Emiten reparos por retrasos en obras de infraestructura escolar en el Caribe
El ente de control aseguró que se podrían perder $97 mil millones de pesos en proyectos de Córdoba, Atlántico, Magdalena y otros departamentos del país.
La Contraloría General de la República, CGR, alertó ante la posible pérdida de recursos públicos por retrasos en 52 proyectos de infraestructura educativa en el territorio nacional, de los cuales, cuatro se encuentran en la Costa Caribe.
El informe hace mayor hincapié en 19 obras que no se encuentran en funcionalidad total, como las identificadas en Córdoba, con 2 proyectos; Atlántico, y Magdalena con un hallazgo cada uno.
Si bien el ente de control no especificó la ubicación detallada de dichas obras, aseguró que las pérdidas estarían por el orden de los $97 mil millones de pesos a nivel nacional.
“Se trata de una advertencia al Ministerio de Educación Nacional, a través de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Fife, por los riesgos de afectación negativa a los intereses públicos que ha identificado este organismo de control en varios proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, Pnie, por obras que pueden quedar inconclusas o que, una vez terminadas, no puedan ser puestas en funcionamiento, afectando el servicio educativo en distintas regiones del país.
Por lo que la advertencia está sustentada en los resultados del seguimiento permanente de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, a 52 alertas, detectadas en el año 2021”, indicó la entidad de control fiscal, en el documento firmado por el contralor General de la República, Felipe Córdoba.
La alerta está dirigida a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo; y a la gerente general del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, Adriana González.
“Con corte al 11 de febrero de 2022, se logró verificar la entrega a la comunidad de solamente siete instituciones educativas totalmente terminadas y puestas en funcionamiento, lo cual pone en evidencia situaciones recurrentes que han impedido el avance y culminación efectiva de otros proyectos.
Lo que genera afectación a 3.245.455 habitantes de las diferentes regiones del país en donde se desarrollan los restantes proyectos, que no cuentan con la infraestructura que garantice un proceso educativo en ambientes con las elementales condiciones de higiene, es decir, agua potable y saneamiento básico, energía eléctrica, rampas, ascensores, andenes, vías internas y de acceso, cerramientos, cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos”, detalló el Contralor.
Igualmente, se considera que es inminente el riesgo de pérdida de recursos públicos y la afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, no solo por los atrasos en la entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de obras complementarias, y el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las estructuras construidas, por un valor de $97.049 millones de pesos.
“Se pudo constatar que 19 proyectos no se encuentran en funcionalidad total, porque existen obras complementarias pendientes, bien sea urbanísticas, de electricidad, cerramiento o de conexión de servicios públicos. También existen múltiples dificultades y retrasos en la culminación de los proyectos desarrollados en virtud del Pnie, que se derivan del incumplimiento de los convenios interadministrativos, principalmente por aspectos tales como financiación, falta de gestión para la contratación de obras en virtud de los convenios, y ausencia de seguimiento respecto de los contratos firmados”, sostuvo.
De igual manera se considera que algunos de los proyectos se encuentran inconclusos debido a la falta de planificación en su construcción, financiación, lo que se suma a una aparente debilidad en el seguimiento y control de la ejecución de las obras.
“Lo que se busca con esta advertencia es que de forma pronta y adecuada, esta entidad evalúe e implemente las acciones que considere necesarias y suficientes para que mitigar los riesgos identificados por la CGR, evitando así la pérdida de los recursos invertidos en las obras y la afectación al servicio educativo”, concluyó el contralor Felipe Córdoba.
Los otros departamentos con reparos en el territorio nacional son Boyacá, con 4; Antioquia, con 3; Quindío, 2; Meta, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Cundinamarca, y Tolima, cada uno con uno.
