por incumplimientos. Control Urbano informó sobre las sanciones.  

Espacios funcionales, exclusivos, cómodos, con detalles únicos, pensados en la satisfacción total de las familias”, así se comercializan millonarios proyectos inmobiliarios que terminan frustrando el sueño de tener casa propia.

El primero es el caso de Eddie Martínez Arzuaga, quien compró en el megaproyecto Club House Novaterra Ocean City, etapa Córcega, localizado en la prolongación de la carrera 51B, en Puerto Colombia.

Este proyecto en particular ofrecía lujosas viviendas, una piscina con bar, otra con jacuzzi, restaurante, sala de cine, sala de juegos, café, centro de negocios, Spa, entre otros “llamativos servicios”.

En 2014, Martínez comenzó a pagar la cuota de una de las 57 casas que ofrecía el proyecto, la fecha pactada para su entrega era en 2018. El valor de cada vivienda fue fijado en aproximadamente $1.300  millones, él entregó más de $500 millones, otros compradores sí alcanzaron a pagar la totalidad.

El tiempo transcurrió y hasta hoy la mayoría de las casas están en plenos pilotes. Las otras que han avanzado en sus procesos de construcción cuentan con recursos de sus mismos propietarios, que cansados de la situación acudieron a amparos policivos con tal de “no perder la cuantiosa inversión”.

“Son más de siete años en los que han jugado con los sueños de mi familia, con mi patrimonio, con el dinero que me costó tanto reunir para poder realizar el sueño de la tan anhelada casa para mi familia, pero no ha ocurrido nada. Me pregunto, dónde están los organismos de control, Fiscalía, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Personería, la Defensoría, que deberían estar respaldando al ciudadano e investigando a esta empresa criminal que se ha dedicado a estafar a miles de compradores que, con esfuerzo y sacrificio, colocaron sus ahorros para comprar las casas de sus sueños”, sostiene.

Otros de los afectados son Elkin Celis Gómez y John Jiménez Gómez, propietarios de las casas 21 y 44, respectivamente. Celis asegura haber pagado $402 millones de cuota inicial.

“Es claro que a través de maniobras fraudulentas, utilizando publicidad engañosa (…) se logró afectar el patrimonio de más de 50 familias, que incluyendo la mía pretendían gozar de la tranquilidad de la zona donde están situados los inmuebles, por su cercanía al mar. No en balde, parte de los dineros recaudados de manera irregular fueron cambiados de destino, logrando de esa manera la captación de una millonaria suma de dinero, a sabiendas que no iban a cumplir con lo pactado, lo cual pone de presente el dolo con el que actuaron para enriquecerse ilícitamente”, se lee en la denuncia de Celis.

El hecho motivó una denuncia penal contra los directivos y apoderada de la sociedad Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A.-Grama Construcciones S.A., y la representante legal de la Fiduciaria Bogotá S.A. Los delitos por los que fueron denunciados ante la Fiscalía comprenden estafa agravada, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y fraude procesal.

Uno de los denunciados es el ex embajador de Colombia en Venezuela Fernando Marín Valencia, presidente de Grama Construcciones, quien fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Barranquilla a cuatro años y cinco meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá. Actualmente Marín se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo la pena.

Lo que dice Grama

En diálogo con EL HERALDO, Juan Carlos Urazán Aramendiz, apoderado de Grama Construcciones, informó que el Grupo Andino Marín Valencia S.A.-Grama Construcciones decidió acogerse de manera voluntaria al proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, y que es la Superintendencia de Sociedades, como juez concursal, la encargada de velar para que el trámite se desarrolle de manera transparente.

Según el abogado, los objetivos y finalidades de Grama en el proceso de reorganización es “culminar todos y cada uno de sus proyectos, entregar las unidades inmobiliarias a los compradores y pagar todas las obligaciones a los acreedores”.

Agregó que las múltiples denuncias penales han sido archivadas por la Fiscalía correspondiente, en consideración de que no se evidencia la existencia de delitos, sino situaciones de naturaleza contractual. 

“Hay abogados que por cobrar unos honorarios se aprovechan de la situación económica de Grama y de la desesperación de algunos compradores, interponiendo acciones temerarias e infundadas”, aseguró.

Finalmente señaló que de manera permanente se les informa a los clientes e interesados, a través de respuestas directas a sus correos electrónicos y en la plataforma DataSite, donde se sube la información alusiva al proceso concursal.

Más casos

Otro de los casos que ha frustrado el sueño de tener casa propia fue reportado por un grupo de ciudadanos a EL HERALDO. En esta ocasión denunciaron a la Fiduciaria Bogotá y la Constructora AVI.

