Las guerras que se libran en la Costa
Seis grupos armados organizados se disputan el control del narcotráfico, agudizando la violencia en Los Montes de María, Córdoba, Cesar y Bolívar.
El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño (…) Plácida Linero, su madre, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en los sueños de su hijo que precedieron a su muerte. Tampoco él había reconocido el presagio”.
“Nunca hubo una muerte más anunciada” que la de Santiago Nasar, todo el pueblo lo sabía y en cada esquina se rumoraba. De esa forma se puede concluir la magistral obra de Gabriel García Márquez, una historia macondiana, pero que a fecha de hoy el llamado “efecto Santiago Nasar” persigue a líderes sociales, políticos y comunales en el Caribe, porque en esta zona del país la implacable competencia armada que libran los grupos armados organizados (GAO) por las rutas del narcotráfico, la siembra de hoja de coca y el procesamiento de clorhidrato de cocaína es una sentencia de muerte para todo aquel que se atreve a levantar la voz.
Según registros del Centro de Pensamiento UNCaribe, en la Costa operan seis grupos dentro de la categoría GAO: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanitas de Colombia (AGC), Ejército Popular de Liberación (EPL), Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (anteriormente Los Pachenca), Los Caparros, y la disidencia de las Farc-Ep (la Segunda Marquetalia). Estos en su mayoría se concentran en los departamentos de Cesar, Córdoba, Guajira, Bolívar y la zona de Montes de María.
“En la actualidad, en el Caribe colombiano se puede observar una continuidad y emergencia de actores armados ilegales en cinco subregiones específicas: la Sierra Nevada de Santa Marta, los sures de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar y los Montes de María. Los dos primeros territorios se encuentran en medio de una competencia armada entre diversos actores por su contro, ya que son estratégicos no solo en términos de movilidad, sino también para el desarrollo de economías ilícitas, su acopio y exportación”, explicó a EL HERALDO Luis Fernando Trejos, docente, investigador y director de UNCaribe.
El analista agregó que “el desarme y desmovilización del Bloque Martín Caballero (antiguo Bloque Caribe) de las Farc-EP no alteró las dinámicas de los grupos armados ilegales en esta región. Esto se explica porque al momento de su negociación, al igual que el Frente de Guerra Norte del ELN, se encontraba diezmado militarmente y replegado en las partes altas de la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela”.
Siendo así, el control territorial permitiría a estos grupos no solo el acceso a rentas, sino que también facilita la construcción de retaguardias, nuevas incorporaciones, creación o fortalecimiento de bases sociales y eventualmente legitimidad social.
Afirma Trejos que “una parte de la violencia reciente se ha dirigido contra quienes al parecer han violado las ‘órdenes sociales’ que habían sido reforzadas durante la cuarentena, o por la disputa de territorios con competidores armados que despliegan violencias de alta intensidad (masacres) en contra de quienes consideran aliados de su competidor o como un impasse en la tenencia de tierras.
Explica el investigador que es esa la hipótesis que sustenta la creciente cifra de homicidios colectivos y selectivos en la región.
“La violencia se ha concentrado en la población civil y esta, también, sería una característica de esta nueva fase en la que las acciones armadas no se traducen en el uso de modalidades operativas de combate entre contrarios armados, sino en la amenaza, asesinatos selectivos y el desplazamiento de comunidades. Estas prácticas criminales pueden estar estimuladas por la percepción o creencia de que la acción institucional es débil o inexistente”.
Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz (CesPaz), ratifica que la creciente violencia en este tipo de territorios se debe a una centralización de la violencia.
Cada grupo armado está en guerra con el otro por el control de los corredores de movilidad y en medio de todo ese cóctel quedó la población civil, asegura Rosanía, al tiempo que destaca que “el asesinato de líderes es complejo”, porque no hay un único ente, no hay una sola organización que los mande a matar a todos.
“La pregunta no es quién, sino por qué, y la respuesta que encontramos es que los matan por cuatro actividades fundamentales: líderes que trabajan en restitución de tierras, en derechos humanos, aquellos que se han opuesto a que grupos armados permeen a sus comunidades y quienes denuncian corrupción y procesos políticos”, dice el director de CesPaz.
Para el experto, estos grupos cambiaron la forma de operar, tienen focalizado su esfuerzo en el control del negocio ilegal y en el proceso pueden quedar comunidades en medio, pero no porque la comunidad o el municipio sean el objetivo, “es que ellos se cruzan en los corredores logísticos que tienen que controlar”.
“Lastimosamente generan mucha violencia, porque están en disputa con otros grupos igual de pequeños donde no hay un actor dominante que pueda someterlos a todos, hecho que genera una guerra sin cuartel y donde la violencia ejemplarizante en forma de masacre es el medio para enviar mensajes a sus competidores”, puntualiza Rosanía.
Según registros de UNCaribe, durante el 2020 fueron perpetradas 15 masacres en la Región Caribe, estas dejaron como resultado 51 víctimas fatales. De ese número de eventos en la región, siete han sido relacionados con la presencia de actores armados (San José de Uré, Tierralta, Simití, El Carmen de Bolívar, San Marco y Montecristo).
Asimismo, 37 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados en la Costa durante el pasado año, según informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Esta misma entidad registra que durante el 2020 en la región Caribe fueron ultimados 4 excombatientes de las Farc y firmantes del Acuerdo de Paz.
Según Indepaz, en todo el territorio nacional se registraron 90 masacres con 375 víctimas fatales y 310 líderes sociales fueron ultimados. En lo que va del 2021 el país ya registra 1 líder social asesinado. Asimismo, una ex-Farc.
