Gobernadores denuncian hacinamiento en estaciones de Policía
Los mandatarios afirman que existe una necesidad estructural de acometer profundas reformas a la justicia.
Los gobernadores del país que estuvieron reunidos en Armenia en desarrollo del sexto y último ‘Encuentro Las Regiones Proponen, el Congreso Responde’, alzaron su voz de preocupación por el alto hacinamiento que se registra en las estaciones de Policía por cuenta de los detenidos que aún no son recibidos por el Inpec.
Ante esto los mandatarios que fueron convocados por la Federación Nacional de Departamentos (FND) advirtieron la necesidad de buscar rápido las soluciones a esta situación que se está convirtiendo en una bomba de tiempo.
De algunas de estas se han fugado personas que revisten algún tipo de peligrosidad y en ese aspecto Sucre no ha sido la excepción.
Los mandatarios de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona; Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas; Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, y Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, que es además el presidente del consejo directivo de la FND, coincidieron, al igual que lo hicieron algunos congresistas recién electos, en que deben buscarse soluciones en seguridad y justicia.
“No puede ser que en estaciones de policía y centros de atención inmediata tengamos 100, 200, o 300 sindicados de delitos graves en cada uno de nuestros departamentos. Peor aún, que en casos como Sucre tengamos 84 personas acusadas de homicidio en detención domiciliaria”, anotó el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver.
El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, sostuvo que se hace necesario disponer de protocolos territoriales ajustados a los principales problemas de convivencia de cada ente territorial.
En materia de seguridad y convivencia le proponen al nuevo gobierno desde las regiones la reorganización estratégica de las Fuerzas Militares y de Policía de acuerdo con las necesidades territoriales y con ello fortalecer la presencia institucional; formular una política de fronteras sostenible en el tiempo; financiar y reformar la ley anticontrabando para la lucha contra el delito; reformar la justicia y la Política Criminal del Estado y fortalecer los programas y proyectos enfocados en prevención de consumo y dinámicas de violencia, especialmente para jóvenes.
