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La superintendente Avendaño y la agente interventora durante la subasta de adjudicación.
Cortesía
Atlántico

El largo camino para los nuevos operadores de Electricaribe

En 2018, Santos puso en marcha un proceso que no tuvo éxito. Un año después, Duque materializó un nuevo intento que terminó con dos firmas.

Innumerables fueron los escollos que el Gobierno Nacional tuvo que superar para brindar una “solución estructural y definitiva” a la crisis que se vive en los siete departamentos del Caribe a causa de la irregular prestación del servicio de energía eléctrica.

El primer intento se materializó sin éxito en 2018, bajo el liderato del presidente Juan Manuel Santos (ver recuadro).  Sin embargo, la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones del servicio en la región llevó al presidente Iván Duque y su equipo de gobierno a estructurar un nuevo proceso, que culminó de forma exitosa con la conformación de las empresas Aire y Afinia.

El 2 de abril de 2019, el Gobierno Nacional socializó el plan creado para la búsqueda de uno o varios operadores idóneos para asumir la prestación del servicio de energía en la Región.

“Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa el 25% de la totalidad de la demanda en Colombia”, expresó en su momento la entonces ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Dicho plan dividió la operación de Electricaribe en dos grandes sectores: Caribe Sol (compuesto por Atlántico, Magdalena y La Guajira) y Caribe Mar (integrado por Bolívar, Sucre, Córdoba, y Cesar).

Entre los criterios que se exigieron para participar en la oferta se encontraban que el inversionista-operador estuviese prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y tener un patrimonio de USD500 millones.

“Las reglas que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas”, dijo la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.

Aplazamiento por Ley de financiamiento

En noviembre del año anterior, la subasta para la escogencia de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe fue aplazada a causa de la caída de la Ley de Financiamiento.

En dicha ley estaban incluidos tres artículos (la tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital) que tenían incidencia directa en el proceso.

Ante este panorama, las tres subastas programadas para el 3, 6 y 12 de diciembre de 2019 se reprogramaron para los días 26 (mercado completo) y 28 de febrero de 2020 (mercado segmentado).

Según lo indicado por la Superservicios, el impacto para los interesados podría ser cercano a los $500 mil millones.

Finalmente, la nueva Ley de Financiamiento fue aprobada el 20 de diciembre de 2019 tras intensos debates en el Congreso, lo que permitió la reactivación de la subasta.

Segundo aplazamiento

 A pocos días de llevarse a cabo la subasta, la Superservicios sorprendió con un nuevo anuncio de ampliación del cronograma.

En esa oportunidad, la entidad indicó que el proceso fue reprogramado para el 20 de marzo debido a  una solicitud de algunos de los interesados en el proceso de vinculación de inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional.

Dichas peticiones fueron aceptadas en su momento, teniendo en cuenta la magnitud de la transacción, la complejidad del mercado operado por Electricaribe y la preparación de la documentación necesaria en esta etapa final.

La subasta

Finalmente, el 20 de marzo se cumplió la escogencia de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM) y el Consorcio Energía de la Costa como las dos firmas para la operación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

EPM fue seleccionada como la empresa encargada de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar, que cubre a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar.

Por su parte, el Consorcio Energía de la Costa asumió el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.

El primer proceso para la búsqueda de operador
El presidente Santos anuncia el inicio del proceso.

En junio de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el inicio de la licitación para la escogencia de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Dicho proceso arrancó en firme en agosto del mismo año con la publicación del reglamento. Según lo contemplado en el cronograma, el 2 de noviembre de ese año venció el plazo para la presentación de los documentos de precalificación.

Tras cumplirse esa fase, la única oferta fue presentada por la firma Enel Américas S.A., con sede en Chile, y que ya controlaba inversiones en el país a través de las empresas Emgesa y Codensa.

El 18 de noviembre de ese año se anunció la suspensión del proceso –al menos hasta el 30 de noviembre–, luego de que la Superservicios indicara que era necesario estudiar el impacto que la presentación de un solo oferente tendría en la competencia del mercado de distribución y comercialización de energía.

El plan de salvamento incluido en el Plan Nacional de Desarrollo

Una serie de artículos fueron aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo 2020–2023 (Ley 1955 de 2019) con el objetivo de garantizar la eficiente prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.

Este plan de salvamento dio vía libre al cobro de la sobretasa al servicio ($4 por KWH) hasta el 31 de diciembre de 2022. A través de esta figura se recaudarán cerca de $180 mil millones, los cuales serán destinados al pago de las obligaciones financieras en las que incurra el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar la prestación del servicio de las empresas de energía eléctrica intervenidas.

Asimismo, la Nación asumió el pasivo pensional, el cual está calculado en $1.2 billones. En contraprestación, se autorizó para adquirir una o más cuentas por cobrar a cargo de Electricaribe, de acuerdo con lo establecido en el Conpes.

En el Plan Nacional de Desarrollo también quedó establecida una contribución adicional del 1%, que debe ser cancelada por las empresas vigiladas y es complementaria a la contribución que pagan de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Por otro lado, se elevó el tope de dominio del mercado de distribución o comercialización hasta el 35%, teniendo en cuenta que antes se encontraba limitado en el 25%.

En el artículo 318 se incluyó un régimen transitorio en materia tarifaria para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio, el cual contempla que la variación de las tarifas sea al menos igual al porcentaje del promedio nacional, en la medida en que refleje –como mínimo– las inversiones realizadas, el cumplimiento de las metas de calidad y de reducción de pérdidas.

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