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Fabrizio Hochschild, en nombre de la ONU, se ha encargado de acompañar el proceso de paz. Archivo
Política

“Para el fin del conflicto armado también hay que acabar los cultivos ilícitos”: Fabrizio hochschild

Los programas de sustitución deben ser efectivos, afirma. El Estado debe hacer presencia en territorios abandonados.

Las Naciones Unidas consideran que en la terminación del conflicto armado colombiano tiene que ver, como uno de los factores que nutren la violencia, que se acaben los cultivos de drogas ilícitas y se sustituyan por proyectos productivos que beneficien a las cerca de 60.000 familias campesinas que hoy se dedica a esa actividad en busca de ingresos o por amenazas de grupos armados ilegales. Sobre este tema EL HERALDO dialogó con Fabrizio Hochschlid, representante de la ONU en Colombia:

¿Cómo vislumbra usted el nuevo tema que se comienza a discutir en la mesa de La Habana sobre cultivos ilícitos?

Es un tema fundamental porque gran parte de la economía en las áreas donde aún hay conflicto está dominada por el cultivo de uso ilícito. Para encontrar una solución para el bienestar de los campesinos que viven allá es fundamental resolver este tema, o sea acordar entre las partes que están en la mesa de La Habana respuestas a la sustitución de cultivos en estas áreas porque demasiada gente depende de esta actividad y esa no es una solución sostenible y sin una solución sostenible no habrá paz. Además, sabemos que los ingresos de estos cultivos nutren no tanto a los campesinos sino al mismo conflicto, entonces para terminar con el conflicto también es muy importante encontrar soluciones.

¿Son los cultivos ilícitos una especie de gasolina para el mismo conflicto al momento de comercializar la droga?

El conflicto tiene muchas cosas que lo nutren, pero una cosa importante también son estos cultivos ilícitos que solo pueden florecer porque hay ausencia del Estado, ausencia de desarrollo. Es decir, lo que se tiene que lograr, a la vez, es llevar desarrollo a estas zonas, que llegue el Estado y, a través de eso, ojalá se sustituya este asunto de los cultivos ilícitos.

Diferentes académicos, entrevistados por EL HERALDO, han dicho que frente a lo que está pasando en La Habana la sociedad debe comenzar a movilizarse para empoderarse del proceso, hacerlo propio para comenzar a defenderlo. ¿Cuál es su opinión?

Una pequeña parte del proceso de paz es el acuerdo que ojalá se pueda dar en La Habana, pero para la construcción de la paz y para que esta pase realmente de ser un documento de papel a algo que tome realidad en los territorios, es fundamental que la gente tome posesión de ese acuerdo y empiece a sentirlo como algo de ellos. Por eso la socialización de la paz es fundamental, pues esta se va a dar con base a un acuerdo y en la medida en que la gente cambie y desarme su mentalidad y empiece a prepararse y a pensar de manera diferente sobre un proceso de paz estable y duradero.

¿Debe el Estado comenzar a prepararse desde ya para atender los compromisos de la mesa de diálogo y también para hacer presencia en unos territorios donde ha habido ausencia estatal?

Bueno, el Gobierno y el Comisionado de Paz han dicho que la paz se va a construir desde los territorios, entonces yo creo que todos tienen que comenzar a prepararse, la sociedad civil, las autoridades locales, las autoridades regionales y, por supuesto, varios ministerios. Creo que hay ciertas medidas que uno ya puede comenzar a tomar en términos de planificación e identificación de recursos, que son fundamentales para comenzar con la construcción de la paz lo antes posible.

Nos decía el profesor Alejo Vargas que definitivamente en los dos foros de la Universidad Nacional y la ONU lo que se vislumbró es que las comunidades campesinas expresaron que quieren la sustitución de cultivos, pero el gran temor es que los ejercicios anteriores han fracasado, y decía que esto no puede suceder con un proceso de paz como el que se está trabajando.

Lo que escuchamos en los dos foros es que nadie cultiva lo ilícito por libre elección porque existe, por un lado, una alternativa que funciona desde el punto de vista económico y del otro surgen las presiones de los agentes armados, en muchos casos para plantear lo ilícito. Entonces, es fundamental que, con toda la experiencia identificada a través de estos últimos años y décadas, se busquen programas que realmente puedan funcionar en la sustitución de cultivos y eso necesita un esfuerzo mayor al que se ha dado hasta ahora. Esas soluciones también van a requerir mucho en términos de ideas. Sí hay experiencias de las cuales se pueden sacar lecciones y aprender. En estos esfuerzos hay ejemplos, no solamente de fracasos sino de casos exitosos.

Sí, Alejo Vargas recordó que los campesinos hablaron de un proyecto de sustitución que está haciendo una comunidad Franciscana con cacao y otra que se está trabajando con ganado...

Lo que quedó claro en los foros es que para esto no hay una sola solución, que se tienen que construirse soluciones a través de los territorios porque en cada territorio hay particularidades diferentes. Pero un punto clave en casi todas las regiones es el acceso a los mercados. Solucionar ese problema es básico para cualquier política de sustitución de cultivos ilícitos.

Congelan proyecto de baldíos

El Gobierno anunció que retirará oficialmente el polémico proyecto de ley sobre terrenos baldíos, el cual será “reformado, ajustado y presentado en la siguiente legislatura”, informó el ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia.

El ministro del Interior recordó que al Congreso solo le quedan dos semanas más de trabajo, lo cual imposibilitaría su trámite en el legislativo y afirmó que el retiro obedece a “varios temas técnicos”, entre ellos la necesidad de “socializarlo mejor” con los posibles beneficiarios.

La radicación de este proyecto ante el Congreso fue objeto de críticas de las asociaciones campesinas que denunciaron que se beneficiará a grandes empresarios y no a las comunidades. Igualmente, el senador Jorge Robledo denunció, en varias ocasiones, que el proyecto está diseñado para defender los intereses de Indupalma, Riopaila y Cargill.

Los críticos argumentan que la iniciativa contradice políticas gubernamentales como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretenden devolver los predios que despojaron los grupos armados.  También sostienen que va en contra de los preacuerdos en materia de desarrollo rural alcanzados en las negociaciones de La Habana.

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