El Heraldo
La APP del Canal del Dique contempla intervenir los ecosistemas que se encuentran degradados. archivo
Región Caribe

APP del Canal del Dique queda en manos del próximo Gobierno

La ANI realizó una nueva modificación al cronograma y fijó la adjudicación para el 12 de agosto. Congresistas y habitantes de la zona dan su impresión sobre el proceso.

El Gobierno de Gustavo Petro tendrá la última palabra con la APP del Canal del Dique. Así quedó establecido luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aplazara la adjudicación hasta el próximo 12 de agosto.

Dicha modificación quedó confirmada en una agenda expedida este jueves y que fue colgada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Juan Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI, explicó que la decisión fue tomada, teniendo en cuenta las reiterativas solicitudes del nuevo Gobierno de no continuar con el proceso de adjudicación.

“El futuro y adjudicación de la APP del Canal del Dique quedará en manos del gobierno entrante, del presidente Gustavo Petro. Ya no se adjudicará este viernes”, expuso el funcionario en medio de una entrevista con La W.

Es de anotar que la audiencia de adjudicación estaba programada para este viernes, como resultado de una modificación realizada por la entidad al cronograma. Dicho cambio se conoció en la noche del miércoles, a pocas horas de la primera fecha de la audiencia.

“Recibimos una comunicación de la Contraloría con cuestionamientos y se va a resolver por parte de nuestro equipo”, agregó el funcionario, quien defendió la idoneidad del proceso y solicitó que se dé continuidad al mismo.

 

 

 

Reacciones

Efraín Cepeda, senador de la República, manifestó que la suspensión del APP del Dique es una “mala noticia” para la región Caribe, ya que el Gobierno nacional tuvo una demora de cuatro años en la reestructuración del proyecto.

De acuerdo con Cepeda, la falta de “priorización” jugó un papel importante en esta obra, ya que el Estado dejó todo “para última hora”.

Sin embargo, el legislador indicó que la bancada del Caribe estará en pie de lucha para reunirse con el presidente Gustavo Petro y así retomar este proyecto por el bien de las comunidades afectadas.

Por su parte, el senador José David Name señaló que “nunca” ha estado de acuerdo con que se adjudique un proyecto a última hora y sobre todo se perfile a una empresa tan controversial en el país como Sacyr, la cual ha tenido diferentes pleitos con el Estado, además que la han declarado en incumplimiento en otro país.

“No estoy seguro que la APP sea la solución real y definitiva al Canal del Dique”, aseguró.

En ese sentido, el congresista también cuestionó la forma en que se iba a entregar una licitación a las “carreras” que es mucho más importante que la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

“Fue un fracaso y por eso lo más sensato es dejarle al nuevo gobierno los estudios y una decisión sobre el tema”, dijo.

Del mismo modo, cuestionó que el proyecto no cuenta con un estudio ambiental y mucho menos con las consultas de las comunidades y sin ello no puede ser entregado. “Al gobierno de Duque le quedó grande el Canal del Dique”. 

Mientras tanto, el senador Mauricio Gómez Amín indicó que acompaña y respalda la decisión de aplazamiento de la APP del Dique debido a que el proceso debe realizarse “sin afanes, con transparencia, haciendo la respectiva y necesaria socialización con las diversas comunidades de esa zona de influencia y sus mandatarios locales”.

No obstante, Gómez se mostró preocupado con el afán de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al adjudicar $3.1 billones antes del 7 de agosto, sin antes escuchar a los más afectados.

Frente a la APP del Canal del Dique, el congresista expuso que es responsabilidad del Gobierno entrante sacar esta iniciativa adelante siempre y cuando haya consenso, para así poder controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas.

La comunidad opina

Freddy Martínez Morelo, habitante de Puerto Badel, jurisdicción del municipio de Arjona en Bolívar, consideró que no era “buena idea” que el gobierno de Duque licitará este importante proyecto con una empresa que tiene “muchos problemas”.

“Este mandato le incumplió a los departamentos del Caribe, por eso esperamos que el nuevo presidente se comprometa con las comunidades al incluirlas y hacerlas partícipes de los detalles que obedecen a la construcción de la APP del Dique”, precisó a EL HERALDO.

