Solo 3 de 9 proyectos anticorrupción pasaron: Transparencia por Colombia
La entidad hizo un balance de lo que dejó en materia de iniciativas anticorrupción la pasada legislatura 2020-2021.
Transparencia por Colombia advirtió este jueves en un comunicado que "tan solo tres de nueve proyectos anticorrupción pasaron en el Congreso en la legislatura pasada 2020 -2021".
De estas nueve iniciativas legislativas, cinco fueron promovidas por partidos políticos, una presentada por parte del Ejecutivo y tres surgieron desde los organismos de control con apoyo gubernamental.
Los tres articulados aprobados fueron la reforma al Código Disciplinario, presentado por la Procuraduría General de la Nación, que "enfrenta serios cuestionamientos, pues se argumenta que va en contravía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos"; el proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Justicia, presentado por Gloria López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que "podría implicar posibles afectaciones a la calidad de la administración de justicia"; y el proyecto de ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, del que "se eliminó el capítulo completo sobre la protección a denunciantes de corrupción".
Los otros seis proyectos anticorrupción no tuvieron la oportunidad de ser discutidos y "quedaron archivados en medio del papeleo y la agenda legislativa".
Estos fueron el proyecto que establecía medidas de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa; el que adicionaba la responsabilidad jurídica para quienes participan en la implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas cuando hay beneficiarios de manera fraudulenta; y el que establecía criterios más estrictos en algunas modalidades de contratación pública y fortalecía los mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestal.
Así mismo, el que establecía la promoción de la cultura de la legalidad en todas las entidades públicas; el que adicionaba inhabilidades para contratar a las personas que hubieran sido declaradas responsables administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por casos de colusión; y el que establecía medidas administrativas y penales en contra de actos de corrupción.
Y frente a las tareas pendientes de la Consulta Anticorrupción que se llevó a cabo en 2018, puso de presente Transparencia por Colombia que de ese ejercicio ciudadano, a la fecha se ha aprobado la no casa por cárcel para los corruptos, el uso de pliegos tipo en el sistema de contratación pública, y la obligatoriedad para la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses para aquellos que celebren contratos con el Estado.
"Sin embargo, siguen sin ser aprobados los puntos que buscar regular la participación en presupuestos públicos, el límite de periodos para congresistas y corporaciones públicas, y la disminución del salario de senadores y representantes a la Cámara", señala el reporte.
Por ello, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, hizo un llamado al Congreso de la República "para que en la nueva legislatura se fortalezca su compromiso con la legislación en materia anticorrupción", ya que "en varios casos, la falta de avances en el legislativo implica que los corruptos sigan aprovechando vacíos normativos que facilitan su acción".
