Tres de los diez departamentos del país donde la Procuraduría General de la Nación ha proferido acciones disciplinarias para enfrentar el abuso sexual contra menores en entornos educativos se sitúa en la Región Caribe.
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Se trata de Magdalena, Cesar y Sucre, además de Boyacá, Santander, Caldas, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Antioquia, donde según la procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, han proferido en lo que va de este año 18 decisiones disciplinarias que incluyen destituciones e inhabilidades a dos docentes, formulación de pliego de cargos a tres más, y la apertura de dos indagaciones: la primera contra funcionarios por establecer, y la segunda, al docente Jorge Eliécer Polo Pomares, que supuestamente estarían incursos en conductas inapropiadas.
Algunas de las acciones la Procuraduría las resumió así:
En Samacá, Boyacá, en fallo de primera instancia destituyó e inhabilitó por 15 años al docente de la Institución Educativa Salamanca, Luis Hernando Rodríguez Betancourt, por actos sexuales diversos del acceso carnal contra una menor de 14 años.
Además en primera instancia demostraron que el entonces profesor de Tecnología de Informática y Sistemas, Laureano José Medina Catalán, acosó sexualmente a estudiantes menores de edad de su clase, reiterando la conducta con varias de ellas, a quienes pedía ir a un local para estar solos, 'hacer travesuras y hacer cosas ricas' y 'probar sus labios', al final lo destituyeron en inhabilitaron por 13 años.
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En Santander, Palermo (Caldas) y Boyacá formularon pliego de cargos contra tres docentes, entre ellos Andrés Leonardo Romero Durán y Roberto Alonso García Amaya.
En indagación están unos hechos en Cúcuta (Norte de Santander) y Aracataca (Magdalena).
Ante las alarmantes cifras de acoso sexual y escolar, así como de violencia de género en los colegios del país, el Ministerio Público visitó 119 establecimientos educativos priorizados a nivel nacional, y elaboró el informe de ‘Vigilancia al abordaje del acoso escolar y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos educativos’.
Resultado de esta actuación, encontró que el 47 % de las instituciones reportaron que algún miembro de la comunidad educativa ha estado involucrado en casos de violencia sexual y, en menor medida, en los de acoso escolar.
Asimismo, advirtió que un 72 % reportó dificultades para articularse con las secretarías de Educación y tomar decisiones inmediatas para reubicar al presunto agresor en cualquier otro cargo, lejos de sus víctimas, mientras se adelantan las investigaciones a que haya lugar.
