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Política

Los cuestionamientos que se le hacen a la Ley de Seguridad Ciudadana

La oposición y otros sectores dicen que busca privatizar las cárceles y borra las garantías a la protesta.

Ante la aprobación en extras de la Cámara del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, a la que le resta un debate en la plenaria del Senado, diversos sectores políticos y ciudadanos criticaron la medida.

El senador Julián Gallo, de Comunes, advirtió que la iniciativa "no toca lo esencial para la seguridad ciudadana, como el aumento en los asesinatos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y líderes ambientales".

A su vez, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció una demanda de inconstitucionalidad por lo avalado y una solicitud a la CIDH "para que constate el incumplimiento del Gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social".

Entre tanto, Edwin Palma Egea, candidato del Pacto Histórico al Senado, advirtió que "metieron el 'orangután' de privatización de las cárceles que puede generar un 'cartel de presos' en el que privados alienten las detenciones ilegales e injustas".

Coincidió el senador Feliciano Valencia, del MAIS: "A la élite colombiana nunca le ha interesado la resocialización de los condenados y con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana abren la puerta para ganar dinero con la población carcelaria. Privatizar la seguridad en las cárceles es sólo el principio. Negocio ante todo".

Fecode, por su parte, advirtió que "es un adefesio para reprimir la protesta, da vía libre al homicidio y es permisivo con las actuaciones violentas de la fuerza pública. Debe hundirse, porque está en contravía del Estado Social de Derecho".

En cambio, el representante Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, defendió la iniciativa: "No más miedo, no más inseguridad. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana les devolveremos la tranquilidad a los ciudadanos y endureceremos las penas a los delincuentes".

Su colega César Lorduy, de Cambio Radical, coautor, aseguró: “En buena hora hemos entregado a la autoridad instrumentos para garantizarle seguridad a la ciudadanía”.

El empresario Andrés Escobar, objeto de pesquisas por aparentemente disparar contra ciudadanos con un arma que según él era traumática, saludó la aprobación: "Legítima defensa para una Colombia segura y próspera".

Y la representante Nubia López, del Partido Liberal, explicó que el proyecto "busca endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el Código de Policía".

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