Lo que se juega la Costa en la batalla ecológica

La región Caribe atraviesa por un momento decisivo en materia medioambiental. Hace aproximadamente un mes terminó el fenómeno de El Niño más extenso y fuerte que se recuerde, el que llevó al río Magdalena al nivel más bajo registrado (1,12 metros) y para finales de 2016 hay un 80% de probabilidades de que comience el fenómeno de La Niña, es decir con toda la crudeza de un prolongado invierno.

En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que hoy llega a su versión 43 y cuyo eslogan es “Vuélvete salvaje por la vida” (Go Wild for Life en inglés), expertos ambientalistas, que dialogaron con EL HERALDO, hicieron énfasis en la necesidad de que existan políticas públicas enfocadas hacia la “mitigación del impacto” del cambio climático, además de que se produzca una conciencia en los ciudadanos de la conexión con los ecosistemas y que se dé un paso decisivo hacia las energías limpias, con una transición que vaya desincentivando la explotación de hidrocarburos y carbón.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra devastadores relacionados con el evento de La Niña de 2010-2011, que afectaron a 3 millones de personas y redujeron el PIB en un 2%, pusieron en evidencia la vulnerabilidad de Colombia frente a los cambios climáticos e impulsaron los esfuerzos para integrar mejor las consideraciones ambientales en los planes económicos.

Retos regionales

Sandra Vilardy, bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente, señala que la región tiene por delante “varios retos importantes” para ser más amigable con los ecosistemas y dar una solución que permita la unidad de las políticas económicas y ambientales.

“Lo primero que hay que hacer es reconocer la dependencia del bienestar de la gente y del PIB interno de la región de los ecosistemas”, explica.

El segundo reto es entender que la región Caribe es la más vulnerable ante los eventos del cambio climático. Indica Vilardy que la mejor oportunidad para adaptarse a estos fenómenos es la reconstrucción de los ecosistemas y recuperar su salud.

“Esta recuperación va a permitir mitigar el impacto y cerrar las brechas de inequidad social”, manifiesta la bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Agrega que el tercer reto es reconsiderar y fortalecer la institucionalidad ambiental, para que las entidades dejen de hacer lo que están haciendo, pues considera que su labor no ha servido.

“Desde que se crearon las Corporaciones Autónomas las tasas de deterioro de los ecosistemas en vez de frenarse, han aumentado. Entonces: o hay que fortalecer la institucionalidad o hay que crear mecanismos que ayuden a la toma de decisiones que hagan una conexión entre lo ambiental, lo económico y lo social”, expresa Vilardy, quien es profesora de la Universidad del Magdalena.

Lamenta que en el Caribe hayan sido destruidos o cambiados el 70% de los ecosistemas originales y las consecuencias están latentes: hoy la región afronta problemas intensos de desertificación y para el abastecimiento de agua.

De mal en peor

El exministro de Medio Ambiente Ernesto Guhl Nannetti advierte que el país y la región Caribe han “retrocedido notablemente”, en los últimos años, en materia medioambiental.

El motivo de este retroceso, afirma, es que “se han privilegiado intereses económicos y el desarrollo industrial a gran escala, a costa de los recursos naturales”.

El exministro, quien es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, sustenta su argumento en un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que dice que “el crecimiento del país ha sido a costa del medio ambiente”.

La organización internacional está compuesta por 34 estados que buscan coordinar sus políticas sociales y económicas. Desde 2013 Colombia busca ingresar al grupo, pero para eso debe cumplir 23 comités, de los cuales solo ha logrado 16. Entre los temas pendientes está el medio ambiente.

La primera evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental de Colombia hace énfasis en la necesidad de más acciones para orientar el desarrollo económico en una dirección ambientalmente sostenible y socialmente equitativa.

Un documento de esta organización señala que si bien el aumento de la extracción de recursos naturales no renovables está impulsando el crecimiento económico, sobre todo la minería, es también una de las causas principales de la contaminación del suelo y el agua, de la degradación de ecosistemas sensibles y de graves daños a la salud humana.

