'La trashumancia como delito no se había investigado. No existe en el país la primera condena. Es verdad'. Así lo asegura un vocero de la Fiscalía que, con el argumento de no entorpecer las investigaciones por delitos electorales en Colombia, pidió a EL HERALDO no revelar su nombre.
Solo desde hace tres años, y con mayor fuerza durante las elecciones legislativas de 2014, el organismo que vela porque quienes cometan un delito sean castigados empezó a investigar el sinnúmero de casos de trashumancia que se reportan en el país. Fenómeno que para estas elecciones regionales ya generó una cifra alarmante: entre 800.000 y un millón de cédulas habrían sido inscritas de manera irregular, afirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
¿Se puede judicializar en tres meses al millón de personas que habría cometido este delito?, se pregunta la Fiscalía y sostiene que la gran dificultad para que no haya condenas de trashumancia radica en que 'se requiere hacer las investigaciones en tiempo real', una limitación que plantea el convivir con otro tipo de delitos que atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos, como los homicidios o los atracos. 'Las seccionales no pueden paralizar estos casos', dice el funcionario.
Otro de los cuellos de botella que dice tener el ente acusador es que, mientras el Consejo Nacional Electoral, CNE, se concentra en cruzar la base de datos de la Registraduría con las de entidades sociales como el Fosyga, Sisben, Anspe o la Unidad Nacional de Víctimas, para detectar posibles irregularidades y acto seguido excluir o anular cédulas, la Fiscalía 'trabaja más a fondo'.
Le corresponde a este organismo identificar, ubicar, investigar, hacer interceptaciones, entre otras tareas que requieren tiempo, pues la trashumancia no se puede determinar de manera ligera, argumenta el asesor de la Fiscalía contactado por EL HERALDO, sobre por qué no se ha investigado esta práctica, tipificada como delito desde 2000. En efecto, la trashumancia histórica parece haberse convertido en una talanquera para esta entidad, pues contempla el estudio de casos que en su momento no fueron investigados.
En pocas palabras, el organismo judicial dice que no puede investigar a alguien por trashumancia solo porque después de un periodo electoral se cambió de ciudad. 'Hay diferencias importantes entre el tema administrativo y penal', asegura el vocero de la Fiscalía, lo que genera una tercera limitación que tiene su origen en las 'incongruencias de la norma, de la ley'.
Cuestión de voluntad. Pese a todo, una de las limitaciones más concluyentes para castigar el delito de la trashumancia sobrepasa las labores del ente acusador, y en ello coinciden tanto la Fiscalía como el magistrado del CNE Armando Novoa, quien cree que 'ha habido un problema de voluntad institucional, pero también observo que actualmente hay varias capturas que se han ordenado en distintos municipios del país, aunque no en la dimensión que se aspira'.
El togado explica que lo que se hace en el Consejo es anular las cédulas inscritas 'y si encontramos evidencias de personas concretas involucradas, ponemos eso en conocimiento de la Fiscalía'.
Frente a lo que pudiera estar faltando en la norma o en la investigación penal para que se produzcan mayores resultados, señala Novoa que 'la posibilidad de perseguir este tipo de prácticas en tiempo real es difícil', pero reconoce que 'hay un nuevo giro por la presión de los medios y por el desbordamiento de estas prácticas que desnaturalizan la democracia'.
Con la activación de una 'estrategia de combate', impulsada por un equipo que 'tuvo que entrenarse en delitos electorales', la Fiscalía pudo confirmarle a EL HERALDO que ya hay 14 capturas por trashumancia en todo el país, y 'habrá 30 más en los próximos 15 días'.
Sobre las personas capturadas por trashumancia el 14 de agosto en Soledad, el funcionario explicó que para llegar a los ‘capitanes’, los que miman con atenciones y prebendas a los posibles electores, se tuvo que 'investigar a unas 200 personas que fueron trasladadas desde ciertos municipios a Santa Lucía, sur de Atlántico, para que inscribieran su cédula'.
La Fiscalía precisa que 'nunca antes en Colombia se habían dado capturas a menos de dos meses de una elección popular', como tampoco se habían realizado más de 700 interrogatorios por posible trashumancia. 'Pareciera que a algunas personas esa delincuencia electoral solo les importara 2 o 3 meses antes de las elecciones', una afirmación que lleva implícita una reflexión sobre el papel de los ciudadanos en este tipo de delitos.
Agrega el ente que 'esta administración tendrá las primeras condenas por trashumancia' y atribuye el hecho de que se hayan paralizado algunas resoluciones a que 'los jueces no han fijado fecha de audiencia'.
Vuelve a destacar que en solo una elección –la legislativa- se 'alcanzaron 261 procesos exitosos', mientras que en toda la vigencia del Sistema Penal Acusatorio (8 años)'solo se lograron 57 procesos'.
Acerca del histórico caso de la anulación de 97.791 cédulas inscritas en Barranquilla para las elecciones legislativas de 2014, el ente acusador dice que 'no puede contar en qué va' y adelanta que se detectó que cerca del 80% tienen su origen en la trashumancia histórica.
De lo que sí puede hablar es de la compulsa de copias a tres congresistas electos del Caribe colombiano: Hernando Padauí, Karen Cure Corcione y Antonio José Correa por supuestos delitos electorales, un anuncio que efectivamente se dio a conocer en medios el pasado diciembre, y del que dice: 'Están bastante comprometidos'.
Así pagan por los votos
Estas son las principales modalidades y tipos de pagos por sufragios en la Región Caribe.
Becas escolares. A algunos beneficiarios de programas estatales les piden votos para favorecer a un candidato.
Tejas, ladrillo y cemento (TLC). Ha caído es desuso por su visibilidad, aunque todavía opera en los pueblos.
Motos por votos. En municipios del Caribe se empezó a intercambiar este tipo de vehículo por votos.
Compra y venta al por mayor. Los ‘taquilleros’ concentran grandes cantidades de votos que venden por altos precios.
Lotes. Se ha establecido que los candidatos ofrecen tierra o legalización de predios a cambio de votos.
VV- Vacas por votos. En Sucre, Sucre, cambian cuatro vacas y un toro por siete votos. Una equivalencia de $6 millones.
Mercados. Entrega de dádivas y alimentos a cambio del sufragio. Utilizado en reuniones políticas para atraer votantes.
Gota a gota. Forma de pago por ‘cuotas’, la primera el día de la inscripción y luego después de votar.
Tarjetazo. Empleo de medios electrónicos para rastrear el lugar del sufragio y llevar un control sobre este.
Vea el especial sobre trashumancia en el Caribe colombiano:
