Cuando se persigue a un abogado defensor, no se afecta únicamente a una persona o a una profesión. Se afecta directamente el derecho a la defensa, que es una garantía fundamental en cualquier Estado de derecho. Porque el mensaje que se envía es peligroso: defender tiene consecuencias. Y cuando el miedo entra en el ejercicio profesional, la justicia empieza a perder equilibrio.
Quizás una de las tragedias más dolorosas de Colombia es habernos acostumbrado a escuchar esa noticia como si fuera una cifra más. Niños convertidos en combatientes, alejados de sus familias, utilizados para la guerra y privados de cualquier posibilidad real de infancia.
Aquí no hay una discusión entre derecha o izquierda, ni entre capitalismo o cambio climático. Hay una discusión mucho más básica: coherencia. Porque un gobierno puede tener la mejor narrativa global, pero sí en lo local no hay resultados, esa narrativa pierde fuerza.
La insolvencia se creó para ayudar. Para darle una salida a quien, por circunstancias reales, atraviesa un momento difícil. Y esa idea también la cuenta el vallenato.
Y en un entorno donde se quiere rapidez, castigo y titulares, eso molesta. Pero sin defensa no hay justicia. Sin abogados penalistas no hay equilibrio. Sin garantías, lo único que queda es el abuso del poder. Defender no es un privilegio. Es una necesidad.
No podemos permitir que todo se vuelva paisaje. No podemos acostumbrarnos a que lo grave deje de importarnos. Porque detrás de cada noticia hay algo real: decisiones que afectan vidas, derechos que se ponen en juego, problemas que no desaparecen porque dejemos de mirarlos.
Si un eventual gobierno suyo logra equilibrar firmeza con institucionalidad, podría surgir un país con mayor sensación de orden. Pero si esa fuerza se transforma en rigidez, el riesgo sería polarizar aún más la sociedad.
Colombia necesita reconciliación, sí. Pero una reconciliación que tenga como base la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. No una reconciliación que parezca, a veces, más un acto de conveniencia política que un compromiso real con los derechos humanos.
Al final, de lo que se trata no es de castigar por castigar, sino de garantizar que los niños reciban lo que les corresponde. Y eso, en muchos casos, no se logra con una celda, sino con decisiones que obliguen a cumplir sin destruir completamente la posibilidad de hacerlo.
En Colombia las universidades públicas, a pesar de su enorme valor y prestigio, no cuentan con los cupos suficientes para absorber toda la demanda educativa del país. Durante años se ha discutido precisamente la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior.
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