Los estratos 1 y 2 de la Costa pagan lo mismo que el 6 de Bogotá
La bancada Caribe cerró filas en torno al rechazo por el elevado valor de la factura en la región y llamó la atención del Gobierno entrante. Distrito insistió en sus propuestas, entre ellas un esquema tarifario diferencial.
En medio del debate de control político citado este miércoles en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, advirtió que la tarifa del servicio de energía en la región Caribe se ha incrementado en más de un 73 % de junio de 2021 a junio de 2022.
“Desde 1998 se viene presentando este problema y cuando la bancada Caribe logró la intervención y la liquidación de Electricaribe pensamos que el tema estaba solucionado, pero realmente continuamos con el viacrucis ahora con las altas tarifas de energía casi impagables”, señaló el parlamentario citante.
Agregó, en este sentido, que hay una resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) que tiene como espíritu autorizar al Gobierno para crear un régimen tarifario, “y fue presentada como la solución al tema tarifario”, asunto que no ha salido como se esperaba.
Aunque admite el legislador que “ha mejorado el número de interrupciones, y es una disminución de 8,86 %”, cuando se compara con el promedio nacional “son 18 horas de interrupción en el país y en la región más de 90 horas”.
Así mismo, cuestionó que “de junio de 2021 a junio de 2022 hay un incremento del 73,7 % en el costo de la tarifa de energía en el Caribe; la región paga la factura de energía más alta de Colombia. Los usuarios de estratos 1 y 2 en el Caribe pagan casi lo mismo que se paga en un apartamento de estrato 6 en Bogotá”.
Por ello, propuso, por ejemplo, aumentar el consumo de subsistencia de 173 kilovatios hora por mes a 210 kilovatios hora por mes por el factor climático del Caribe, “y no es un golpe al presupuesto, es para aliviar a los estratos 1 y 2”.
La idea es presentar tal proposición en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para incrementar solo para estrato 1 de la región Caribe el consumo de subsistencia y que se incluya un rubro presupuestal para la normalización de redes.
“El costo promedio de factura para estrato 1 y 2 se come más del 20 % del salario mínimo, lo que traduce en desigualdad”, denunció, y concluyó que “no solo se afectan los hogares sino el sector productivo, que no es competitivo con estas tarifas y eso gravita en el tema de generación de empleo”.
La célula legislativa hizo un minuto de silencio por los asesinatos de uniformados y conductores en los últimos días.
El jefe de Servicios Públicos de Barranquilla, Juan Carlos Gómez Vallejo, expuso las propuestas que el alcalde de la capital atlanticense, Jaime Pumarejo, ha hecho llegar al Gobierno y a sus pares de la región para superar la situación.
“La primera es un fondo de estabilización, porque hemos visto que los componentes de la tarifa han fluctuado por distintas razones, se ha afectado por el IPP (Índice de Precios del Productor), un indexador que se creía estable y hoy en día no lo es, el componente de pérdidas aumenta, y la opción tarifaria sigue aumentando. Creemos que se necesita este fondo porque está afectando la competitividad de la región”, planteó el funcionario.
También recomendó “incorporar a los generadores y transmisores y que compartan el riesgo: ellos no pierden, reciben sus recursos al contado, en efectivo, no tienen cartera, deben incorporarse en el modelo o que compartan las pérdidas”.
En el Caribe, señaló, “estamos en un círculo vicioso porque las altas tarifas motivan a que la gente quiera tener un servicio ilegal y no pagar la tarifa, y tarde o temprano va a hacerse impagable la factura y eso va a tener un efecto contrario”.
En las familias de estratos 1 y 2, añadió Gómez, “las condiciones de las redes internas son deficientes y en los programas de mejoramiento de vivienda no está incluido este tema”.
Así mismo, mencionó el fortalecimiento de la transición energética: “La autogeneración, las energías renovables, que puedan abaratar los costos de la factura que reciben los habitantes del Caribe”. Y puntualizó que se espera “que se cree un esquema tarifario diferencial, que el Gobierno haga más presencia y la Superservicios recupere el control del sector”.
