
Tras tres años bajo el mandato de la Superintendencia de Salud, la Secretaría del ramo en Bolívar, fue devuelta ayer a la Gobernación de Bolívar, luego de una lucha intensa del mandatario departamental Juan Carlos Gossaín, quien desde que asumió este año el cargo aseguró que retomar el mando de ese dependencia, era prioridad para su gobierno.
Según Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar, haber recuperado las riendas de la cartera de salud departamental se convierte en una nueva victoria legal y administrativa de su gobierno.
Desde Bogotá, Gossaín informó que la Superintendencia de Salud levantó la medida de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Secretaría Departamental mediante la Resolución 2727. La intervención fue ordenada en junio de 2009.
El gobernador Gossaín aseguró que hoy partirá a las 9 a.m. desde del Palacio de La Proclamación, rumbo a la Secretaría de Salud Departamental, en una caminata con su equipo de trabajo y todos los funcionarios de las distintas dependencias, para recuperar de manera simbólica las riendas de esta dependencia y tomar el control que le corresponde como jefe de la Administración del Departamento de Bolívar.
La resolución mediante la cual se levantó la medida, fue recibida por la secretaria privada de la Gobernación, Alejandra Espinosa, quien estaba como Gobernadora encargada, porque Juan Carlos Gossaín estuvo ayer en Bogotá en la presentación del 1er Festival de Jazz que se realizará en Mompox.
La entrega de la resolución estuvo a cargo de Mery Bolívar, superintendente nacional de Salud (e), y Yesid Turbay, superintendente delegado de Medidas Especiales.
¿Por qué estaba intervenida?. La Secretaría fue intervenida en el 2009 bajo el mandato del gobernador Joaco Berrío, quien fue investigado por la Procuraduría porque en la Secretaría de Salud Departamental, con la vigencia 2008, se gastaron 6.000 millones de pesos en tres meses y para vigilar la ejecución de ese dinero se contrató a un solo interventor para que se moviera por todo Bolívar.
Ese dinero se contrató con los hospitales de El Carmen y Simití, para hacer acciones de salud pública como prevención y promoción en todo el Departamento. La ley dice que esto se podía hacer en su área de influencia, pero los entes de control no se explicaron cómo los hospitales de El Carmen y Simití podían estar en todo el departamento haciendo campañas de vacunación o salud sexual y reproductiva, por nombrar solo dos casos.
La Superintendencia Nacional de Salud detectó además que existían contratistas asignados en labores de asistencia técnica en salud pública que estaban encargados de varios municipios y cobraban por eso, pero en los municipios nadie los conocía ni los habían visto ejecutando acciones de salud pública. También se detectaron contratistas que adulteraban el pago que debían hacer a las EPS para poder cobrar.