La noticia de la suspensión del contrato para la ejecución de las obras en la Vía de la Prosperidad fue considerada por los habitantes de la ribera del Magdalena como 'un golpe al progreso'.
Así lo expresaron líderes cívicos de Sitionuevo, Remolino y Salamina, los tres municipios por donde avanzaría la carretera, molestos porque les truncaron sus sueños.
'Quizás es el precio por no hacer las cosas bien'. dijo Alcibíades Orozco, de Guáimaro, el único corregimiento salaminero.
Igualmente la comunidad espera que se trate de algo no muy determinante y señalan que 'Dios quiera en pocos días se revierta la decisión y la obra se inicie'.
Hay quienes afirman que lo que la Corte Constitucional lo que hizo fue 'cercenar las buenas intenciones de un gobierno que ha querido darle paso al desarrollo social y económico'.
'Es que desde el interior del país nos la tienen velada', afirmó Pedro Ramos, habitante de Remolino.
El diputado conservador Alex Velásquez Alzamora dijo que al gobernador Luis Cotes se le advirtió lo que podría ocurrir si continuaba con el proceso para la adjudicación de la obra y no atendió las observaciones.
'Hoy se da esta suspensión como medida cautelar, pero aun así perjudica el desarrollo del departamento, porque la via es necesaria', anotó.
El dirigente político hizo saber que el gobierno seccional habría anunciado que el 2 de febrero se procedería al nicio de los trabajos en un tramo de 18 kilómetros entre el corregimiento de Palermo y la cabecera de Sitionuevo.
Posible demanda. Para el abogado Félix Vega Pérez, esta suspensión podría acarrear consecuencias económicas para el Departamento, debido a que a la vista se asoma una demanda por el contratista.
El jurista recordó que se hicieron algunas advertencias al mandatario pero este siguió adelante con el proceso de licitación, el cual culminó con la adjudicación de la obra al consorcio Ribera Este.
'Si el gobernador hubiera tenido en cuenta las previsiones que se hicieron antes de suscribir el contrato no hubiera problema, pero en estos momentos Ribera Este tiene derechos consolidados y seguramente van a tratar de sacarle dinero al departamento', comentó.
Recalcó que 'existe el peligro y el riesgo de que reclamen indemnización y que el Departamento se vea afectado económicamente por un hecho que nunca debió haber sucedido porque se dieron todas las alertas'.
Es provisional. La ministra de transporte Cecilia Álvarez Correa explicó que en efecto, el contrato y las obras de la Vía de la Prosperidad quedan suspendidas hasta que la Corte Constitucional estudie la documentación que el Gobierno Nacional envío ayer a la Corte.
Manifestó que la orden de parálisis es mientras se estudia una tutela interpuesta por ella, luego que se dedujera que mediante una irregular licitación se vulneraron los recursos públicos.
Recordó que el tema de la Vía de la Prosperidad y la Gobernación del Magdalena, 'ha sido una lucha que desde mayo ha librado el Invías y el Ministerio de Transporte'.
'El gobernador Luis Cotes Habeych hizo caso omiso a las advertencias', insistió.
Se supo que la tutela del Gobierno Nacional busca proteger los recursos públicos que supuestamente se vieron afectados con el proceso de licitación, caso que cabe recordar tiene en proceso disciplinario en la Procuraduría al Gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes.
Esta tutela llegó a la Corte, luego de un largo proceso que contempló que un juez la admitiera y ordenara su suspensión y que luego, el Tribunal Superior de Bogotá, reversara esa decisión.
