El “horror” que permanece oculto en el Canal del Dique
Habitantes de las comunidades de ese sector del Caribe afirman que en el fondo y los lados del canal hay enterrados unos 20 mil cuerpos.
Cuando los paramilitares pasaban en sus camionetas llevando personas amarradas y eran escoltados por una bandada de goleros, ahí sabíamos de inmediato que esas personas serían asesinadas”.
Esos son los recuerdos que las personas que hacen vida en las riberas del Canal del Dique no se han podido sacar de sus memorias tras ser, durante varios años, protagonistas de las dinámicas del control territorial que grupos armados impusieron en ese amplio territorio del Caribe colombiano.
Martín, un habitante de la comunidad de Rocha, en el municipio de Arjona, en el norte de Bolívar, cuenta que entre los años 1997 y 2005, por las aguas del Dique, veía pasar entre cinco y ocho cuerpos a diario.
“Muchas veces esos cuerpos pasaban amarrados, desnudos y otras tantas solo pasaban extremidades. Era horrendo y a la vez espeluznante cómo la imagen se volvía paisaje. Los chulos (buitres o goleros) no salían del Dique y hasta llegó un momento en el que esas aves ya no comían las vacas, los cerdos o los perros muertos que se lanzaban a las aguas, solo querían comer humanos”, relata Antonio con la voz entrecortada.
El Canal del Dique recorre tres departamentos —Atlántico, Bolívar y Sucre— y se estructuró como una obra de ingeniería durante la Colonia en el siglo XVI. Pero su conexión directa con la bahía de Cartagena y Golfo de Morrosquillo lo convirtieron en un corredor atractivo, según investigadores, para la salida de droga.
El testimonio de Martín concuerda con el que describe el abogado de víctimas Adil Meléndez, pues señala que en numerosas reuniones que ha sostenido con los ofensores estos han relatado que ocho años de conflicto en esa zona pudieron haber dejado unas 20 mil personas fallecidas cuyos cuerpos, se presume, están enterrados en el lodo y el pantano del canal.
“Lo que pasó en esta zona del país fue grave y hoy sigue estando oculto. El Estado ha estado de espaldas ante lo que acá ocurrió. Entre el año 1997 y el año 2005, a raíz de múltiples informantes, hubo días en los que pasaban por esas aguas hasta 40 cuerpos. Las comunidades ribereñas no consumían el agua del canal debido a la grasa y el olor que tenía el líquido”, señala el abogado.
Registros que maneja Meléndez dan cuenta de que entre el municipio de Calamar, donde operó el Frente del Canal del Dique, y hasta Cartagena había aproximadamente 25 “botaderos”, es decir, puntos hasta donde llegaban los paramilitares para arrojar los cuerpos.
“Esas zonas eran puntos exclusivos donde se mataban y se picaban a las personas. Muchos de los cuerpos eran amarrados con piedras para que se fueran al fondo del canal. Toda esta información fue ofrecida por los mismos victimarios”, resalta el abogado.
Freddy Martínez Morelos, líder de pescadores en Puerto Badel, asegura que fue testigo de las diferentes masacres que se registraron en ese punto del canal, a tal punto de que muchos de los habitantes de ese territorio se vieron en la obligación de salir desplazados.
“Hasta ahora no sabemos por qué tuvimos que presenciar tanto horror. Nosotros éramos y somos unos simples campesinos que ni entendíamos los motivos de esa guerra. Al día de hoy las amenazas persisten y el riesgo de que la historia se repita. Hoy el temor es menos, ya conocimos lo que es el hambre y no estamos dispuestos a salir sin antes alzar la voz”, afirma Martínez.
El pescador describe que durante los años más duros de esa guerra (1998-2000) el sonido de las sierras eléctricas “eran constantes” y muchas veces los perpetradores los sacaban de las casas para que presenciaran las masacres.
“Nosotros vimos cómo despedazaban a las personas, en su mayoría hombres. Otras veces los hacían meter al agua y les disparaban. Eso era algo tan desastroso.”, describe Martínez.
Ricardo Cubides, líder de investigación de la territorial Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés islas de la Comisión de la Verdad, describe varios de los dispositivos de terror utilizados por la estructura en los territorios del norte de Bolívar, específicamente en el Canal del Dique.
El investigador detalla que uno de los métodos consistía en instaurar prácticas deshumanizantes en espacios comunitarios y nombrarlos para que se generara terror y recordación.
“Uno de esos lugares fue nombrado como ‘La Loma del Muerto’, donde la comunidad realizaba prácticas consideradas ancestrales. Este lugar es reconocido no solo por las comunidades de Rocha, sino también por sus vecinos de Puerto Badel y Lomas de Matunilla”, señala Cubides.
Otro de los dispositivos consistía en imponer reglas a las comunidades que tuvieron que convivir con los actores armados, consolidando estados de hecho que transformaron las vidas de regiones enteras en los departamentos que quedaron bajo el control territorial de este actor armado.
“Reglas como horarios, restricciones de movilidad que llevaron a confinamientos, imposición de silencio absoluto sobre lo que sucedía en los territorios bajo el control del paramilitarismo”, explica el investigador.
Un tercer dispositivo de terror se concretaba en la desaparición forzada y a la vez se imponía en la comunidad acciones deshumanizantes, que garantizarían la obediencia a las reglas.
“Las estructuras paramilitares utilizaron camionetas de alta gama para transportar a las personas que torturaban, asesinaban y luego desaparecían. Ellos les ponían nombres como ‘La última lágrima’, ‘El último adiós’ o ‘Caminito al cielo’, convirtiendo el vehículo en un elemento para infundir terror”, sostiene Cubides.
Jasmar Pájaro, líder de víctimas, sostiene que las futuras obras anunciadas para la zona “suponen un riesgo” no solo ambiental, sino también de reconciliación.
“Buscamos que no se repita lo que ocurrió en Hidroituango, que los cuerpos quedaron sepultados con la obra. Nosotros no nos oponemos a la obra, pero buscamos un reconocimiento. En toda la zona del canal hay restos humanos y esa es una verdad que no se puede obviar”, señala Pájaro, quien pidió a los organismos del Estado llegar hasta las poblaciones que hacen vida del Dique para que “faciliten” los procesos de sanación y perdón.
En una reciente visita que el comisionado de la Verdad Leyner Palacios realizó a Barranquilla conversó con EL HERALDO y aseguró que a lo largo de “varias semanas” se reunió con víctimas del Caribe y quedó con una preocupación con lo que respecta a las garantías de no repetición.
“Cuando hablamos de garantías de no repetición me refiero al olvido que las poblaciones han tenido en la materialización de la protección de sus derechos humanos. Escuché testimonios muy fuertes con relación a lo que ocurrió en el Canal del Dique y cómo las víctimas tienen una gran expectativa de conocer y encontrar a familiares desaparecidos a lo largo y ancho del canal”, manifestó Palacios.
El comisionado señaló que “todos los testimonios son valiosos” de cara a la construcción de esa verdad que tanto pide el país y las versiones de los habitantes del canal suponen una “fuente directa de conocimiento” para saber la realidad que padeció todo el país en el marco del conflicto.
“Los testimonios indican que hay preocupación por las obras que se van a desarrollar y que pueden menguar la posibilidad del esclarecimiento de la verdad. Las víctimas no se oponen a las iniciativas de desarrollo, no sin antes pasar por el esclarecimiento de lo que pasó”, dijo Palacios.
El comisionado aseguró que preparan para mediados de abril una visita a la zona del Canal para realizar un acto de reconocimiento de verdad.
“Ese será un acto público con participación de víctimas y los responsables de esa guerra”.
