Los desafíos para poner fin al conflicto

La ruta hacia el fin de un conflicto de cinco décadas entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc ha sido trazada en el punto 3 del Acuerdo de Paz: Fin del conflicto.

El presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc, alias ‘Timochenko’ anunciaron el pasado 23 de junio en La Habana la decisión histórica de hacer un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el cual entró en efecto desde el 29 de agosto.

Con esto, el grupo subversivo acordó a ubicarse en 23 Zonas Veredales Transitorias hacia la Normalización (ZVTN), y desde allí, entregar las armas en un proceso que tomará un total de 180 días desde la firma del Acuerdo Final (el próximo 26 de septiembre), y que será monitoreado por la Organización de Naciones Unidas.

Estos serán los dos pilares en los que se fundamentará este punto del acuerdo, cuyos objetivos finales serán reintegrar a los combatientes de las Farc a la vida civil, garantizar su participación política y su seguridad para el pleno ejercicio político, y paralelamente intensificar labores en el desmantelamiento de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

Lo acordado en el punto 3, aunque es el fin de cuatro años de negociaciones, ha abierto la puerta a toda clase de críticas, discusiones y preocupaciones en la opinión pública acerca de la viabilidad de lo que se plantea en este aparte del texto redactado en La Habana.  En este sentido, cuatro expertos en los tópicos que rodean al punto 3 del acuerdo explican a continuación cuáles son los principales desafíos que en torno a la implementación del punto 3 del Acuerdo de Paz.

Complejidades y dificultades del proceso - Carlos Guzmán

La construcción de una paz estable y duradera implicó que tanto los delegados del gobierno nacional como los de las Farc, centraran su atención en la identificación y definición de una condición necesaria, aunque no suficiente para hacer posible tal propósito. El cese bilateral al fuego, entendido como el silenciamiento de las armas y, por tanto, el cese de hostilidades de una y otra parte se convirtió en tal condición. Se espera que con ella, se sienten las bases para una convivencia más armónica y pacífica que posibilite el desarrollo de ejercicios político-democráticos, principalmente en las zonas en donde la incidencia del conflicto interno armado colombiano ha causado el mayor impacto.

Con base en tal definición, las partes acordaron el fin del conflicto, en el entendido que este deberá verse desde una perspectiva integral. Es decir, en relación con los demás puntos de la agenda. Asimismo, en que este será el puente que facilite el tránsito de la vida armada a la vida civil de los miembros de las Farc y base para la construcción de la paz en Colombia. Comprende este punto un largo proceso, no exento de complejidades y dificultades, que deben desarrollarse a instancias de las partes: el cese bilateral al fuego, la dejación de armas, la adquisición progresiva de derechos, la consecuente reincorporación e integración sistémica y social a la vida civil de los excombatientes.

Aceptación político-social

El resultado que se observará, en este punto, dependerá del reconocimiento -por parte del Estado, de las Farc y del conjunto de la sociedad- y superación de una serie de obstáculos que supone el paso a la vida civil de los excombatientes. Retos que van, quizás, más allá de las meras consideraciones de tipo económico y político-institucionales. El principal, a nuestro juicio, la aceptación político-social de estos. Un segundo reto, está en el compromiso y voluntad que adquieren los mismos actores frente a la construcción de una paz estable y duradera, propósito fundamental del cese al fuego. Finalmente, la confianza que las instituciones estatales, en término de garantía, eficiencia y eficacia, logre transmitir;,así como el nivel de aceptación social que la sociedad logre alcanzar. completarán las piedras que hay que retirar del camino que nos conduzca a la paz estable y duradera.

Una verdadera reincorporación - Juan Pablo Isaza

Entre los desafíos que plantea el punto tercero del Acuerdo final denominado “Fin del conflicto”, se encuentra la constitución del Consejo Nacional de Reincorporación, el cuál será integrado por dos miembros del Gobierno y dos integrantes de las Farc. Esta institución tendrá la responsabilidad de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación. 

Es aquí donde se deberá aprovechar la experiencia que tiene el Estado Colombiano en los procesos de desmovilización tanto colectivas como individuales para trabajar por una política de Reintegración y no solo limitarla a la reincorporación. Es decir, los esfuerzos deben avanzar hacia la vinculación definitiva de los excombatientes a la vida civil y no quedarse en la etapa inicial de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en donde solo se busca apoyar los excombatientes de manera transitoria en su reincorporación a la sociedad.

El reto del Consejo Nacional de Reincorporación es continuar con los avances realizados por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) y entender que la duración de los procesos va muchos más de los dos años durante los cuales se les proporcionará a los excombatientes la asignación de renta básica establecida en el acuerdo.

Garantizar proyectos productivos

Otro de los retos en relación a este punto es encontrar la estrategia para garantizar que el desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles de las personas en proceso de reintegración cumplan con su función y generen los resultados esperados. Asegurar la perdurabilidad de los resultados en el tiempo requiere un acompañamiento a los excombatientes en proceso de reintegración con planes y programas sociales. Estos planes pueden ser de diferente índole como: educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria), educación para el trabajo, así como la validación y homologación de saberes y de conocimientos, planes de vivienda, de acompañamiento psicosocial, de reunificación de núcleos familiares, entre otros. En conclusión, corresponde al Estado cumplir con lo pactado para que de este modo permita una adecuada reintegración de los excombatientes.