Por otro lado, Jasmar Pájaro, líder de las víctimas del conflicto en el Canal del Dique, expresó que la obra debe ser “reconsiderada” en el levantamiento de información ambiental, puesto que carece de estudios físicos en esa zona.

En ese sentido, el lugareño dijo que la comunidad guarda la “esperanza” de que el nuevo Gobierno tenga la oportunidad de escuchar a los dos millones de habitantes que existen entre los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico que suelen ser golpeados por el Dique.

 Por otro lado, Miguel Zarate, morador del municipio de Campo de la Cruz, pidió al próximo Gobierno que se socialice la APP del Dique en el sur del Atlántico para tener “un conocimiento real de la obra”.

Asimismo, solicitó que se capacite al personal que participará en la ejecución del proyecto, ya que se habla de más de 5.000 puestos de trabajo.

Posición de Sacyr

La firma Sacyr, que fue el único proponente en el proceso, expuso a EL HERALDO que acata la decisión de la ANI y “está a disposición de las decisiones que tome el nuevo Gobierno sobre el futuro del proyecto”.

Contraloría emitió alerta por riesgos en propuesta de Sacyr

La Contraloría General de la Nación expuso una serie de cuestionamientos a la propuesta presentada por la firma Sacyr en el marco del proceso para la adjudicación de la APP del Dique.

En comunicaciones dirigidas a la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Contraloría Delegada para el sector de Infraestructura alertó de posibles riesgos evidenciados en el informe de evaluación preliminar.

De acuerdo con el documento, la información suministrada por el proponente no cumple con las condiciones establecidas en la ley y el pliego definitivo de condiciones para este proceso de adjudicación.

La primera de ellas corresponde a la certificación de experiencia en inversión de la Empresa Desarrollo Vial al Mar SAS, puesto que se “certifica un porcentaje de participación patrimonial del oferente Sacyr del 37,49 %, que es menor al requisito establecido para poder certificar la situación de control (50 %)”.

También se identificó que en la presentación del acuerdo de garantía y del diagrama de estructura organizacional, “acredita experiencia en inversión y/o capacidad financiera a través de dos sociedades controladas por el oferente en el país, lo cual no es idóneo para una de ellas”.

Además, la Contraloría evidenció que no todos los miembros de la Junta Directiva votaron para participar en el proceso licitatorio. Según el ente de control, “existe un riesgo cierto de que la autorización al representante legal de Sacyr para que firme y presente oferta a la ANI para la licitación pública, no haya cumplido con todas las condiciones y requisitos exigidos”.

Asimismo, la Contraloría expuso que en la verificación de los documentos de la oferta se identifican “diferencias aritméticas”, debido a que los valores registrados a precios del mes de referencia no “son consistentes con el factor para deflactar las cifras”.

En la comunicación enviada a la ANI, la Contraloría le solicita verificar que se estén haciendo las evaluaciones y proyecciones financieras para constatar la capacidad real financiera del oferente para el caso de que se adjudique la licitación, teniendo en cuenta que la firma Sacyr participa actualmente en dos procesos: Restauración de Ecosistemas degradados del Canal del Dique y el Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga, los cuales tienen programada audiencia de adjudicación para este viernes 5 de agosto.

También advierte que se debe verificar los efectos reputacionales con posibles financiadores del oferente en razón de “la reciente sanción aplicada en España a la firma matriz”.

Algunos antecedentes del proyecto

El actual proceso de licitación se abrió desde diciembre del año anterior, cuando se publicó el aviso correspondiente, así como el borrador del pliego de condiciones. El documento final se dio a conocer en marzo del presente año.

En el mes de junio del 2020, el actual gobierno anunció la apertura de una precalificación  para el proyecto de APP del Canal del Dique, cuyos requisitos legales y de experiencia en inversiones estarían publicados Secop para que los interesados pudieran participar en la licitación.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), una vez surtida dicha diligencia, el proceso se cerraría con la presentación formal de la manifestación de interés de las firmas o consorcios en el proyecto.

Tras ese paso se darían las respuestas a todas las observaciones entregadas por los interesados y se daría paso a espacios de socialización del proyecto para recibir retroalimentación del mercado.

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