En un país donde las instituciones han sido tantas veces erosionadas, la Corte Constitucional es el dique que contiene el desbordamiento del Ejecutivo. Su independencia es hoy uno de los principales activos de la democracia colombiana.
Más impuestos significa menos actividad económica, menos actividad económica significa menos empleo, por ende, más pobreza. El Gobierno parece dispuesto a recorrer esa cadena completa, sin importar el costo social con tal de mantener el poder en el 2026.
Con el monopolio de refinación, Colombia seguirá pagando combustibles más caros, sosteniendo un déficit fiscal innecesario y retrasando su transición energética. Romper este monopolio no es un riesgo, es una necesidad impostergable.
La tesis de generosidad con los delincuentes del actual gobierno no solo nos regreso al asesinato político, sino que ahora volvemos a los carros bombas. El fracaso en seguridad es total.
Invertir es un acto de fe. Cuando el gobierno envía mensajes contradictorios, cambia las reglas sobre la marcha o legisla desde el prejuicio ideológico, el capital simplemente busca otras tierras.
Hoy, el país comienza a comprender que no fue solo una reforma que fracasó: fue un modelo de poder sin frenos, al que las instituciones le dijeron basta. Y así, una norma que quiso parecer inevitable terminó siendo insostenible.
Monómeros ya enfrentó controles, suspensiones y observación internacional por sus vínculos con el Estado venezolano. Tal vez por eso no lo estén vendiendo. Si una figura jurídica binacional se formaliza sin blindajes legales, Colombia podría convertirse “puente de evasión” de sanciones, con consecuencias gravísimas para nuestra estabilidad macroeconómica.
Factores externos como el dinamismo de las remesas, el precio del oro, el precio del café y la economía global alivian los malos cimientos. Mientras sigamos confundiendo resultados con intenciones, seguiremos celebrando estadísticas sin resolver problemas.
Petro ha querido redefinir la seguridad como un concepto moral, cuando es ante todo una función constitucional. Ha querido convertir a las Fuerzas Armadas en actores sociales, cuando su misión es garantizar la soberanía, el orden y la protección de los ciudadanos.
La empresa más importante del país no puede seguir siendo rehén de objetivos políticos coyunturales ni de una doctrina energética que ignore la realidad. Ecopetrol necesita un cambio de rumbo, urgente, y estructural.
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