Los ajustes ya anunciados por el Cerrejón y la Drummond nos van a regresar a los niveles de producción de hace 20 años, es decir, 50 millones de toneladas de las 92 que llegamos a producir en años recientes y a las que se sumó el cierre de Prodeco, que ya mostró sus devastadores efectos sobre los municipios y población afectada.
Estoy convencido de que Colombia cuenta con las reservas de gas suficientes para garantizar nuestra autosuficiencia, pero nos toca incentivar la actividad exploratoria y poner en marcha ya los nuevos descubrimientos en Córdoba, Sucre, Arauca y Norte de Santander.
Las empresas han empezado a aplicar cortes selectivos a sus clientes, lo cual podrá extenderse y generalizarse. No lo hacen porque quieran, sino porque han perdido su capacidad de seguir financiando a un gobierno arbitrario que todo lo incumple.
El colapso del sistema ya es palpable y el shu-shu-shu de Petro funcionó. Veamos: las quejas del sistema casi se han duplicado al pasar de 170.000 en 2023 a más de 310.000 en 2024, y las tutelas ya llegaron a 265.000, con un incremento del 34 %, y en los últimos dos años del 70 %.
Yo creo que hasta los empleados formales entendieron las consecuencias de la reforma y desistieron de marchar, porque el palo no está para cucharas.
El ultimátum siempre termina en la convocatoria al pueblo a salir a las calles.
Hace 42 días se declaró la conmoción interior, y a hoy nada ha cambiado aquí. De los 10.000 soldados prometidos han llegado solo 3.800; tampoco vino el general de división Erik Rodríguez, y todavía hay 55.000 desplazados entre Cúcuta, Tibú y Ocaña y 25.000 personas confinadas.
El sector energético está en jaque. La ideología inspira hoy todas las decisiones al punto de poder afirmar que la política energética consiste precisamente en acabar con los recursos y avanzar peligrosamente a la pérdida total de nuestra autonomía y autosuficiencia.
Lo que no es válido es que una cámara adopte automáticamente lo que la otra ha decidido sin realizar su propio análisis. Esta práctica anula el propósito del debate legislativo y reduce la aprobación de las leyes a un simple trámite, en lugar de un proceso de deliberación.
Para restablecer la confianza y dar las señales adecuadas es fundamental que el Gobierno pague a las empresas distribuidoras de gas natural y GLP los montos que por sumas superiores a los 800.000 millones de pesos les adeuda desde marzo del año pasado, impactando toda la cadena de suministro.
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