Anuncian protocolo de seguimiento al PAE en la Costa Caribe

Así lo destacó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la presentación del ‘Protocolo Defensorial para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE’, que será implementado en las 42 defensorías regionales en el año 2023.

“Durante la construcción del Protocolo se realizaron visitas a instituciones educativas Córdoba y La Guajira en las que se aplicaron los instrumentos de recolección de información a estudiantes, directivos, secretarías de educación y operadores del PAE. En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deban contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas”, indicó.

Estas observaciones también se realizaron en los departamentos de Boyacá, y Chocó.

Además de los hallazgos anteriormente señalados,  el Defensor sostuvo que se ha venido trabajando en la verificación de varias denuncias en el departamento del Magdalena, y en los municipios de Malambo, y Soledad, en el Atlántico; Montería, y Sahagún, en Córdoba; donde supuestamente no se alcanzó el 50% de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022 los departamentos del Cesar, Magdalena, y Sucre y los municipios de  Sincelejo y Riohacha, empezaron su operación con un retraso de entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

“Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes. También se evidenciaron fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas. El 16% de las instituciones educativas no cuenta con cocina; el 26% no tiene un lugar de almacenamiento; el 15% carece de comedor y el 22% no dispone de un sitio para la refrigeración de los alimentos”, sostuvo.

En el resto del país los hallazgos también fueron detectados en Caquetá, Neiva, Buenaventura, Apartadó, Bello, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, y Yopal.

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa, es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia y fortalecer los espacios de participación y control como los Comités de Alimentación Escolar y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas. En este caso en particular, se hace un llamado a las instituciones educativas y a las familias para generar conciencia en los niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos”, concluyó el Defensor del Pueblo.