Madres comunitarias y su lucha por ser empleadas del Estado

Tienen la dulzura y paciencia necesaria para cuidar a los más pequeños de su comunidad, pero también la tenacidad y el coraje suficiente para batallar por sus derechos.

Esa capacidad camaleónica de poder adaptarse a los contextos se desprende de su instinto maternal, aunque también obedece a las “reglas del juego” que el Estado les ha impuesto desde hace más de 30 años, y las cuales ellas, siempre juntas, han sabido cambiar.

Luego de las diferentes cruzadas jurídicas que han enfrentado, las madres comunitarias están en búsqueda de una estabilidad laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tras ser nombradas como trabajadoras del Estado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Nosotras merecemos una dignificación y un reconocimiento a toda nuestra labor. (...) El 99 % de las mujeres que estamos aquí amamos lo que hacemos. Somos de vocación. Nos gusta este trabajo, y por eso me he quedado durante todos estos años”, sentenció Céfora Arias, presidenta del sindicato Sintracihobi de las madres comunitarias en Barranquilla y el Atlántico.

A través del Decreto 0586 del 2025, el Gobierno Nacional reconoció como empleo público la labor de las madres y padres comunitarios del Icbf. Una medida que permite vincular a las más de 40.000 trabajadoras con nivel asistencial y, al mismo tiempo, reconocer sus labores de cuidado en los hogares de dicha entidad.

Pese a la dicha que les generó la resolución, un parámetro las inconforma: las cuidadoras infantiles manifiestan estar en desacuerdo de ser contratadas temporalmente por parte de la dirección nacional del Icbf, puesto que consideran que no les están garantizando un trabajo a largo plazo.

“El sindicato ya sentó su posición: no vamos a aceptar un contrato temporal ni ser parte de una planta provisional. Su palabra lo dice: temporal. Nosotras queremos algo estable”, aseveró Arias.

Por otra parte, también discrepan con las propuestas de los Centros de Educación Inicial (CEI), ya que serían ellas las encargadas de atender a los niños de 1 a 3 años, y el Ministerio de Educación de 4 a 5. Una tarea que catalogan como difícil, puesto que deberán salir a las calles a buscar a los pequeños.

En ese orden de ideas, parece que ser madre comunitaria en Colombia es una lucha que no acaba. Este oficio, que lideraron en principio las mujeres, ha sido paulatinamente dignificado con las garras: desde plantones hasta debates en los tribunales. Estas mujeres han transmutado de pieles por años: madres de familia, cuidadoras, esposas, estudiantes, manifestantes. Y siguen teniendo otras facetas, quizás más de lo imaginado, para continuar haciendo valer lo que les corresponde.

Cuando el programa nació en 1986, muchas madres observaron este voluntariado como una oportunidad para poder asegurar la comida de sus hijos. Quizás, en aquel entonces, no lo observaron como un trabajo debido a que solo debían extrapolar sus tareas del hogar a otros espacios: vigilar a los más pequeños, darles de comer, ayudarlos a estudiar. Sin embargo, con el tiempo empezaron a entender que dichas actividades eran un trabajo.

Tras dos años de su inicio, empezaron a pagarles 9.000 cada cuatro meses, y por año aumentaban 1.000 pesos. Pero esto empezó a cambiar desde el 2012, cuando una madre decidió empezar un proceso jurídico para que el Bienestar Familiar les pagara el salario mínimo junto con sus prestaciones de servicio.

“Muchas de nosotras llevamos 36 años de servicio, y 25 de ellos fueron totalmente gratis al Estado. Solo tenemos 11 años de estar contratadas, de ganar lo justo, el salario mínimo y nuestras prestaciones sociales. (...) Prácticamente, el Estado colombiano esclavizó a las madres comunitarias en sus casas para cumplir una responsabilidad de ellos”, expresó la presidenta del sindicato.

Han expresado sus luchas de distintas formas: desde desnudarse en la Plaza de Bolívar y soportar el fulminante frío de Bogotá, hasta permanecer en las afueras de las sedes de la entidad por semanas.

“Nuestra lucha no es por limosnas. Nosotras no pedimos nada que no nos hayamos ganado. Si tú trabajas, eres merecedora de un salario”, puntualizó la representante.

Muchas cosas han cambiado para las madres comunitarias. Las agentes educativas indicaron que el presidente Gustavo Petro sí cumplió con las promesas pactadas para ellas en su plan de desarrollo y aseguraron que, gracias a la lucha sindical y el apoyo del mandatario, las cuidadoras ya no obtienen una pensión de 200.000 pesos, sino que lograron aumentar este subsidio a un 95%.

