Acciones armadas empeoran crisis humanitaria y de seguridad en la Costa
Poblaciones de Córdoba, Sucre y sur de Bolívar viven ‘intervalos’ del miedo por las acciones violentas. Muchos aprovechan “treguas” para salir a comprar alimentos.
Habitantes de los Montes de María y de algunas poblaciones de las subregiones Sabana y San Jorge, en Sucre y en otras tantas de Córdoba y el sur de Bolívar, afrontan una difícil situación humanitaria por cuenta de las acciones violentas desatadas en el país, desde el pasado jueves, luego de la extradición a EE. UU. del jefe de la banda narcoparamilitar, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
Varios de los ciudadanos en las poblaciones mencionadas no tienen qué comer y tampoco dónde comprar sus alimentos. La razón: los graneros y tiendas están cerradas y los propietarios que se han atrevido a vender de manera clandestina sus productos, ya comienzan a sentir los estragos del desabastecimiento.
Argemiro Lara, líder campesino del municipio de Ovejas, ratificó en diálogo con EL HERALDO que a la situación de miedo y sometimiento del Clan del Golfo que han tenido en los últimos 5 años se suma el hambre que los ha obligado a comer en estos últimos días yuca en las tres comidas por no poder salir al campo a buscar otros alimentos.
“La situación es grave. La zona rural de Ovejas no tiene agua ni para consumo ni cocinar y hay que irla a buscar a la zona urbana y no tenemos en qué ir porque al que sale lo detienen. Ahora comemos yuca con yuca las tres veces al día porque no hay más comidas”, dijo Lara.
Una situación similar se vive en las zonas urbanas de los municipios de Majagual, San Marcos y San Antonio de Palmito, al igual que en el corregimiento de Granada, en Sincé, donde la fuerza pública le ha dicho a los comerciantes que abran sus negocios, “pero nosotros no lo vamos a hacer porque esos 8 soldados se van en algún momento y es allí que vienen las represalias. Ya a una tienda le hicieron disparos. No nos vamos a exponer”, dijo una comerciante.
Desde la vereda El Paraíso, en el municipio de Colosó, un habitante reportó que “ya hay varias familias en crisis alimentarias porque no tienen arroz, aceite, harina y mucho menos la proteína y cada día se aprieta más la cosa. Por acá solo hay una tienda donde ya no hay nada que comprar, porque todo se acabó”.
La situación en Sincelejo es un poco diferente, el comercio con acompañamiento de la fuerza pública abrió sus puertas la mañana de ayer, pero se puede evidenciar que hay muy pocos compradores. El sector de bares y grastrobares no presta sus servicios desde el jueves, y se estiman pérdidas millonarias de cara a la celebración del Día de las Madres.
Aunque las autoridades oficialmente no le dan crédito a los panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, divulgados en redes sociales, otro es el criterio que rige a muchos ciudadanos, especialmente en las zonas apartadas del sur de Córdoba, donde centenares de familias se encuentran confinadas por la ola terrorista.
Si bien en Montería algunos comerciantes se animaron a abrir sus negocios, en poblaciones como Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré se pueden apreciar las largas filas de ciudadanos en las tiendas de cadena y estaciones de servicio tratando de abastecerse, aprovechando las treguas que ‘místicamente’ ofrecieron en los panfletos los alzados en armas.
“La realidad de las ciudades no es la misma que se viven en los pueblos; de allí se desprende la falta de solidaridad y lecturas sesgadas de la realidad. En San José de Uré pasamos la noche sin energía eléctrica, con amenaza de avalancha por la temporada invernal, pero encerrados por causa del paro armado”, indicó un líder de esta localidad.
Y agregó: “El Estado se siente medianamente en Montería y en las capitales, pero no es igual en los pueblos, una situación que no es nueva ni por el paro armado. Es una zozobra que se repite todo el año. Hoy (ayer) dieron una hora para que la población saliera a comprar”, dijo el líder que pidió no identificarlo.
Los momentos de terror por la comisión de actos violentos son seguidos por una tensa calma, como un péndulo que oscila según la presencia de la fuerza pública o de los grupos armados.
