A 36 días de que el Gobierno de Gustavo Petro culmine su administración, la Cancillería actual hizo un nuevo nombramiento en el consulado de Ecuador.
Se trata de Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, actual secretaria general de la Cancillería, quien ahora fue designada como primera secretaria de Relaciones Exteriores, adscrita al Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.
Así quedó consignado en el Decreto 0645 con fecha del 26 de junio de 2026 y firmado tanto por el presidente de la República, Gustavo Petro, como por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
El decreto señala que la funcionaria fue designada en un cargo de carrera diplomática, en provisionalidad, luego de que la Dirección de Talento Humano certificara que no existían funcionarios de carrera disponibles para ocupar la vacante.
Este nombramiento se realizó pese a que el vicepresidente electo,José Manuel Restrepo, enviara una carta a la Cancillería en calidad de coordinador del equipo de empalme de Abelardo De la Espriella en la que solicitaba a la ministra Villavicencio que se abstenga de efectuar nuevos nombramientos en provisionalidad en cargos de la carrera diplomática y consular de la planta externa hasta la posesión del nuevo Gobierno el 7 de agosto de 2026.
“Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contra reloj para repartirse cargos”, mencionó Restrepo en un video.
Mientras que en la misiva advierte que el gobierno saliente no debe utilizar la provisionalidad como mecanismo de reubicación de funcionarios de confianza ante la inminente terminación de sus cargos, pues esto “compromete los principios de mérito, moralidad e igualdad que deben orientar toda decisión de gestión del empleo público, conforme al artículo 209 de la Constitución Política”.
Además, según advirtió el vicepresidente electo, desde una perspectiva de gestión fiscal, los nombramientos en provisionalidad efectuados sin necesidad acreditada del servicio generan obligaciones presupuestales que el nuevo Gobierno deberá asumir y que, en caso de ser revertidas mediante retiro o reubicación del personal así designado, pueden derivar en reclamaciones administrativas y eventuales procesos de responsabilidad fiscal.
