La muerte de Miguel debe unirnos y no sumergirnos en más en discursos de odio que nos dividen y siguen perpetrando los ciclos de violencia, debemos rechazar cualquier justificación de estos crímenes y exigir una justicia que no sea a medias
Este no es un juicio sobre Uribe. Es una prueba de coherencia para el Estado de derecho. Si hoy ignoramos la presunción de inocencia con él, mañana podríamos hacerlo con cualquiera y ningún ciudadano está exento de pasar por un proceso penal.
La justicia no puede operar a conveniencia ni por popularidad. El proceso penal debe ser una garantía frente al poder, no un instrumento de persecución.
Lo que sí ha existido es una campaña sistemática para desacreditar políticamente al acusado, utilizando el poder simbólico del aparato judicial como herramienta de castigo, como si por tratarse de un expresidente él no tuviera derecho a la presunción de inocencia.
Cuando el ejercicio de la defensa se enfrenta a hostilidades permanentes, a descalificativos o a escenarios en los que no se le escucha, se pierde de vista lo fundamental, que es que las garantías no adornan el proceso, lo sostienen. Sin ellas, la justicia se tambalea.
En otras palabras, así como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, tampoco puede ser forzado a entregar una gota de saliva o una muestra de su pelo si no quiere hacerlo. La muestra debe ser voluntaria, o eventualmente obtenida de manera indirecta si ya existe en la escena del crimen. Pero nunca por coacción.
El juicio del siglo terminó, al menos esta etapa, con un país más dividido. Ojalá que al menos nos quede el aprendizaje de que la justicia no puede ser usada como arma política.
Colombia necesita cambios, claro que sí. Pero el fin no justifica los medios y menos, si no es necesario. Las Constituciones no se reemplazan por capricho, que no nos vendan la ilusión de una refundación nacional cuando lo que hace falta es cumplir y mejorar lo que ya tenemos.
Como si el papel lo aguantara todo, pero no. El papel también tiene dignidad y las normas también tienen límites. Los procedimientos no son un adorno, son la garantía de que el poder se ejerce con responsabilidad y no con arrogancia.
El Congreso tiene que actuar. No podemos seguir en manos de un sistema que protege al victimario mientras revictimiza a la sociedad entera y genera el escenario perfecto para la reiteración. Lo que pasó con Miguel Uribe Turbay no es solo un ataque político. Es un llamado desesperado a revisar qué tipo de país estamos construyendo.
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