Aceptación de las Zonas Veredales en la población - Diógenes Rosero

Los componentes esenciales del punto 3 de los acuerdos tienen que ver con tres tópicos: La logística de la dejación de armas y fin del conflicto, garantías de seguridad para los excombatientes y reincorporación colectiva económica y social de los mismos.

Lo primero que habría que señalar, es que el punto intenta responder a la lógica de los acuerdos de convertirse en un cuerpo unificado y articulado en cada uno de sus componentes. En ese sentido, encontramos relación y coherencia con otros aspectos de los acuerdos, por cuanto las zonas escogidas para la dejación de armas están en  las mismas áreas privilegiadas para las acciones de  fortalecimiento estatal y programas de desarrollo, en donde existe o hubo presencia activa de las FARC. Igualmente, su contenido da respuesta a la garantía de seguridad de los excombatientes para su reincorporación a la vida civil y participación política.  Por último, brinda garantías para la operación de la Justicia Transicional, debido a la concentración de los excombatientes en 23 zonas veredales.

Partiendo de ello, existen diferentes retos que se deben superar en su implementación al igual que algunas preocupaciones que pueden surgir teniendo en cuenta las experiencias de otros procesos similares en el país y el mundo.

El primer reto consiste en lograr la aceptación del funcionamiento, consolidación y asimilación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. En algunos casos, como en el Cauca, poblaciones indígenas se han quejado por el funcionamiento de este tipo de dispositivo en sus territorios. En el mismo sentido, el relacionamiento de las zonas con las áreas rurales y urbanas es un reto, posibles alteraciones del orden público ocasionadas por la cercana presencia de  estas zonas pueden llegar a ser un problema que le reste legitimidad al proceso. La asimilación de los excombatientes por centros urbanos y rurales cercanos puede ser lenta y compleja. 

Garantías de seguridad y reincorporación

El segundo reto, tiene que ver con la garantía de la seguridad de los excombatientes. Cualquier posible vulneración de la vida de uno de ellos puede deslegitimar el proceso y generar zozobras que hagan recordar brotes de violencias del pasado. En esa lógica, la garantía de la no vulneración de las reglas de juego en las zonas impediría posibles riesgos para los excombatientes que hacen parte de la misma.

El tercer reto es la eficiencia y efectividad del andamiaje institucional para la reincorporación.  En  procesos anteriores las instituciones creadas para la operación de estos procesos han demostrado su deficiente operatividad. Esta situación puede generar en el mediano y largo plazo problemas de nuevas violencias o reincidencia. Por ello, es fundamental que este proceso supere el simple paternalismo y beneficios individuales, lo que permitiría que los excombatientes, de manera colectiva, se cohesionen con la sociedad y que aporten con sus esfuerzos a la generación de producción e ingresos. 

¿Y las zonas urbanas?

Una de las preocupaciones de cara al posacuerdo, es la inexistencia de planes de mitigación de riesgos para zonas urbanas por fuera de las áreas priorizadas. Aunque se entiende que los recursos fundamentales para la estabilización democrática,  deben invertirse en las zonas que vivieron los impactos del conflicto, que han sido mayoritariamente áreas rurales, debe preverse los posibles impactos de la desmovilización en los centros urbanos más importantes. Se prioriza una paz rural pero no se tiene mucho en cuenta la necesaria paz urbana. 

Institucionalidad Rural - Luis Trejos

Los mayores desafíos en la implementación de este punto, se encuentran en la construcción de institucionalidad en las zonas rurales periféricas y en garantizar la seguridad de todos aquellos que dejen las armas y hagan tránsito a la vida civil, especialmente aquellos que asuman liderazgos sociales y políticos. Por otro lado, es necesario que la sociedad en general cambie la percepción que tiene de los excombatientes y no los margine social, económica y políticamente. De esto depende en gran parte el éxito del proceso, ya que si se les cierran las puertas como ciudadanos es muy posible que tengamos que abrírselas como delincuentes.

Zonas Veredales

Con respecto a la abierta  resistencia por parte de la comunidad indígena Yukpa, ubicada en la  zona rural del Municipio de La Paz, Cesar, a que en su territorio se ubique una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), esto se debe en gran medida a que el establecimiento de dicha ZVTN no estuvo precedido de un abierto proceso de concertación con las comunidades que habitan ese territorio y porque no se tuvo en cuenta como ha sido la relación histórica de las FARC-EP con esas poblaciones.

Desmonte de Bacrim

En lo referido al desmonte de las estructuras sucesoras a grupos paramilitares, se aprecia que todas las medidas son represivas y no hay ninguna dirigida a la prevención del reclutamiento, ya que, en varias regiones, las Bandas Criminales generan empleo y brindan seguridad, lo que les produce cierta legitimidad social.