La Contraloría emitió cuatro fallos por $2.505 millones a la Asociación de Cabildos Indígenas de los departamentos mencionados.
La Contraloría halló deficiencias en la ejecución de dos contratos entre el departamento y las uniones temporales Contratista Unidos por el Cesar y Nutricesar.
El ente de control también imputó a dos de los presidentes de la EPS en liquidación, Néstor Orlando Arenas Fonseca y Alex Martínez Guarnizo.
El ente de control también imputó a dos de los presidentes de la EPS en liquidación, Néstor Orlando Arenas Fonseca y Alex Martínez Guarnizo.
Ramón Díaz Corzo fue hallado responsable por la Contraloría de daño patrimonial por la no funcionalidad de obras de ampliación y optimización del sistema de alcantarillado.