Ad portas de cumplirse el primer año de la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, como lejanas se visionan las posibles soluciones a la crisis financiera que arrastra la compañía, que se refleja en un creciente riesgo para la prestación de este servicio para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Una de las principales preocupaciones de diversos sectores corresponde a la falta de información frente a la realidad financiera de la empresa,
Si bien en las últimas semanas se ha reiterado el interés del Gobierno nacional de proceder a su liquidación para posteriormente crear una empresa de carácter público, desde distintos sectores se ha hecho un llamado para que se apropien los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de la empresa y evitar afectaciones al sistema energético del país.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), aseguró a EL HERALDO que la solidez financiera de la empresa no ha sido una prioridad en medio de la intervención por parte de Superservicios.
“Cuando el Estado interviene en una empresa, uno esperaría que sea para mejorarla, para recuperar al enfermo, no para que el enfermo se convierta en una pandemia que termine afectando a las demás empresas, como si se tratara de un riesgo sistémico para todo el sector”, recalcó.
Manzur agregó que se requiere una “política integral” del Gobierno, a través de la cual se le dé solidez a la empresa, “que disponga de recursos financieros para que pueda cumplir con sus obligaciones, seguir invirtiendo y no afectar la calidad del servicio ni la gestión general de la compañía. Se requieren recursos importantes”.
Visión de los usuarios
Norman Alarcón, coordinador en el Caribe de la Liga Nacional de Usuarios, aseguró que la situación financiera actual de Air-e es “extremadamente difícil” al referenciar que las deudas después de la intervención están por encima de los $2 billones.
“Solo a los generadores les debe $1.4 billones, según cifras oficiales de Andeg. Se sabe que una parte importante de su planta de personal fue enviada a sus casas a trabajar en forma virtual para ahorrarse la plata del alquiler de las oficinas”, aseguró.
En ese sentido, expresó que –en la actualidad– la inestabilidad es lo que predomina en la empresa Air-e: “En menos de un año ya van cuatro agentes interventores y parece que vamos para un quinto”.
Expuso que en varias oportunidades han solicitado una auditoría forense que permita conocer información a detalle los aspectos contables, económicos, financieros y operativos, “más cuando hay rumores de manejos poco claros”.
También dijo que “falta mucha claridad en la situación financiera de la empresa Air-e porque no se conocen sus estados financieros ya que no han sido publicados como debía ser”.
Alarcón fue enfático al sostener que la compañía se encuentra en cuidados intensivos, por lo que se requiere una política seria y acorde con la Constitución y las Leyes 142 y 143 de 1994, “en cuanto a que el Estado tiene la obligación de mantener a flote las empresas que interviene y no dejarlas sin apropiar los recursos requeridos a través del Fondo Empresarial de Superservicios”.
Solicitud de investigación
Desde la Veeduría Nacional Democrática ‘Una Voz del Pueblo’ (Veenaldemo) se ha elevado una solicitud para que se adelante una investigación “urgente” e “inmediata” en contra del representante legal y los miembros de la junta directiva de la mencionada compañía.
La petición fue hecha a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Superintendencia de Sociedades, con el objetivo de establecer su presunta responsabilidad en “la quiebra de dicha sociedad”.
Dicha veeduría también solicitó a la Junta Central de Contadores y al Tribunal de Contadores que se establezca la posible responsabilidad del revisor fiscal “por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones” en dicha situación.
“Así mismo los papeles de trabajo donde conste el cumplimiento de su deber, la calidad de su gestión realizada, sobre los cuales debió pronunciarse oportunamente, tanto a los administradores, como a los propietarios de la Empresa y a las autoridades respectivas, si era pertinente”, se lee en la mencionada misiva.
Nueva indagación de la Procuraduría contra exinterventor Palma
Este lunes, la Procuraduría General de la Nación dio inicio a una nueva indagación preliminar frente a las actuaciones adelantadas por Edwin Palma durante su periodo como agente interventor de Air-e.
En esta oportunidad, el Ministerio Público busca establecer si se cometieron irregularidades con la suscripción de un contrato con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia para el suministro de materiales para su operación.
Es de anotar que este proceso se inició tras una denuncia periodística sobre presuntos sobrecostos en dos órdenes para la compra de transformadores.
A finales de agosto, la Procuraduría puso en marcha otra indagación preliminar para evaluar posibles afectaciones en la gestión administrativa, contractual y financiera de Air-e, como respuesta a los crecientes señalamientos de posibles irregularidades durante el periodo de Edwin Palma como agente interventor de la empresa.
El Ministerio Público sostuvo que dicha actuación preventiva tiene la finalidad de “anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública”.
