Los aliados de Gustavo Petro avanzan en la conformación de una nueva convergencia política denominada Frente Amplio con el propósito de definir un único candidato para la primera vuelta durante las próximas elecciones legislativas.
Colombia no necesita más controles; necesita confianza. El mercado no castiga a los países por su política social, sino por la incoherencia entre lo que predican y lo que ejecutan.
Cambiar la Constitución no resuelve desigualdad ni corrupción. Lo que sí puede destruir es la confianza. Un proceso constituyente en un ambiente polarizado abriría una caja de Pandora: se pondrían en juego la propiedad privada, la descentralización, la tutela, el rol del sector privado en la economía, pero mas grave aun los contrapesos al ejecutivo
El régimen intentará reducir el Nobel a una provocación extranjera; la comunidad internacional lo usará como presión diplomática, y la oposición venezolana deberá evitar convertirlo en una medalla de ego.
El nacionalismo populista puede movilizar votos, pero no resuelve desempleo, no reduce homicidios, ni asegura inversión. La emoción puede mover multitudes, pero la gestión construye país. La democracia exige priorizar resultados sobre símbolos, propuestas serias sobre espectáculo.
Colombia corre el riesgo de normalizar una bonanza criminal. La macroeconomía parece estable no porque tengamos una economía robusta, sino porque circulan dólares sin declarar.
El resultado es dejar a cientos de entidades públicas sin un canal ágil para adquirir servicios de nube pública, uno de los insumos más utilizados para datos en el Estado contemporáneo. Todo muy raro.
En un país donde las instituciones han sido tantas veces erosionadas, la Corte Constitucional es el dique que contiene el desbordamiento del Ejecutivo. Su independencia es hoy uno de los principales activos de la democracia colombiana.
Más impuestos significa menos actividad económica, menos actividad económica significa menos empleo, por ende, más pobreza. El Gobierno parece dispuesto a recorrer esa cadena completa, sin importar el costo social con tal de mantener el poder en el 2026.
Con el monopolio de refinación, Colombia seguirá pagando combustibles más caros, sosteniendo un déficit fiscal innecesario y retrasando su transición energética. Romper este monopolio no es un riesgo, es una necesidad impostergable.
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