El Heraldo
Sucre

Invasiones de tierras se convirtió en un dolor de cabeza en Sincelejo

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, instó a los ciudadanos a que “no invadan, no ocupen”.

Las invasiones de tierras, tipificado en el código penal como un delito que tiene prisión entre 2 y 5 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades en el país.

El presidente Gustavo Petro se ha mostrado en contra de esta ocupación ilegal de la propiedad y hasta le ha dado plazos a las personas para que desalojen lo que no es de ellos, pero no contar con un techo digno y hasta no tener un pedazo de tierra en el que puedan producir para comer son las razones que llevan a los ciudadanos a esta mala práctica que, por ejemplo, en el caso de Sincelejo ha hecho carrera en los últimos 4 años y por eso en las zonas norte y sur de la ciudad vemos grandes extensiones de tierras ocupadas ilegalmente.

La necesidad, en algunos casos, ha llevado a estas familias a ubicarse cerca de arroyos, como ocurre en la zona sur de la capital sucreña, en los costados que comunican hacia el corregimiento de Chochó. Ese asentamiento de unas 800 familias, donde incluso ha habido casos de homicidio y riñas con heridos graves, reviste una gran peligrosidad porque una corriente súbita los puede arrastrar.

Mafias organizadas

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, no desconoce la necesidad de algunas familias, pero también deja sentado que “detrás de las invasiones hay mafias bien organizadas. Notarios, alcaldes, inspectores, curadores y registradores y hasta jueces de la república”.

Agrega la jefe del Ministerio Público que “es gravísimo porque las ocupaciones ilegales las están realizando unas mafias que vienen muy bien organizadas, que mueven un grupo de personas que los hacen ver requirentes de tierras y, en realidad, son un grupo manejados por ellos que en una noche invaden una finca. Hay que estar atento en cada una de las regiones. Hay que avisarle a la Procuraduría una vez sucede alguna situación de estas”.

La contraofensiva

Es tan grave el problema que este fin de semana la Dirección General de la Policía Nacional lideró un congreso virtual en varios departamentos del país y de este participaron ganaderos con los que diseñaron la contraofensiva a las invasiones.

El director de la Policía Nacional, mayor general Henry Sanabria, lideró la estructura jurídica y de comunicaciones entre la Policía y el sector ganadero para actuar ante los delitos de la invasión de tierras.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que hizo parte del congreso, expresó su preocupación por la presencia recurrente de ocupación ilegal de tierras.

“Existe una caja de herramientas en materia de normas y de orden jurídico que se deben activar contra los delitos que afectan al sector ganadero”, sostuvo Lafaurie.

En respuesta, la Policía activó los instrumentos jurídicos de inteligencia para obrar en contra y poder garantizar una solución segura al sector colombiano.

“Si la invasión de una finca supera las 48 horas, el tema pasa a ser de tratamiento del régimen penal. En estos casos la Policía Nacional no trataría de expulsar al invasor o a los ocupantes, sino que procedería a su respectiva captura”, explicó el general Sanabria.

La necesidad no los deja ir

En las invasiones de las zonas norte y sur de Sincelejo, que son 4, por ahora, hay unas 3 mil familias aproximadamente. Tan solo en Cielo Azul, cerca de la cárcel en Sincelejo, hay una que alberga a unas 800 familias, es decir, unas 4 mil personas. Han hecho casas en las que han invertido entre 5 y 6 millones de pesos, por eso a la hora de preguntársele cuándo piensan desalojar dicen nunca.

Lisbeth Solano, invasora en la zona norte, es una de las que dice que no tiene previsto desocupar el terreno que ocupa porque tiene la necesidad de una casa.

“Somos gente necesitada de una casa. Aquí está la gente pobre que necesita una casa y aquí ya hay casas de material. Le pido al señor presidente que no nos mande a desalojar, por el contrario que nos ayude porque votamos por él”.

Por su parte, Elvira Rosa García Acosta dice que dejó de pagar un arriendo de 400 mil pesos mensuales para estar en la invasión 13 de Agosto donde hay 450 familias.

Ella, ante el anuncio de desalojo de Petro le dice “que no haga eso porque invadimos por una necesidad. Yo no tengo empleo y no tengo con qué pagar un sitio dónde vivir. Aquí estamos unas 300 mujeres cabeza de hogar. Esta era una montaña olvidada”.

Finalmente, Patricia Julio Bitar, otra invasora del 13 de Agosto, reitera que no los desalojen porque están necesitados de un techo.

“Invadimos porque no tenemos vivienda y con la pandemia nos quedamos sin empleo. Yo le digo al presidente Petro que ayude a los que necesitamos una vivienda”.

Enrique Benítez, propietario de uno de los predios invadidos en Sincelejo, le pide a las autoridades que actúen ante la no tenencia de tierras por parte de las familias porque eso los ha perjudicado a ellos en sus economías, en sus proyectos.

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