Según los denunciantes, han sido cuatro años de “engaños”, luego de que compraran apartamentos sobre planos. Al parecer “son 43 familias que a la fecha están en la calle”.

Un caso similar fue reportado por los compradores de la constructora + House.

Los propietarios argumentan que no les han entregado los apartamentos como inicialmente fue pactado.

Sobre esta misma constructora también hay quejas en Soledad. Al respecto el secretario de Planeación del municipio, Leonardo Pereira, le dijo a esta casa editorial que el proyecto “tiene varias aristas por resolverse”, una es por quejas de residentes y otras por condiciones de licencia.

EL HERALDO consultó a la constructora Más House, que aseguró que no es cierto lo que se ha afirmado en días pasados a través redes sociales. +House es la marca comercial que cobija a una compañía que ya cumple 10 años de trayectoria en Barranquilla.

Según la firma, han construido casi 1.000 unidades de vivienda y hecho propietarios a igual número de familias.

Además, señalan que cuentan con un poco más de 100 empleados que colaboran en los distintos proyectos que adelantan. “Somos una de las primeras desarrolladoras y constructoras de la Costa Caribe y vamos en camino a convertirnos en muy corto plazo en la número 1”, señaló.

Al consultarle sobre las quejas de algunos propietarios, la constructora señaló que el edificio Nuevo Horizonte está en “perfectas condiciones” para ser habitado y no solo eso, sino para el disfrute de sus propietarios. Además, afirman que el edificio cuenta con un cuarto de basuras reglamentario, debidamente construido de conformidad a las normas vigentes y con los materiales requeridos para esta función, se ha entregado además con la dotación solicitada por la administración del edificio.

Control Urbano

En este último caso, la Secretaría de Control Urbano del Distrito informó que luego de una visita técnica determinó conductas contrarias al urbanismo, lo cual culminó en primera instancia en la imposición de medidas correctivas por parte de la Inspección 27 de Policía Urbana, adscritas a esta dependencia. El fallo en mención fue confirmado en su totalidad por la segunda instancia de la Secretaría Jurídica del Distrito.

Tanto para las constructoras Gramma como + House, la Secretaría informó que en 2020 se registraron dos quejas para cada una, esta última, de acuerdo con la dependencia, cuenta con “una decisión de fondo”.

Camacol

Aunque Camacol carece de competencia de inspección, vigilancia y control, tanto de índole judicial o administrativa, el gremio señala que “entre sus afiliados infunde valores corporativos que caracterizan al gremio y realiza un constante monitoreo a la actividad de la construcción”.

Camacol informa que la competencia para inspección, vigilancia y control fue otorgada por la ley a las alcaldías y a los inspectores de policía, según lo determinado en la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, los cuales podrán ejercer control urbano en las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda; régimen de propiedad horizontal.

El gremio recomienda a futuros compradores verificar la información de la constructora, su trayectoria, proyectos entregados y años de experiencia,  asimismo a realizar visitas al proyecto para validar  situaciones previas a la compra.

Infracciones que pueden llegar a ser investigadas y multadas: Superintendencia

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuando no se le cumple a los compradores con los tiempos de entrega “hay un problema de calidad en la prestación del servicio postventa y un problema de información”, aseguró la superintendente delegada para la protección al consumidor, María Carolina Corcione.

Ante estas infracciones que pueden llegar a ser investigadas y si se demuestran los hechos, las constructoras pueden enfrentar multas que van hasta los 2 mil salarios mínimos por cada una de las imputaciones que se realicen, si así lo indica el pliego de cargos.

En los casos de información y publicación engañosa y de calidad también se pueden generar las mismas multas mencionadas anteriormente.

“El consumidor afectado puede demandar a la constructora por calidad y por información engañosa”, aseguró Corcione.

En el curso de las investigaciones administrativas, la Superintendencia busca que en un año se adelanten todas las etapas de la investigación.

Asimismo, el proceso judicial debe resolverse en el término.

“Siempre buscamos que sea de la manera más rápida posible”.

Los consumidores pueden hacer sus denuncias para que la autoridad investigue.

La SIC informa que hay diferentes canales dispuestos como la página web: http://www.sic.gov.co o a través de líneas telefónicas 018000910165. La SIC también cuenta con una aplicación que se puede descargar de forma gratuita.

“Si el consumidor quiere resolver este problema con las constructoras lo primero que debe hacer es reclamar, y si no obtiene una respuesta satisfactoria puede presentar una demanda en ejercicio de la protección del consumidor ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la SIC o ante un juez ordinario”, informó la superintendente delegada.

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