“Parece –apunta el exministro Guhl– que el desarrollo y el medio ambiente fueran antagonistas y eso no debería ser así. Hoy en día hay visiones diferentes que buscan como compatibilizarlo. Parte de la concepción de los proyectos y del desarrollo económico implica la conservación del ambiente y ecosistemas y de los servicios que ofrecen los ecosistemas: el aire limpio, el agua limpia, disfrutar de la biodiversidad”.

Desconexión

Otro problema que enfrenta el medio ambiente es el alejamiento de con las personas, en el sentido de que las comunidades no coexisten con los ecosistemas que están a su alrededor.

Para Sandra Vilardy, el origen de la desconexión con la biodiversidad se da en los años 50 a 70 cuando las personas empezaron a vivir en las ciudades.

“Se empezó a perderle el valor a los ecosistemas, porque ya no estábamos al lado de ellos. Como Colombia es un país megadiverso pensamos que eso nunca se iba a acabar y por lo tanto empezamos a ampliar la frontera agraria, a transformar humedales y bosques para ganadería y cultivo”, explica la bióloga marina.

Esto se ha traducido en la transformación de los ecosistemas en pro del desarrollo, pero lo cierto es que la inequidad ha aumentado, debido a que son los más pobres los que dependen de ellos, debido a que realizan un consumo de primera mano.

“Claramente podemos ver esto en La Guajira o en la Ciénaga Grande de Santa Marta, lo vemos en los habitantes de las zonas ribereñas”, manifiesta. Y agrega que los humanos  hemos cometido un “grave error al sacarnos del medio ambiente, de la biodiversidad y de la relación profunda que debe existir con estos, como si fuera algo que no nos importara ni afectara, cuando es todo lo contrario”

El exministro Guhl también resalta la situación lo que hoy se vive en el norte del país. “Si hacemos un recorrido desde La Guajira encontramos situaciones como la expansión minera que tiene impactos sociales y ambientales muy grandes”. Pone como ejemplo el cambio de curso del arroyo Bruno, que está haciendo el Cerrejón para ampliar su explotación de carbón en 40 millones de toneladas.

“Con ese problema de sequía en La Guajira, porque el arroyo Bruno no es el único que piensan cambiar, es algo que no se entiende cuando el agua es un recurso escaso allá. Entonces, cambiar, contaminar y subutilizar el agua para efectos diferentes a los que define la ley como prioritarios, el consumo humano, no se justifica”, puntualiza el exministro.

Otro ejemplo de daño irreversible a un ecosistema de vital importancia para la región es la explotación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Este tema es una demostración de la incapacidad de gestionar adecuadamente un ecosistema tan delicado como ese”, afirma y recuerda que es un ecosistema tan importe que fue declarado reserva mundial de la biósfera y ha sido protegido como un humedal de la convención Ramsar. “Hoy en día se ven planes industriales y de expansión agrícola que están afectando enormemente la ciénaga. Es realmente lamentable que la dañen para atravesarla con infraestructura y desarrollar cultivos en la parte sur”, insiste.

Las repercusiones de perder ecosistemas como la Ciénaga Grande o la Sierra Nevada serían graves debido a que tienen una importancia microclimática, además regulan el agua de la región y las especies.

“A nivel local cumplen un papel como suministros de alimentos. Como refugio de biodiversidad se necesita que esos ecosistemas sigan funcionando. Las personas tiene que darse cuenta de que afectarlos es afectarnos a nosotros mismos”, puntualiza  Vilardy.