“Han llegado mensajes de algunos panfletos en los que los grupos armados le dan a la población algunas horas para abastecerse. Nadie los confirma ni los desmiente, pero la gente acata y sale corriendo a comprar lo que pueda”, sostienen voceros de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba.
El miedo obliga a muchos líderes sociales a mantenerse en silencio para evitar convertirse en objetivo militar; sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo se ha denunciado el desabastecimiento de alimentos en poblaciones del sur del departamento y la zona costanera.
“Nuestra Regional en el sur de Córdoba adelanta seguimiento a la situación de orden público en esta zona del país. Para el caso de Tierralta, como en otros lugares del departamento, el abastecimiento se ha visto afectado por cuenta del cierre comercial”, indica la entidad.
El órgano también mostró preocupación por la afectación en la prestación del servicio de salud en la mayoría de los municipios del departamento, donde solo está habilitado el servicio de urgencias y no el de consulta externa, así como dificultades con los traslados de cuarto nivel.
“Se requiere a las autoridades a que brinden las garantías de seguridad a los habitantes y a que habiliten corredores humanitarios que faciliten la atención en salud, como derecho fundamental”, solicitó la Defensoría.
Con más de 250 uniformados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, sumados a hombres de la Policía Metropolitana de Montería, se realizan patrullajes por diferentes puntos de la capital cordobesa, con el objetivo de garantizar la seguridad.
El alcalde de la capital cordobesa, Carlos Ordosgoitia Sanín, ha liderado campañas para reactivar el comercio en barrios y sectores comerciales de la ciudad.
“Los buenos somos más. Desde temprano recorremos las calles de la ciudad junto con la Fuerza Pública para acompañar a comerciantes, tenderos y emprendedores en la apertura de sus negocios. Estamos con ustedes, trabajamos por su seguridad”, indicó el mandatario municipal.
La Policía Nacional informó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Colombia emitió cinco circulares azules de búsqueda y localización contra ‘Chiquito Malo’, ’Gonzalito’ y ‘Siopas’, actuales cabecillas del Clan del Golfo que están promoviendo delitos en esas regiones del país.
Estas circulares están vigentes en 195 países del mundo, según lo señaló el jefe de la Oficina Central de Interpol Colombia, coronel Mauricio Pardo, quien precisó que las circulares fueron emitidas así: Dos para ‘Chiquito Malo’, dos para ‘Gonzalito’ y una ‘Siopas’, por los delitos de concierto para delinquir, uso indebido de menores en actividades ilícitas y narcotráfico.
Para la institución, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito es el principal responsable del “paro armado” en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Antioquia.
“El Clan del golfo está dividido: una zona la maneja en términos de la sacada de Drogas ‘Chiquito Malo’ en la frontera con Panamá, alias Siopas está en el Chocó y ‘Gonzalito entre bajo Cauca y Córdoba. En esa zona es donde están corriendo los hechos de violencia. Esa es una área de influencia delincuencial de ese narcotraficante. Sabemos que tiene ‘outsorcing’ criminal con las bandas locales de Córdoba, Sucre, Bolívar, y Atlántico”, dijo el director de la Policía.
El pasado viernes el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de $5 mil millones contra alias Chiquito Malo y alias Siopas.
El jefe de la cartera de seguridad añadió que se dará un pago de recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de los responsables de las actividades delictivas en esta región del país, tales como la incineración de vehículos, el bloqueo de vías públicas y la afectación a la vida e integridad de los ciudadanos y miembros de la fuerza pública.
Las autoridades señalan que hoy esa banda opera “a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 en el componente criminal focalizado)” y con este “paro armado” ratifica que su fin, por el momento, no está cerca
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP entregó un balance de las acciones violentas realizadas durante los primeros días del paro armado en el país.
De acuerdo con el reporte de la UIA, los hechos de violencia perpetrados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre el 5 y 6 de mayo, se han registrado uno cada 20 minutos en 11 departamentos del país.
En total, se han reportado 150 hechos de violencia contra la población civil en 19 municipios de Colombia. Entre ellos se tiene información de 12 homicidios selectivos; 80 destrucciones de bienes civiles y 10 bloqueos de vías.
Además, 74 comunidades están en condición de confinamiento, 50 cese de actividades en transporte, 20 municipios donde pintaron grafitis alusivos al AGC y ocho ataques a la Fuerza Pública.
