Para Colombia, el mensaje es brutalmente honesto: o vuelve a ser un socio estratégico confiable de Estados Unidos, o será tratada como un problema regional más. La diferencia entre ambas opciones no es ideológica. Es institucional.
Colombia necesita sincerar esta conversación. El salario mínimo no puede seguir operando como un “interruptor maestro” que activa cargas ocultas en todo el sistema. La desindexación debe completarse, aunque para esto se requiere la bendición de un congreso que le pagan en múltiplos de salario mínimo.
Hace falta un estatuto pesquero moderno, que incentive la inversión responsable, la modernización de flotas, el repoblamiento marino y las certificaciones que permitan acceder a nichos globales de alto valor.
La modernización exige un nuevo pacto civil-militar. Un país que aspira a crecer, atraer inversión y ampliar su democracia, necesita unas Fuerzas Militares fuertes, disciplinadas y modernas, no debilitadas por la improvisación o la falta de continuidad estratégica.
La reindustrialización no será un milagro; será un diseño. En un mundo que busca producir cerca de sus mercados, Colombia tiene la posibilidad de fabricar el futuro si entiende que su competitividad no está en el subsuelo, sino en su talento humano, su energía limpia y su posición geográfica.
Es necesario pasar de una economía de subsistencia a una economía agroindustrial exportadora, integrando crédito, logística y tecnificación dentro de un nuevo pacto de propiedad rural.
El déficit fiscal no es solo un problema contable: es también un reflejo ético del Estado. Un país que gasta más de lo que produce termina hipotecando su futuro. Vivir del endeudamiento es, en el fondo, sembrar promesas con dinero prestado, una práctica que tarde o temprano pasa factura.
Los aliados de Gustavo Petro avanzan en la conformación de una nueva convergencia política denominada Frente Amplio con el propósito de definir un único candidato para la primera vuelta durante las próximas elecciones legislativas.
Colombia no necesita más controles; necesita confianza. El mercado no castiga a los países por su política social, sino por la incoherencia entre lo que predican y lo que ejecutan.
Cambiar la Constitución no resuelve desigualdad ni corrupción. Lo que sí puede destruir es la confianza. Un proceso constituyente en un ambiente polarizado abriría una caja de Pandora: se pondrían en juego la propiedad privada, la descentralización, la tutela, el rol del sector privado en la economía, pero mas grave aun los contrapesos al ejecutivo
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