El Heraldo
Residentes de la vereda Caño Negro (El Carmen de Bolívar) que fueron desplazados y retornaron.
Orlando Amador
Región Caribe

327 familias desplazadas en el 2020 en el Caribe

Los registros de la Defensoría y del Centro UNCaribe indican que solo en el 2020 ocurrieron 12 eventos masivos forzados en la región.

El miedo y la zozobra se han convertido en los acompañantes de *Carolina, según dice, desde hace un par de años. En julio del año pasado huyó de la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de San José de Uré (Córdoba) junto a otras 276 personas, motivado por las amenazas de muerte realizadas por hombres armados, que perpetraron una masacre en la que cayeron dos adultos mayores y un hombre de 36 años.

“La guerra de por acá no se ha ido. Todo está igual, la paz en este territorio no la conocemos. Llegamos a albergar en algún momento la esperanza de que todo esto acabaría, pero no ha sido así. Uno no sabe qué hacer, cómo trabajar, cómo proyectar su futuro estando bajo estas condiciones”, manifiesta Carolina.

El censo de las autoridades indica que en ese episodio de desplazamiento 67 familias compuestas por 52 niños, 105 mujeres y 2 personas con discapacidad tuvieron que movilizarse.

Pero esta situación acaecida en San José de Uré no fue el único caso de desplazamiento que se registró en la Costa durante el 2020. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo se presentaron siete eventos, incluyendo Achí, jurisdicción de Bolívar (Magdalena medio). 

En dichos eventos se vieron afectadas 327 familias (871 personas),  principalmente campesinas del sur de Córdoba, en cuatro desplazamientos masivos, un caso en los Montes de María y un desplazamiento masivo interurbano en Barranquilla. 

La entidad detalla que el 30 de enero de 2020, en el municipio de Achí, Bolívar, 21 familias conformadas por 73 personas fueron desplazadas; el 4 de febrero de ese mismo año, pero en Barranquilla, 14 familias (36 personas) fueron víctimas del desplazamiento en el conjunto Las Gardenias; posteriormente, el 23 de febrero en San José de Uré, 15 familias (31 personas) tuvieron que abandonar sus tierras. 

Luego el 27 de febrero ocurrió el episodio que afectó a Carolina; seguidamente el 12 de agosto en El Carmen de Bolívar 38 familias (120 personas) huyeron de sus territorios. El 10 de octubre otro caso se registró en San José de Uré, allí 120 familias (303 personas) abandonaron sus casas, y el último caso que reseña la Defensoría se presentó el 3 de noviembre en Puerto Libertador, Córdoba, donde 11 familias (32 personas) fueron desplazadas.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, asegura que la entidad “observa con preocupación la alarmante acción de los grupos armados ilegales que aprovechando la crisis de salud y sus repercusiones sociales y económicas en el país y la región, victimizaron a 327 familias en Montes de María, Bajo Cauca y también en el área interurbana del departamento del Atlántico”, dijo.  

Camargo Assis destaca que el desplazamiento forzado y las víctimas “no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, debido  a que los eventos ocurrieron a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan los territorios y cometen delitos como hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, riesgo y materialización de reclutamiento, amenazas, contaminación por minas antipersona, secuestro y desapariciones.

“La Defensoría del Pueblo observa con preocupación la alarmante acción de los grupos armados ilegales”.
Policías hacen presencia en el sur de Bolívar. Orlando Amador

Otros eventos

Por su parte, el Centro de Pensamiento UNCaribe, a través del Observatorio del Conflicto, tiene registros de otros casos que no documenta la Defensoría en sus reportes.

El 18 de febrero en San Pablo, Puerto Libertador, a raíz de los enfrentamientos entre el  ‘Clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc (frente 18), varias familias fueron desplazadas hacia Antioquia. 

Luego el 8 de abril de 2020 en Puerto Nuevo, Montelíbano (Córdoba), un conductor de la empresa Cootracam fue desplazado con su familia luego de que  el ‘Clan del Golfo’ amenazara con asesinarlo por violar la cuarentena. El crimen no se perpetró debido a la intervención de líderes comunitarios. 

Después, el 27 de julio en San José de Uré, luego de cometer una masacre, ‘Los Caparros’ amenazaron a la población de Versalles con ejecutar decapitaciones si no abandonaban la vereda durante la mañana del día siguiente. 275 personas fueron desplazadas hacia la cabecera  municipal. 