“En 48 horas, el Clan del Golfo ha realizado una acción violenta cada 20 minutos. El #ParoArmado que declaró afectó gravemente los derechos a la vida y la libre movilidad de las y los ciudadanos colombianos en 119 municipios de 11 departamentos”, indica.
Antioquia. Este departamento también ha sufrido el paro armado, tanto así que en localidades como Currulao, que hace parte del municipio de Turbo, hubo un hostigamiento contra la estación de Policía.
Por su parte, la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM) señaló que hasta el momento hay 12 municipios de Antioquia que no cuentan con el suministro de gas natural, por lo que hay 77.372 usuarios afectados en todo el departamento.
“Continuamos con afectaciones del suministro del gas en el departamento (...) por las condiciones del paro armado que estamos viviendo y que nos lleva a esta situación por razones de seguridad”, dijo Diego Montoya, vicepresidente del gas de EPM.
No obstante, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que las acciones tomadas por las autoridades están propiciando que la situación vuelva a la normalidad en los municipios de la región del Urabá y el Bajo Cauca.
Como Ever Ortega fue identificado el hombre que fue asesinado en la tarde del viernes en el corregimiento de Santa Elena, jurisdicción del municipio de Norosí, sur de Bolívar.
El hombre de 32 años era el actual presidente de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento.
El crimen se registró, según testigos, cuando el líder se encontraba departiendo con otras personas en una vivienda. Allí llegaron hombres armados que lo atacaron con arma de fuego.
Al parecer el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Clan del Golfo, en medio del “paro armado” decretado también en esa zona del país.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana para distintos municipios ubicados en el sur del departamento del Bolívar.
Diversos organismos encargados de velar por la democracia en el continente han seguido de cerca la situación por la que atraviesa el país desde hace cuatro días.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) manifestó su preocupación por la afectación a la población y llamó a que se respete a la gente, su vida y sus bienes.
“Observamos con suma preocupación afectaciones a comunidades y alteraciones al orden público en varias regiones de Colombia”, expresó el organismo e hizo un llamado al grupo armado “a respetar población, derechos y bienes públicos-privados”.
“Instamos al Estado a acelerar acciones para desactivar violencia y reforzar la protección”, manifestó la MAPP/OEA en Twitter.
En ese mismo sentido se manifestó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch, quien exigió en redes sociales que “respeten a la población civil”.
“Estamos preocupados por el paro armado impuesto por las AGC en al menos seis departamentos de Colombia”, expresó y agregó que “una vez más, falla la política de seguridad del gobierno”.
Por su parte la ONU hizo un llamado a los grupos armados no estatales “a respetar los derechos de la población civil”.
El presidente de la República, Iván Duque, anunció la tarde de este sábado, al terminó una reunión de Puesto de Mando Unificado, la creación un bloque de búsqueda élite para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo, incluidos ‘Chiquito Malo’ y ‘Siopas’, por quienes el Gobierno ofrece una recompensa de hasta $5 mil millones.
“Se ha creado por instrucción mía los bloques de búsquedas regionales contra las estructuras del Clan del Golfo, pero también a crear una célula de búsqueda especializado, quizás el más fuerte que haya visto en nuestro país desde lo que fue la lucha contra el cartel de Medellín el cartel de Cali para dar de baja o capturar a ‘Siopas’ y a ‘Chiquito Malo’”, dijo Duque.
El mandatario estuvo acompañado, vía virtual desde Medellín, con el ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula de las Fuerzas Armadas, incluido el director encargado de la Policía Nacional, general Hoover Penilla.
En el PMU el primer mandatario anunció además el despliegue de 52 mil efectivos de la fuerza pública para preservar el orden y enfrentar las amenazas de ese grupo ilegal.
También destacó el refuerzo de los grupos Gaula para combatir la proliferación de panfletos intimidatorios y hacer frente a la extorsión.
Otros de los anuncios de Duque se relacionan con el fortalecimiento de las labores de inteligencia y contrainteligencia en las carreteras, y el apoyo en la vigilancia de los corredores viales con aeronaves, y “acelerar los procesos de extradición y extinción de dominio contra el Clan del Golfo”.
