Luis Carlos Pineda Téllez, el contralor delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República, lideró ayer en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Sucre la búsqueda de pruebas que permitan ahondar en una denuncia de veedores ciudadanos sobre presunta 'feria' de contratos en esa entidad.
Esa conducta ilegal se la atribuyen al saliente director Juan Francisco Ortega Hernández, a quien por demás lo grabaron en una fiesta de Navidad el 20 de diciembre de 2019 manipulando unos documentos oficiales, y aunque él aseguró en su momento que no hubo firma de contratos ese día, otra cosa dicen los documentos.
Además la polémica fiesta, que es uno de los escándalos que llevó a la Dirección Nacional a declararlo insubsistente, fue pagada por proveedores y contratistas de la entidad y él lo reconoció a los medios de comunicación.
Ahora el máximo ente de control en Sucre busca en la entidad, en su oficina principal del barrio Boston en Sincelejo, la información contractual que les sirva de insumo para darle trámite a la denuncia.
Además logró reunirse, después de la visita a unos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con la directora encargada, que es Constanza Rendón Valencia, actual directora en el departamento de Caldas.
'Estamos buscando información importante de los contratos y de la idoneidad de los contratistas durante los años 2019 y 2020.
'La denuncia es la conocida por medios nacionales y otras de veedurías', anotó el contralor delegado, que dejó en claro que de sus hallazgos este funcionario responderá fiscalmente.
La Contraloría también le ha solicitado esta misma información al nivel central del Icbf porque el objetivo es saber qué ha pasado con los recursos públicos destinados a la niñez de Sucre.
Los primeros resultados de esta investigación, dijo el contralor delegado, se conocerán en lo que resta de este primer semestre del año.
