Los choques entre algunos de los concejales de Soledad y el alcalde de esa población, Joao Herrera, no cesan. Las modificaciones, adiciones y traslados realizados en el Presupuesto General de Gastos e Inversión, por cerca de $100 millones, son ‘el florero de Llorente’ en este nuevo enfrentamiento.
Los concejales cuestionan al mandatario municipal porque ha realizado varias de estas acciones sin la autorización del Cabildo, órgano que, según los mismos concejales y expertos, tiene la competencia para facultar al mandatario municipal para realizar dichos movimientos.
Las normas que regulan el funcionamiento de los concejos y asambleas permiten que los gobiernos municipales y departamentales puedan hacer traslados internos, dentro de los mismos sectores, sin recurrir al Concejo. Por ejemplo, unos recursos que inicialmente estaban destinados dentro del presupuesto para compra de mobiliario para los colegios puede ser reasignado en la adquisición de tableros, dependiendo de la necesidad de las escuelas municipales.
Pero en el caso de que el ente territorial quiera realizar traslados de recursos para otros sectores o adiciones presupuestales, tienen que presentar un proyecto de Acuerdo en el que solicite autorización para ello. En el documento debe quedar claro en qué sectores y para qué se requiere el movimiento en el presupuesto.
Los concejales argumentan que la Constitución Política establece las funciones propias del Concejo. Entre ellas está 'dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos'. Además, afirman que hay conceptos del Consejo de Estado y de la Procuraduría en los que se advierte que las adiciones y los traslados no pueden ser generales, tienen que ser específicos y autorizados por el Concejo.
Los miembros de la Corporación también critican que el mandatario actúe con base en el artículo 86 del Estatuto Orgánico de Presupuesto aduciendo que este solo rige para fusiones de órganos o se trasladen funciones de uno a otro. Justamente, aseguran, que este no es el caso.
Los cabildantes aseguran que desde 2017 han detectado que la Secretaría de Hacienda ha realizado varias adiciones para gastos de funcionamiento, deuda pública, inversión y fondos creados por Acuerdos. Ante esta situación el concejal Enrique del Castillo propuso en la sesión del 24 de mayo pasado citar a un debate de control político a la secretaria de Hacienda Municipal, Aura Pérez Rosas, cuya proposición fue aprobada por los cabildantes.
Durante esa sesión, algunos miembros de la Corporación recordaron que en el comienzo de este Gobierno, el alcalde Herrera envió varios proyectos en los que solicitaba adiciones o traslados en el Presupuesto General de Gastos e Inversiones, pero que nunca se explicaba en ellos para qué se necesitaban dichos movimientos.
En ese sentido, los cabildantes aclararon que estas reclamaciones 'no son disputa política, sino unas diferencias jurídicas' que la administración debe entender.
Seguidamente, la Corporación envió un oficio a la funcionaria con el cuestionario que deberá responder en la sesión programada para el próximo 3 de julio.
EL HERALDO tuvo acceso al documento enviado a la secretaria, donde se le pregunta, por ejemplo, si en la actualidad existen obligaciones con créditos de tesorería o qué tipo de exenciones, conciliaciones o medidas de estímulo tributario ha adoptado la Oficina de Impuestos.
También le piden entregar un informe sobre la ejecución presupuestal entre el 1° de junio y el 31 de diciembre de 2017 y desde el 1° de enero de 2018, hasta la fecha.
Alcalde alega que ley lo permite
Al ser consultado sobre los cuestionamientos de los concejales, el alcalde soledeño, Joao Herrera, dijo que los ajustes presupuestales realizados fueron necesarios, en cumplimiento a los principios presupuestales, y amparados en las normas presupuestales que rigen el Municipio de Soledad, incluidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdo No. 00088 de 2008.
Con base en esta norma, el mandatario municipal considera que 'se puede afirmar que dichas modificaciones se encuentran autorizadas por el Concejo Municipal'.
En su respuesta explicó que las reducciones y aplazamientos presupuestales no requieren autorización del Concejo. Agregó que en el caso de las adiciones se requiere autorización dependiendo del tipo de recursos y destinación. Para los traslados dependiendo de la cuantía inicialmente aprobada para cada sector.