“Fue un avance y un logro significativo en este gobierno. Por eso las madres comunitarias de Colombia respaldamos a su gobierno”, complementó Céfora.

No obstante, aún no cantan victoria, pues siguen vigentes problemáticas de vieja data, tales como las minutas. Esta comunidad denunció que las raciones de los alimentos enviadas para los niños son insuficientes, ya que existen casos en los que entregan media libra de arroz y cerdo para trece niños, así como cantidades mínimas de azúcar y aceite. Esto obliga a las trabajadoras a aportar dinero de su propio bolsillo para completar las comidas.

Asimismo, mencionaron que durante décadas no recibieron dotaciones ni electrodomésticos para su labor, tales como estufas o neveras. Y solo tras una larga lucha sindical lograron en 2024 la entrega de estos equipos, tras ganar la reivindicación en 2023; sin embargo, Céfora denunció que algunos operadores intentan retirar esas dotaciones, por lo que aseguró que en Barranquilla no les retirarán ese beneficio.

“El Estado tenía que compensarnos. Lo dice la norma: si yo pongo un inmueble o un electrodoméstico al servicio del Estado, deben darme una tasa compensatoria, una bonificación, y nunca la recibimos. Por esa razón, aquí en Barranquilla no vamos a aceptar que se les quite la dotación de los dos millones de pesos a las madres comunitarias. Eso hace parte de la deuda histórica que tiene el gobierno”, manifestó.

En conversación con esta casa editorial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que avanzan en el proceso de formalización laboral de las madres comunitarias en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Y se conoció que la entidad ofrece la creación de una planta temporal de 2.353 empleos.

La agencia estatal argumentó que para esta propuesta se desarrollaron mesas técnicas con el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), obtuvieron la aprobación del Consejo Directivo del ICBF en sesión del 28 de noviembre de 2024, y cuenta con el concepto favorable del Ministerio de Igualdad y Equidad y del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Asimismo, indicaron que la viabilidad presupuestal está actualmente en trámite.

Sin embargo, también están adelantando, de forma paralela, la elaboración de los borradores de decretos y actos administrativos para la creación de una planta para trabajadoras oficiales.

Cabe resaltar que para esta alternativa se definirán criterios de progresividad y focalización territorial que permitan una implementación gradual de la vinculación hasta la vigencia 2029, iniciando el próximo año.

Adicionalmente, el Icbf sostuvo que está trabajando en la actualización de la resolución que regula la cuota de participación de las madres comunitarias, con el propósito de flexibilizar los criterios para su aplicación.

De igual forma, el instituto recordó que promueven acciones de formación con el Sena, iniciativas que contribuyen a que las madres y padres comunitarios presten su servicio con un enfoque más técnico y especializado.

Finalmente, notificaron que están ampliando los equipos de integralidad que apoyan a más hogares con el fin de fortalecer la atención al desarrollo infantil. Estos equipos, conformados por profesionales en educación, psicología, nutrición y salud, brindan acompañamiento técnico a madres y padres comunitarios, articulando los componentes pedagógico, nutricional y familiar.

“De esta manera, el ICBF proyecta consolidar un modelo de trabajo más justo, equitativo y sostenible, que reconozca el valor del cuidado comunitario y la corresponsabilidad institucional en la garantía de los derechos de las niñas y los niños del país”, sentenciaron.

Céfora Arias indicó que la baja tasa de natalidad en Colombia afecta a las madres comunitarias, ya que dificulta completar los cupos que asigna el Bienestar Familiar. “Si baja la tasa de natalidad, debe bajar la cobertura. Ya no podemos sostener eso. No podemos mantener la misma cobertura cuando el índice de natalidad ha bajado”, señaló.

La máxima representante recordó aquellos años en los que tenía a niños en lista de espera, un panorama que desde hace años no ve. Es de destacar que el Dane evidenció que, en Colombia, la tasa de natalidad presenta una tendencia decreciente desde el año 2019.

La reducción, entre el año 2015 y el año 2024, es de casi 6 puntos, pasando de 14,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes a 8,4 nacimientos en el 2024. Ese mismo año, se registraron 445.011 nacimientos en el país (70.538 menos que en el año 2023), con una reducción del 13,7 %. De acuerdo con el organismo, se trata del volumen de nacimientos más bajo reportado en la última década, con 32,7 % menos nacimientos que en 2015.