Lo que sería la segunda audiencia dentro del proceso del deslinde entre Barranquilla y Puerto Colombia no llegó a realizarse el pasado miércoles 4 de junio, debido a la repentina suspensión de dicho trámite jurídico por parte del Distrito.
Así lo afirmó la Alcaldía de Puerto Colombia durante las primeras horas de la mañana de este jueves. La entidad territorial notificó que cuando estaban por iniciar el encuentro, Barranquilla, a través de sus operadores judiciales, solicitó que se frenara provisionalmente el proceso al considerar que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), no tenía la competencia para tramitar el procedimiento.
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“Sin contar con las pruebas suficientes ante el Igac, Barranquilla evidencia que su postura es improvisada y carece de fundamento técnico. Resulta incoherente hacer que tanto la Alcaldía de Puerto Colombia como el mismo IGAC inviertan tiempo y recursos en un proceso que, solo muestra su afán de cercenar nuestro territorio”, expresó el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño.
Cabe recordar que esta batalla jurídica inició en febrero de este año y fue el Distrito quien solicitó al Igac iniciar la gestión de deslinde para definir los límites territoriales entre los territorios.
En esta segunda audiencia, se pretendía la entrega de las líneas divisoras de cada entidad territorial y otorgar las pruebas y justificaciones de los límites. Ahora, la diligencia quedó aplazada para el 15 de julio de este año.
“Acudimos a la primera audiencia, donde se aperturó el proceso y se adquirió el compromiso de que, el día de ayer, tendríamos que presentar las líneas divisorias de cada entidad territorial, con los respectivos soportes normativos y probatorios que explicaban el porqué de la línea propuesta por cada parte”, indicó a EL HERALDO el abogado de Puerto, Juan Barrero.
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El encargado relató que Barranquilla radicó la solicitud por medio de un escrito cuyo contenido es desconocido por el municipio.
“En ese sentido, digamos que, para nosotros, sigue siendo oculta la razón por la cual, supuestamente, el Igac no tiene ahora la competencia”, agregó el abogado.
Según Barrero, intuyen que lo que se cumpliría dentro del plazo establecido es determinar, por parte del Igac, si tienen o no la competencia para tramitar el procedimiento.
“No sabemos a quién consideran competente, no sabemos cuál es esa otra autoridad que ahora les parece válida”, sostuvo el abogado.
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Y reiteró que Puerto Colombia está dispuesto a continuar “con esta batalla, con este proceso jurídico, hasta las últimas consecuencias”.
