La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar información, a mejorar redacciones, a optimizar tiempos. Pero no puede reemplazar la sensibilidad jurídica, la empatía, la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, la valoración humana de la prueba, ni la responsabilidad que implica decidir sobre la libertad de alguien.
No se trata de satanizar la tecnología. El futuro de la justicia necesariamente incluirá herramientas digitales y sistemas inteligentes. Pero delegar en la inteligencia artificial la estructura de una condena antes de que termine el juicio no es modernización, es una enorme irresponsabilidad.
Una votación cinco contra cuatro en una Sala que decide sobre libertad, penas y derechos fundamentales. ¿No debería una división tan cerrada significar duda? ¿Y no debería, ante la duda, privilegiarse la interpretación más favorable al procesado? La duda no se vence con aritmética: se resuelve a favor de la libertad.
Los colombianos estamos cansados. Cansados de gobernar desde la urgencia permanente, de que cada desacuerdo se convierta en crisis y de que los límites institucionales se presenten como estorbos.
Se deben garantizar los pagos oportunos, las condiciones dignas, el respeto por su rol y un rediseño real de su remuneración y cargas. Defender derechos no puede seguir siendo un acto heroico.
Y es que una emergencia económica no es un asunto menor. Se trata de una herramienta que permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, desplazando temporalmente al Congreso. En un Estado social de derecho, esto solo se justifica en situaciones extremas, porque el equilibrio entre las ramas del poder público no es un formalismo, es garantía y un contrapeso para que nadie gobierne sin freno.
Venezuela sigue siendo un país con heridas profundas y con desafíos enormes, pero también es un país que hoy observa, con un brillo renovado en los ojos, que la historia puede girar y cambiar a favor de la gente. Que la justicia, aunque tardía, puede llegar. Que la dignidad humana no es negociable, y que levantar la mirada después de tanto dolor es no solo legítimo, sino necesario.
Que los defensores públicos terminen el año sin recibir sus honorarios no es solo un problema administrativo; es un mensaje peligroso. Como si la defensa de derechos pudiera esperar, como si quienes garantizan el acceso a la justicia fueran prescindibles, como si la estabilidad económica de ellos y de sus familias no importara.
La transformación del sistema penal no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre paso a paso. Y en el 2025, a pesar del desgaste, seguimos avanzando y más determinados que nunca.
La Navidad, al final, es eso: una temporada para agradecer, pero también para mirar hacia adentro. Para reconocer nuestras propias oportunidades y recordar las que otros no tienen. Para entender que la dignidad no depende de la situación jurídica de nadie. Que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad.
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