El Congreso tiene que actuar. No podemos seguir en manos de un sistema que protege al victimario mientras revictimiza a la sociedad entera y genera el escenario perfecto para la reiteración. Lo que pasó con Miguel Uribe Turbay no es solo un ataque político. Es un llamado desesperado a revisar qué tipo de país estamos construyendo.
Lo que estamos viendo hoy es una especie de venganza institucional disfrazada de actuación judicial. La Interpol ya se negó a emitir la circular roja contra ellos, reconociendo que la solicitud no solo es improcedente, sino que vulnera normas internacionales.
Colombia necesita recursos, sí. Pero también necesita un gobierno que planifique, que priorice, que entienda que no se puede vivir eternamente del corto plazo. Subir la retención hoy puede dar oxígeno momentáneo, pero si no se acompaña de una reforma tributaria técnica, consensuada y transparente, será pan para hoy y más crisis para mañana.
Durante días, mientras la familia de Lyan suplicaba ayuda y la comunidad marchaba exigiendo su liberación, las autoridades guardaban silencio. ¿Dónde estaban todos cuando más se necesitaba una señal de que el Estado no había renunciado a proteger a los suyos? La indiferencia institucional puede ser casi tan violenta como el crimen mismo.
El presidente no puede desconocer lo que expresó el Congreso. Porque eso, precisamente, también es democracia: la posibilidad de que distintos poderes del Estado deliberen, se expresen y se controlen mutuamente. No podemos permitir que se castigue a los órganos que no se alinean, ni que se tache de enemigos del cambio a quienes cumplen con su deber constitucional.
Pero somos los adultos quienes debemos saber leerlas, sin minimizar ni justificar lo que nos incomoda. En un mundo lleno de distracciones, donde muchas veces se delega la crianza en pantallas o terceros, hablar con los niños se vuelve un acto revolucionario. Escucharlos sin juzgar, darles herramientas emocionales para expresarse, y enseñarles que pueden contarnos lo que les duele, es una de las mejores formas de protección.
Nadie discute que mejorar las condiciones laborales es una meta legítima. Estabilidad, formalización, son discusiones necesarias. Pero el problema no es el qué, sino el cómo. Las reformas estructurales se construyen con técnica, diálogo y acuerdos, no con presión desde arriba. No se gobierna enfrentando al Congreso con la ciudadanía, ni dividiendo al país.
Yesica Paola no es un número más en las estadísticas. Es una vida que se apagó porque, una vez más, fallamos. Y mientras sigamos tratando cada feminicidio como un hecho aislado, la lista seguirá creciendo.
Esto no es un problema menor. La democracia no puede ser defendida a conveniencia ni utilizada como herramienta de presión selectiva. La credibilidad de un Estado democrático se mide, precisamente, por su capacidad para alzar la voz incluso cuando no le conviene, por su valentía para denunciar injusticias sin importar la cercanía ideológica del régimen cuestionado.
Los abogados penalistas somos, ante todo, profesionales que creemos en el poder transformador del derecho. Creemos en la defensa como un pilar esencial de la justicia, en las segundas oportunidades como una posibilidad real para quienes han fallado, y sobre todo, en la presunción de inocencia como una garantía que no se negocia.
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