Y es que una emergencia económica no es un asunto menor. Se trata de una herramienta que permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, desplazando temporalmente al Congreso. En un Estado social de derecho, esto solo se justifica en situaciones extremas, porque el equilibrio entre las ramas del poder público no es un formalismo, es garantía y un contrapeso para que nadie gobierne sin freno.
Venezuela sigue siendo un país con heridas profundas y con desafíos enormes, pero también es un país que hoy observa, con un brillo renovado en los ojos, que la historia puede girar y cambiar a favor de la gente. Que la justicia, aunque tardía, puede llegar. Que la dignidad humana no es negociable, y que levantar la mirada después de tanto dolor es no solo legítimo, sino necesario.
Que los defensores públicos terminen el año sin recibir sus honorarios no es solo un problema administrativo; es un mensaje peligroso. Como si la defensa de derechos pudiera esperar, como si quienes garantizan el acceso a la justicia fueran prescindibles, como si la estabilidad económica de ellos y de sus familias no importara.
La transformación del sistema penal no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre paso a paso. Y en el 2025, a pesar del desgaste, seguimos avanzando y más determinados que nunca.
La Navidad, al final, es eso: una temporada para agradecer, pero también para mirar hacia adentro. Para reconocer nuestras propias oportunidades y recordar las que otros no tienen. Para entender que la dignidad no depende de la situación jurídica de nadie. Que todos, absolutamente todos, merecemos una segunda oportunidad.
La paz no se construye a punta de complacencias. Si la JEP existe, debe existir para todos. Para militares, para guerrilleros, para terceros y para quienes hayan tenido responsabilidad política. No puede ser una justicia selectiva ni una justicia temerosa de investigar a quienes hoy ocupan cargos de poder.
No podemos seguir permitiendo que se siga debilitando la independencia judicial a punta de señalamientos irresponsables, puesto que, el daño no será solo para los jueces. Será para todos los ciudadanos que un día, sin esperarlo, necesiten que alguien proteja sus derechos frente al poder del Estado.
Lo que está mal y cada vez ocurre más, es convertir al abogado en enemigo, en sospechoso por el simple hecho de ejercer su labor. Eso sí deteriora la justicia.
Podemos discutir si es justa o injusta la inclusión de Petro. Pero mientras esté ahí, las empresas actuarán como lo haría cualquier asesor responsable: protegiéndose. Esa es la verdad incómoda que debemos asumir sin fanatismos.
El desacuerdo nunca justifica la agresión. En Colombia necesitamos un debate serio sobre los límites y garantías de las diligencias judiciales, pero también sobre el respeto por quienes administran justicia. Criticar, sí. Señalar errores, también. Agredir, nunca. La justicia no se puede enfrentar con insultos.
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