Una semana después de las duras críticas recibidas por las demandas presentadas contra cinco ciudades de la Costa Caribe y varios municipios del Atlántico, la Agente Especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza, propuso suspender 'de mutuo acuerdo' los procesos ejecutivos iniciados por la empresa para el cobro de las deudas de energía de los barrios subnormales.
En cartas enviadas a los alcaldes de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins; de Santa Marta, Virna Johnson, y de Cartagena, William Dau Chamat, la agente especial se refirió a una propuesta que serían analizadas en las mesas de trabajo que se instalarían en caso de que los mandatarios lo aceptaran.
La empresa también envió una comunicación al procurador delegado para la Conciliación Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, Iván Darío Gómez, en la que pide su intervención para 'garantizar el cabal cumplimiento del objetivo de las mismas; una vez los señores alcaldes nos confirmen la aceptación a la propuesta formulada'.
A través de un comunicado, la empresa recordó que 'las obligaciones derivadas del suministro del servicio de energía tienen un término de prescripción de cinco (5) años, un plazo que Electricaribe no podía dejar vencer en ninguno de los casos existentes...'.
El cambio de posición de la empresa, al parecer, guarda relación con un llamado de atención que le hiciera la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, luego de una reunión que la funcionaria sostuvo el pasado viernes con congresistas de la Región Caribe para revisar el caso de las demandas.
Mauricio Gómez, senador Liberal dijo que la decisión de la Agente Especial es una forma elegante de corregir un error y cambiar una posición 'cínica y descarada' porque las víctimas son los usuarios de la empresa. 'Los que debemos ser indemnizados somos nosotros, no Electricaribe', agregó.
Cesar Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, afirmó que frente a esa situación la única solución es que la empresa retire las demandas y acuda a una 'sana conversación' con las entidades territoriales, a las cuales no necesita para retirar en conjunto las demandas, y menos para validar sus 'actuaciones groseras y ofensivas'. Además debe levantar los embargos. 'Lo uno y lo otro lo deben hacer de inmediato. Están en mora de hacerlo', aseguró.
Por otro lado, afirmó que más de $860.000 millones han sido dispuestos por el Gobierno nacional para salvar el servicio de energía en la Región Caribe. 'Todos ellos en adición a que se haya asumido el pasivo pensional por parte del Estado; sin embargo, los que están a cargo de Electricaribe de la noche a la mañana y con ánimo de señor y dueño, se les olvidó que lo anterior fue gracias al apoyo de la bancada caribe que en representación de los habitantes de esta región del país, apoyaron y aprobaron esas medidas que nacieron en el plan nacional de desarrollo que bastante sudor y lágrimas nos costó aprobar.
Según Lorduy, estos directivos ahora se 'comportan peor que los antiguos administradores de Electricaribe, en un grado de eficiencia que no aplican para la prestación del servicio'.
A su turno, la representante Martha Villalba recordó que durante el 2019 y lo que va corrido del 2020, Electricaribe ha adelantado en cabeza de la agente liquidadora acciones para garantizar los ingresos, manteniendo el recaudo de usuarios que hoy pagan factura, normalizando la deuda con los usuarios y focalizando las acciones de cobro. Dentro de este contexto, la agente liquidadora 'ahora presiona a los entes territoriales para que coactivamente paguen la deuda por la subnormalidad'.
'Nada más injusto. En el plan de salvamento a Electricaribe, el Gobierno Nacional ha tramitado dos CONPES sucesivos por valor de $860.000 millones para mejorar la red eléctrica y $4.8 billones para el Plan Cinco Caribe en el que se presupuestan recursos para Electricaribe. Como si esto fuera poco, el Congreso de la República en el mismo plan de salvamento, autorizó en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2019, el cobro de una sobretasa de $4 en el servicio de energía nacional para los estratos 4, 5 y 6, y que la Nación asumiera el costo del pasivo pensional y prestacional de la empresa', explicó Villaba.
Para la representante a la Cámara, estas acciones han sido entendidas por la agente especial Ángela Patricia Rojas y eso la ha llevado a desistir de las demandas.
Por su parte, el senador con servador Efrain Cepeda aseguró que la región Caribe viene sufriendo una revictimización en los temas de energía eléctrica. Explicó que si se trata de normalización de redes eléctricas el Gobierno hizo normalizaciones por todo el país y dejó a la región Caribe rezagada. Luego con los Prone, Electricaribe no quiso presentar proyectos y por eso no llegaron los recursos, y ahora pretende Electricaribe que paguen los entes territoriales lo que deben unos particulares.
'Ese es un negocio entre particulares, no estoy de acuerdo con ello, por eso es que la acción legal que presentó Electricaribe la hemos rechazado y me parece inconcebible que ahora pidan sentarse a conciliar con los gobernantes sobre una deuda que es de particulares', manifestó el senador conservador.
En Montería
Las autoridades en Montería anunciaron el inicio de las gestiones para conocer los detalles que llevaron a la empresa Electricaribe a demandar al municipio.
El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, confirmó que las aspiraciones de la empresa de energía consistirán en cobrar unos $3.500 millones por servicios prestados en las zonas subnormales.
'Hicimos la solicitud a los juzgados para conocer detalles y se conformó un bloque de los jurídicos de las capitales de la Región Caribe para la defensa conjunta', sostuvo Ordosgoitia Sanín.
En Valledupar y Santa Marta
Entre tanto, la Alcaldía de Valledupar, ante la propuesta de conciliar una deuda que, según la empresa, es de $20.000 millones por consumo de energía de barrios subnormales, el asesor jurídico de la administración municipal, Luis Carlos Ramírez, señaló que 'sí vamos a conciliar, pero con un cruce de cuentas de toda la plata que Electricaribe le debe al municipio, y más bien nos queda debiendo y le tocará pagarnos'.
Sostuvo que 'nuestra posición es revisar todo el estado de las cuentas, porque Electricaribe tiene unas obligaciones pendientes con Valledupar, entre ellas el soterramiento de redes en el Centro Histórico de la ciudad, el usufructo de una infraestructura que es del territorio, y una deuda de más de 20 años de arriendo de un lote que es del municipio y que la empresa nunca ha querido reconocer'.
La alcaldesa de Santa Marta Virna Johnson manifestó que se enteró de la misiva de la agente especial de Electricaribe por los medios de comunicación mas no porque a su despacho haya llegado una comunicación al respecto.
'No tenemos claridad en los temas que plantean tratar en las mesas de trabajo que proponen y una vez tengamos claridad, estaremos mirando con nuestro equipo jurídico el paso a dar', comentó.