El senador José David Name, del Partido de La U, advirtió que en este lío “han tenido culpa el Gobierno, por populismo; la Superservicios, que se ha puesto de lado de las empresas; los generadores hidráulicos, que nunca pierden, y la gran culpable es la Creg”.
Entre tanto, el senador Didier Lobo, miembro de Cambio Radical, anunció: “Hoy mismo (ayer) radicaremos en la Comisión Quinta la citación al nuevo debate, vamos a dar una lucha frontal desde las distintas comisiones para lograr un verdadero cambio que están esperando los colombianos y los caribeños”.
A su turno, la senadora liberal Laura Fortich, del Partido Liberal citó un aparte de la Corte Constitucional: “La pobreza energética es un concepto consistente en la imposibilidad fáctica de posibilitar una cantidad mínima de electricidad para protegerse de las inclemencias del clima, así como para la refrigeración y cocción de alimentos”.
Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, llamó la atención acerca de que “los estratos 4, 5 y 6 no son multimillonarios, y también sobre ellos recaen las alzas de las tarifas”.
Agregó que “en estos estratos se ha visto un aumento impagable, y tampoco es solamente un tema urbano, porque las lluvias no nos favorecen en el Caribe a los agricultores que necesitan la motobomba, con una energía cada vez más cara”.
Y el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, urgió a “resolver el problema, porque los operadores están ad portas de que en cuatro o cinco meses no puedan pagar las facturas a los generadores, y vamos a tener el apagón del siglo”.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó que Air-e y Afinia se encuentran en el ‘top 4’ de empresas con el mayor números de quejas por la prestación y facturación de servicios. En ese grupo también se encuentran las compañías Vanti y Enel Colombia.
Indicó, además, que durante el primer semestre de 2022 recibió 29.959 quejas por la prestación de servicios públicos en Atlántico, Magdalena, La Guajira y el archipiélago de San Andrés, que representan el 22 % de los 135.063 trámites a nivel nacional.
El viceministro de Energía, Miguel Lotero, dijo que una de las causas del alza en las tarifas es la inflación.
“El precio de la empresa no tiene que ver nada con las tarifas que están viviendo hoy los usuarios de energía de la Costa Caribe. (...) Este fenómeno se está viviendo en todo el país por dos razones: tenemos una inflación en todos los sectores de la economía y el sector de la energía no es ajeno. (...) Y la Creg fue consciente de que en el régimen de la Costa había que hacer unos incrementos para aprobar la opción tarifaria que las empresas aplicaron de manera voluntaria”, dijo el funcionario.
Frente a una de las propuestas de la Alcaldía de Barranquilla para solucionar las alzas en las tarifas, contestó Lotero: “Un fondo de estabilización suena bien, pero si lo que quieren es pedir un subsidio en este debate debe estar vinculado el Ministerio de Hacienda, porque esta es una decisión fiscal y no regulatoria”.
Y por último advirtió que la solución no puede ir en camino a demandar las resoluciones de la Creg, “porque si un juez declara esa resolución nula, ninguna de las dos empresas (Aire y Afinia) estaría dispuesta a prestar el servicio”.
A su turno, Lorenzo Castillo, asesor de la Superservicios, defendió que en términos generales, en el proceso de gestión del servicio de energía, “Air-e tiene un cumplimiento del 87 % y Afinia del 81 %”.
Entre tanto, Jorge Valencia, director ejecutivo de la Creg, explicó que parte del alza de las tarifas se debe a que “sinceramos la edad de los activos del sector energético de la región Caribe, porque no hubo inversión de la antigua empresa, y le dijimos a los nuevos operadores: si no inviertes no puedes cobrar, y eso golpeó a los usuarios”.
Y, por último, el gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, gerente de Afinia, dijo que la empresa “se acogió a una opción definida por la Creg que le permite realizar leves incrementos a su tarifa para ser aplicados mes a mes”.
Sostuvo, además, que “con esta alternativa la empresa evita realizar alzas abruptas que afecten a sus usuarios. Esto luego de que la Creg aprobara el plan de inversiones de Afinia hasta 2025, por $4,5 billones, así como su plan de reducción de pérdidas”.
