Atlántico

Canal del Dique: 10 años de una tragedia advertida

Líderes y pobladores que llamaron la atención por el incremento del nivel del Río, hace 10 años, dicen que faltó mayor alerta.

El lunes 29 de noviembre de 2010 todo parecía transcurrir con normalidad en el sur del Atlántico. Algunos pobladores se dedicaban a cultivar la tierra, otros se disponían a iniciar sus faenas diarias. Uldarico Ortiz, un campesino de Manatí que acababa de cumplir 30 años, se despertó como de costumbre con el canto de los gallos para ganarse el día trabajando en una finca.

En Campo de la Cruz, Ana Escorcia estaba con sus nietas en la casa. Todo era tranquilidad.

En Santa Lucía, Tatiana Mercado entrenaba para mantener su buen estado físico como boxeadora, sin imaginar que en cuestión de horas tendría que enfrentarse con la pelea más dura de su vida.

Solís Tano, agricultor del mismo municipio, se lamenta hoy porque ese día no presintió que a las 4:40 de la tarde del día siguiente se produciría la ruptura de la carretera paralela al Canal del Dique entre Calamar y Santa Lucía, justo enfrente de su finca.

Un panorama distinto es el que dibuja Gustavo De la Rosa, líder de Suan, quien aseguró que sí se sabía lo que podía pasar, porque el nivel del Río era suficientemente alto y el riesgo era inminente.

“Recorrí con el secretario de Prevención y Desastres desde Puerto Giraldo hasta Villa Rosa, en Repelón, para mostrarle cómo estaba el Río de crecido y cómo se había pegado a la berma de la carretera. Eso no había pasado antes”, expresó De la Rosa.

Diez años después de la que quizás ha sido la calamidad más grande que ha sacudido al Atlántico, el líder afirmó que esta fue una tragedia anunciada.

El rompimiento del terraplén sobre la margen derecha del Canal del Dique, a tres kilómetros de su división del río Magdalena en el Atlántico, dejó cerca de 120 mil damnificados y muchos interrogantes a los afectados.

¿Qué ocurrió?

 Ese año, los niveles del río Magdalena fueron atípicamente altos debido al fenómeno de La Niña, hecho que se magnificó por las malas prácticas para la captación de agua del río, que se venían dando por décadas. Esta situación sometió a los sistemas de diques a altos niveles de agua, como contó Humberto Ávila, director del Observatorio del Río Magdalena de la Universidad del Norte.

“La presencia de tuberías no autorizadas que cruzaban el dique hacia algunas fincas y la poca resistencia de los materiales en algunos sectores, generó una falla geotécnica en un tramo vulnerable de la estructura, lo que ocasionó el desastre de la inundación”, sustentó Ávila.

Esas tuberías “sepultadas” permitieron filtraciones y aceleraron la socavación en la vía, reiteró Ávila.

La comunidad, en ese momento, atribuyó la falla a un posible mal trabajo en el tramo carreteable, justo donde se abrió el boquete, porque se trataba prácticamente de una carretera nueva que había sido reforzada en altura. Su entrega se había producido en 2018.

Esa obra, que fue adjudicada por $5.725 millones a la Unión Temporal Santa Lucía, representada por el ingeniero Sergio Torres Reátiga, tuvo dos adiciones presupuestales que hizo que terminara costando $7.290 millones

“Lo único que se hizo fue pavimentar, poner el asfalto y hacer el realce de la vía. El problema grave fue por los finqueros que tenían  tuberías por ahí”, afirmó Torres en diálogo con EL HERALDO.

En ese momento el secretario de Infraestructura del departamento, Juan Pablo Deik, señaló que para la administración fue una sorpresa que esta situación se registrara en este punto, teniendo en cuenta de que “la vía estaba bien construida y no tenía ningún tipo de filtración”.

“Realmente estamos desconcertados porque no sabemos porqué esto falló. Debe haber habido algún tipo de tubificación en la parte inferior (erosión de los terraplenes) por alguna manguera de algún finquero que lo que hizo fue perforar la cortina de arcilla que hicieron cuando fue construido el terraplén hace muchos años”, fue la información que entregó Deik en el 2010 al ser consultado por este medio.

¿Por qué no se advirtió?

Las alertas tempranas en los municipios funcionaban como hasta ahora: a través de Puestos de Mando Unificados se tomaban decisiones y se hacía monitoreo en las estaciones de medición del río Magdalena.

