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Sociedad

2022, el año más difícil de Shakira

La justicia española la envió a juicio por seis delitos contra Hacienda. La Fiscalía pide ocho años de prisión y una multa de 23.8 millones de euros.

El 2022 se ha convertido en un año oscuro para la cantautora barranquillera Shakira, quien pese a que ha seguido lanzando éxitos como Te felicito, al lado del puertorriqueño Rauw Alejandro, logrando una nominación al Grammy Latino, en lo que concierne a su vida sentimental y a nivel jurídico ha debido sacar fuerzas para afrontar un verdadero torbellino.

El primer semestre había transcurrido sin grandes apariciones mediáticas de la artista y el padre de sus dos hijos, el futbolista español Gerad Piqué.

Sin embargo, el 4 de junio, comenzó el calvario para la intérprete del Waka Waka, luego de que hiciera pública su separación con el defensor del FC Barcelona

Desde entonces ha confesado que los paparazzis no se le han despegado un solo instante, algo que ha sido una pesadilla para ella y sus pequeños Milan y Sasha.  

Los rumores de que Piqué le habría sido infiel con Clara Chía, de 23 años, fueron el detonante para que culminara la relación que durante doce años y tres meses mantuvieron. 

Luego de que estallara la bomba, Shakira y Piqué han librado una batalla en el bufete de abogados por la custodia de sus hijos, su única prioridad. 

Sin embargo, este no es el único lío jurídico que deberá afrontar la cantante, debido a que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. 

Entre los delitos por los que se le acusa, se incluye: fraude fiscal, evasión fiscal y evasión tributaria.

Una juez acordó este martes la apertura del juicio oral a la artista para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre  2012 y 2014, simulando no residir en España.

La barranquillera ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía - más otros tres millones de euros en intereses - , lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo a instancias de la Fiscalía.

El origen del caso

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con Piqué, a través de una sociedad.

Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el reality  estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación en estos años”, mantiene el Ministerio Público español.

Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”, asegura el Ministerio Público.

Shakira rechazó el pasado 27 de julio el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal y decidió ir a juicio, argumentando entonces que confía “plenamente” en su inocencia.

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