En respuesta a la solicitud de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pidió formalmente a la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC) aclarar y entregar la documentación que respalde las obras y el cerramiento del predio aledaño al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, propiedad de la Aeronáutica Civil y actualmente bajo una medida policiva que suspendió su cerramiento.
La administración distrital solicitó pruebas que demuestren el uso legítimo del terreno como parte del proyecto de ampliación de la terminal aérea. En atención a esto, OINAC envió a la Alcaldía la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte, que declara de utilidad pública e interés social la adquisición de predios para infraestructura, y recordó que, según el Decreto Ley 019 de 2012, las obras de ampliación o modificación de aeropuertos nacionales e internacionales no requieren licencia urbanística.
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“El Gobierno Nacional reitera su firme compromiso con la región Caribe y espera que, subsanadas las inquietudes, la administración distrital dé vía libre para reiniciar las intervenciones en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, las cuales potencializarán la conectividad, competitividad y desarrollo económico de Cartagena de Indias”, expresó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
Las obras proyectadas generarán en su fase inicial más de 400 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local. Entre los trabajos principales se encuentra la construcción de un nuevo edificio internacional que duplicará la capacidad para pasajeros internacionales, la modernización y ampliación de la vía de acceso, nuevas plazas de estacionamiento, cinco puentes de abordaje, nuevas salas de espera y una calle de rodaje.
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Como parte del compromiso institucional con la gestión transparente y participativa, el próximo 9 de mayo se realizará una nueva mesa de concertación que contará con la presencia de la Alcaldía, la concesión OINAC, la ANI, la Aeronáutica Civil, la Personería de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, líderes comunitarios y ciudadanos en general.
