JEP y Fiscalía, en el ring de la paz

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es protagonista de las portadas de los medios por estos días: las pruebas contra Santrich de la Fiscalía y de los Estados Unidos, los bienes de las Farc para reparar a las víctimas, la sala especial para militares hundida en el Congreso, el anuncio de un referendo para derogar la jurisdicción y los dolorosos, necesarios e indignantes relatos de los políticos víctimas de secuestro a manos de las Farc.

Mientras el sistema de justicia transicional espera las pruebas que pidió a los EEUU para certificar si las conductas endilgadas al sucreño Jesús Santrich ocurrieron tras la firma del acuerdo de paz, la Fiscalía defiende las pruebas por narcotráfico que envió a la JEP contra el exjefe guerrillero del extinto Bloque Caribe.

Sin embargo, la JEP consideró insuficiente lo consignado en el expediente del ente acusador y  el propio Santrich respondió en una misiva tildando de calumniosas las acusaciones del organismo de investigación penal.

Si la JEP confirma que los hechos ocurrieron tras la firma del acuerdo, la Corte Suprema y el presidente Iván Duque decidirán sobre la extradición de Santrich. Aunque pudiese ocurrir que la Corte, a pesar de que un gran jurado norteamericano avaló las pruebas de la DEA, considere que antes el sucreño debe contar la verdad a sus víctimas.

Polémicas

Una de las polémicas más duras que le ha tocado enfrentar al tribunal tiene que ver con los permisos de salida del país a exintegrantes de las Farc.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la JEP, quien no aceptó los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de la función pública y perturbación de actos oficiales. También fueron imputados los contratistas July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo.

Además, la propia JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento en contra de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa, exjefe de las Farc, quien fue el único de los 31 exjefes de la extinta guerrilla que no presentó su informe de compromiso dentro del plazo estipulado por ese organismo y que se venció el pasado martes.

‘El Paisa’ tendrá cinco días de plazo más para solicitar y entregar las pruebas sobre el cumplimiento del régimen de constitucionalidad. Es decir, la JEP investigará si el excabecilla de la Columna ‘Teofilo Forero’ ha acatado a carta cabal los preceptos del acuerdo de paz.

Sala hundida

 En la legislatura pasada la JEP había sufrido un cambio de fondo, avalado por el santismo en transición al duquismo: una sala especial para militares que sería reglamentada más adelante en un proyecto de acto legislativo. Pues ese proyecto lo presentó el uribismo, pero se hundió en primer debate en la Comisión Primera de Senado la semana pasada, con la misma receta que el Centro Democrático les aplicaba a las iniciativas de paz de Santos: rompiendo el cuórum.

No obstante, el partido ahora oficialista anunció que, ante los apretados tiempos que tiene el articulado actual, volverá a presentar el proyecto de acto legislativo durante el próximo semestre. Otro anuncio de la senadora uribista Paloma Valencia es que recogería firmas para un referendo derogatorio de la JEP.

La idea de la sala especial es polémica porque, por ejemplo, la ONU ha dicho que, entre otros temas, genera un tratamiento diferenciado para las víctimas, lo que va en contra del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Choque de trenes

 Aunque tanto la Fiscalía como la JEP niegan que haya un choque de trenes, lo cierto es que las discrepancias entre ambas jurisdicciones han estado a la orden del día desde hace varios meses.

La más reciente tiene que ver con la competencia sobre los bienes no reportados de las Farc que deberá dirimir la Corte Constitucional. La JEP dice que esos bienes deben ser para reparar a las víctimas mientras que el fiscal Néstor Humberto Martínez considera que deben seguir el camino de la extinción de dominio.

El pasado 4 de octubre ambos entes se enfrentaron sobre la intromisión de la Fiscalía en el caso sobre los secuestros de las Farc, ya que un agente de policía judicial fue a la JEP con una orden judicial para una inspección al caso, se llevó el expediente y notificó a la presidenta de la Sala del caso de una entrevista sobre el proceso. Ese mismo día, el fiscal Martínez revocó todas esas decisiones y dijo que habían sido tomadas sin autorización.

Por ello, hace un par de semanas se creó una mesa técnica, en medio de un encuentro mediado por la Comisión de Paz del Congreso, para resolver los desacuerdos “de interpretación jurídica” entre ambas jurisdicciones.

“Sin confianza”

José O’Meara, ex director de Vigilancia Fiscal del sector Defensa, Justicia y Seguridad de la Contraloría, le dijo a EL HERALDO que “la JEP debe generar mayor celeridad en los procesos, porque el país necesita mayores resultados concretos y condenas particulares a los integrantes de una organización que le hizo mucho daño al pueblo colombiano a través de la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, para no citar todo el Código Penal, y hasta la fecha la JEP no se ha ganado la confianza del pueblo colombiano”.

Frente a los casos de Santrich y de Zamora, el ex aspirante a contralor general señaló: “El caso de Santrich requiere de mayor celeridad y las investigaciones y acusaciones en contra de Zamora ponen en tela de juicio la imparcialidad de un tribunal que tiene una misión histórica. No obstante, hay personas con excelsas calidades jurídicas, éticas, académicas y profesionales integrando la JEP, y eso se traducirá en resultados tangibles para un país que lo demanda”.

“Sobresaliente”

El senador del Polo, Iván Cepeda, de la Comisión de Paz, indicó a EL HERALDO que “hay que destacar que en los estándares internacionales es realmente sobresaliente el hecho de que en tan poco tiempo se haya podido organizar y poner en funcionamiento la JEP, pues estos tribunales sobre crímenes de lesa humanidad siempre toman mucho tiempo. Y es muy importante que haya empezado a llamar a los 31 miembros de la dirección de las Farc y se hayan presentado en los últimos días varias víctimas de secuestro y hayan comparecido militares por los mal llamados ‘falsos positivos”.

Al respecto del caso Santrich y de los bienes de las Farc, el parlamentario cercano a la mesa de La Habana advirtió: “Es importante que la JEP muestre independencia y autonomía y lo ha hecho en el caso Santrich al no asumir lo que dicen los EEUU como órdenes. Y desde el punto de vista de los derechos para las víctimas creo que es la JEP la competente sobre los bienes de las Farc porque esos bienes terminan no yendo a la reparación de las víctimas, sino destinados a fortalecer el presupuesto de la Fiscalía y el Inpec”.