Panorama del medio ambiente en la región

Bolívar: La erosión costera es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta Bolívar. Según la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, está afectando principalmente dos áreas: Tierrabomba, en Cartagena, y Galerazamba, en el municipio de Santa Catalina, norte de Bolívar, donde unas 300 familias están en constante peligro por la amenaza del mar.
En Tierrabomba el proceso de erosión costera se aceleró en los últimos cinco años. Pero es un problema de hace más de 20 años. Este fenómeno destruyó unas 250 casas. En la zona de playas de Bocagrande, El Laguito y Marbella, la Capitanía de Puertos estima que se han perdido cerca de 50 metros de playas en varias áreas por efectos de la erosión y aumento del nivel del mar.

Cesar: De las 79.000 toneladas de pescado que se lograron extraer en 1973 de la ciénaga de Zapatosa, el complejo de agua dulce más grande de Colombia, que comparten los departamentos del Magdalena y Cesar, 40 años después la producción a duras penas alcanza las 6.000, consecuencia de los impactos ambientales que a lo largo de estas cuatro décadas ha soportado este importante recurso natural. Factores como la contaminación, la sedimentación, la deforestación, la pesca irracional y los cambios climáticos, han hecho que algunas especies ya sean historia en este complejo cenagoso y hace menos de 10 años el afluente los abastecía de coroncoro, dorada, picúa, y zapatero, especies prácticamente desaparecidas.

Córdoba: De los 2 millones 400 mil hectáreas que existen en Córdoba, unas 400 mil son humedales que, según el subdirector de gestión ambiental de la CAR CVS, Albeiro Arrieta, son fluctuantes porque dependen de los niveles de los ríos y del resto de la cuenca. El sociólogo, investigador y ambientalista Víctor Negrete Barrera, quien, con base en estudios de la Fundación del Sinú que él dirige, señala que de 140 mil hectáreas de humedales que habían hace tres décadas, solo quedan unas 70 mil. La pérdida se concentra en la ciénaga Grande de Lorica. Agrega que entre los factores que han contribuido a esa reducción, el principal es el desecamiento para sembrar pasto destinado a la ganadería extensiva.

La Guajira: A través del programa Monitoreo de la Calidad del Aire, Corpoguajira estudia constantemente el grado de contaminación o aporte de material particulado por parte de las empresas explotadoras de carbón que operan en la región. Durante el primer semestre de 2015 se obtuvieron 1.120 muestras distribuidas en las 19 estaciones que conforman el sistema de vigilancia de la autoridad ambiental. La corporación estableció que durante el periodo evaluado no se superó lo establecido por las normas ambientales del país, sin embargo se presentó un aporte significativo de emisiones de partículas de carbón, debido a la temporada de sequía y el fenómeno de El Niño, lo cual ha ocasionado en los habitantes de zonas aledañas infecciones respiratorias agudas.

Magdalena: Las mayores afectaciones se presentan en la flora, la fauna, los humedales y los sistemas costeros marinos. Hay un deterioro de los hábitats por la pérdida de cobertura del bosque seco, de manera especial en la zona norte de la Sierra Nevada. Aunque con menor porcentaje, también se da la pérdida del bosque húmedo en la vertiente occidental del Macizo Intertropical, entre los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. De acuerdo con las cifras, la deforestación es de 1.430 hectáreas, el 1.02% del promedio nacional. Igualmente se han afectado de manera muy significativa humedales, situación que, lógicamente, involucra pérdida no solo de fauna y flora, sino del suministro de servicios ecosistémicos beneficiosos para la población.

Sucre: El departamento batalla contra la acción humana que amenaza la supervivencia de mamíferos, aves y reptiles objeto del tráfico ilegal.
El problema afecta a por lo menos 23 especies entre las que hay osos, gavilanes y hasta boas, según datos de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), de la que advierte están en “peligro crítico”. En los primeros dos meses del 2016, Carsucre ha decomisado 317 reptiles que estaban fuera del lugar apropiado para desarrollarse. La lista la encabeza la hicotea, con 290 ejemplares incautados. Le siguen la iguana, con 23; morrocoy, con 3, y la boa con 1. Las cifras de la Policía corroboran esta problemática. En el 2015 la autoridad se incautó de 2.228 hicoteas y en el 2016 ya van 1.691.