De acuerdo con el entonces subsecretario de Gestión del Riesgo, Evaristo Martínez, se hicieron las advertencias y se informó con anterioridad a los municipios para que estuvieran en alerta porque se habían dado cuenta de que el nivel del Río aumentaba significativamente.

El caudal normalmente es entre 9.000 a 12.000 metros cúbicos por segundo hacia la desembocadura en Barranquilla, y tiene entre 900 a 1.000 metros cúbicos por segundo a través del Canal del Dique. Para ese fatídico 30 de noviembre el caudal hacia Barranquilla estuvo en 18 mil metros cúbicos por segundo y registró unos 3.600 por el Canal del Dique”, explicó Martínez.

En resumidas cuentas, “el volumen de agua era equivalente a dos ríos hacia Barranquilla y aproximadamente a tres canales del Dique”.

Para Martínez, era inminente la inundación o ruptura que se iba a producir en cualquier punto de la geografía hacia la desembocadura del río o canal, debido “a la carga descomunal de agua nunca antes registrada”.

El Río alcanzó la cota máxima de 9,15  metros sobrepasando el máximo nivel de desbordamiento que en ese momento era de 8,50. Era un incremento enorme, yo estaba en ese momento en el Canal del Dique y temíamos que fallara, pero pensamos que ocurriría en el mismo sitio que falló en 1984, entonces estábamos buscando la manera de contenerlo”, agregó Martínez.  

En su evaluación dice que hubo fallas en quienes intervinieron la carretera porque olvidaron que los campesinos antiguamente utilizaban tuberías de gres y de barro para traer agua por gravedad hasta sus tierras bajas. También atribuyó la falla a la falta de una reserva presupuestal para prevención en los municipios y por último a la deficiencia en la comunicación entre los gobernantes y la comunidad, porque –según él– sí se hicieron las alertas tempranas.

Desecación de ciénagas

 La tragedia del sur del Atlántico está antecedida por una serie de sucesos que cambiaron, entre otros, el curso natural de sus cuerpos de agua.

La historia que cuentan los conocedores de la tierra habla de un territorio de ciénagas que le permitían una riqueza de recursos naturales para actividades como la pesca, pero que fue interrumpida en 1970 con la destrucción de ese ecosistema para darle paso a un “fracasado plan agrícola”, que implicó la desecación de un sistema de humedales inherente al comportamiento natural del Río. 

El director del Observatorio del Río explicó que la decisión de secar las ciénagas se tomó la permitir la construcción de varios diques y unirlos al Embalse del Guájaro. “Básicamente modificaron todo el uso del suelo ”.

El experto argumentó que luego de la inundación, cuando empezó el proceso de evacuación con las motobombas, las marcas donde quedaba el agua acumulada coincidieron con las zonas en donde antes estaban las ciénagas, lo que demostró las malas prácticas, que al final cobrarían factura.

El Río es el resultado de las intervenciones durante los últimos 80 años”, afirmó el director del Observatorio.

En resumidas cuentas era inevitable frenar la mayor tragedia del Atlántico que registró dos muertes, 120 mil damnificados y 35 mil hectáreas inundadas. Las cuantiosas pérdidas económicas se sumaron al impacto social que ocasionó el rompimiento del dique ese 30 de noviembre de 2010.

Vía del sitio exacto del rompimiento
Josefina Villarreal

Este fue el punto del rompedero, nombre común a las fallas en los diques de control de desborde, en poco tiempo pasó de ser una pequeña abertura a una gran descarga por donde derivaba más caudal que el que seguía por el cauce habitual del canal del Dique.

Para cerrar el boquete fue necesario la utilización de más de 750 pilotes, con más de 24 metros de largo cada uno, 9 mil sacos de arena de hasta 10 toneladas, 5 mil toneladas de rocas y el trabajo incansable de más de 300 hombres que durante 57 días trabajaron 24 horas continuas. En ese trabajo participaron instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, fuerzas armadas y de manera especial la comunidad, liderada por la administración departamental.

Las pérdidas de agricultura y ganadería
Josefina Villarreal

Un gran número de cultivos, ganado y aves de corral quedaron sumergidos en los altos niveles de agua. Las inundaciones, señala un estudio del Banco de la República, acabaron con 35 mil hectáreas de cultivos de maíz, yuca, ají, auyama, mango, melón, guandú y patilla. Esto generó una pérdida aproximada de $356.877 millones de pesos. Se estima que murieron 600 mil aves y 115 mil bovinos. Cientos de animales también fueron desplazados.

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