Luego el 7 de septiembre en Versalles, San José de Ure, Córdoba, ante las amenazas del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’ varias familias se vieron forzadas a abandonar sus viviendas en la vereda La Cabaña. 

Finalmente reseñan un caso ocurrido el 26 de diciembre en Montecristo (Bolívar), después de que el Eln cometiera una masacre contra una familia de un excombatiente  de las Farc-EP. Tras ese caso, al menos, 12 personas salieron desplazadas hacia el municipio de Achí.

Luis Fernando Trejos, docente, investigador y director de UNCaribe, sostiene que en el 2020 el desplazamiento forzado en la Región Caribe se produjo en el marco de enfrentamientos entre grupos armados organizados (GAO) que se disputan  el control  de territorios estratégicos para el desarrollo de economías ilícitas, tal y como suele presentarse en el sur de los departamentos de Bolívar y Córdoba.

“Esta dinámica de la violencia también indica una creciente afectación humanitaria que a pesar de ser advertida por la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas no es anticipada por las autoridades locales, ya que estas solo responden una vez suceden los hechos”, destaca Trejos.

A diferencia de lo sucedido con las AUC, el académico señala que “no se evidencia en estos desplazamientos una estrategia de despojo de tierras”, sino que el blanco de las acciones armadas son las comunidades a las que los ilegales acusan de ser simpatizantes o informantes de sus enemigos.

“Hay también familias que, pese a las amenazas, se acogieron a la erradicación voluntaria y el Gobierno no les ha cumplido”

Una crítica

Para Víctor Negrete, director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, los desplazamientos que se han registrado en los últimos tiempos en la Costa Caribe están “estrechamente relacionados” con el poderío que en los últimos años han adquirido los grupos armados, sobre todo en la zona sur de Bolívar y Córdoba.

“No se puede negar los esfuerzos que el Gobierno ha hecho para acabar con este mal, destacan la erradicación de las siembras de coca y la presencia de la fuerza pública, pero todas estas acciones no han sido suficientes. Hay también una inconformidad generalizada por aquellas familias que, pese a las amenazas, se acogieron a la erradicación voluntaria y el Gobierno no les ha cumplido con las promesas. Todo eso hace un caldo de cultivo para que el fenómeno se dé”, señala el académico.

Negrete asegura que en todo este tiempo ha sido “clave” la intervención que organismos internacionales han realizado en la zona en conflicto. 

“Estos apoyos han sido fundamentales. A través de ellos muchas poblaciones han podido hacerle frente a las emergencias, pero sabemos que sus funciones en el país son limitadas y es donde las entidades del Estado deben intervenir y aportar soluciones reales y de fondo a la situación”.

Los consejos de paz creados en Córdoba para la participación ciudadana, según dice el profesor, “no han funcionado” y eso conlleva a que las personas sientan que hay menos espacios para ser oídas, lo que acrecienta el temor.

Las autoridades anunciaron que planean la construcción de varias oficinas de la Defensoría del Pueblo en toda la zona en conflicto para poder tener una mayor presencia en el terreno, y de esta manera poder entender de mejor forma las dinámicas que en esa parte del Caribe se siguen presentando.

El país en el 2020

La Defensoría del Pueblo reportó que durante el 2020 se registraron 90 desplazamientos masivos en el país que afectaron a 28.509 personas, que integran 8.192 familias. 

Los confinamientos son otro fenómeno que la Defensoría pone de manifiesto que se presentó durante el año que acaba de terminar. 

En este caso la entidad  estableció que aumentaron los casos en al menos un 252% con respecto al 2019, y que estos hechos se presentaron sobre todo en el Catatumbo, con alrededor de 33.627 personas (9.997 familias) confinadas, en razón del paro armado impuesto por el Eln y Epl en el primer trimestre del 2020.

En la subregión del Baudó y Pacífico chocoano fueron 23.128 personas (5.210 familias) confinadas por los enfrentamientos entre el Eln, los grupos armados y las disidencias  de las Farc.

Nariño es un departamento afectado tanto por el confinamiento como por el desplazamiento. En este territorio se reportaron 43 eventos en los que se desplazaron 14.048 personas (4.711 familias) en Telembí, Sanquianga y Pacífico Sur. Asimismo, allí ocurrieron cinco eventos en los que 9.979 personas (2.457 familias) tuvieron que confinarse para salvaguardar su integridad de los combates entre los grupos armados. 

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