El Plan de Desarrollo, ¿en deuda con la paz?
Según sectores opositores, este proyecto, que pasó a manos de las plenaria de Senado y Cámara, se quedó corto con respecto al impulso del posconflicto y al cumplimiento de los acuerdos de La Habana.
Uno de los grandes cuestionamientos del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND), que pasó su primer examen en las comisiones económicas del Congreso ha sido si cuenta o no con el componente necesario para fortalecer y desarrollar el buen curso de la etapa de posconflicto y si ampara las necesidades de los excombatientes y cumple con los compromisos de los acuerdos con la otrora guerrilla de las Farc.
Para la representante a la Cámara por la Alianza Verde Juanita Goebertus, quien ha hecho un seguimiento al tema de la paz y del PND,“el Plan de Desarrollo está lejos de ser la ruta para la construcción de la paz”.
Señaló que si bien dentro de lo aprobado están los 37,1 billones de pesos, destinados para impulsar el posconflicto, un trazador presupuestal de paz y equidad de la mujer, el tema de obras por impuestos en los municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdet, aún quedan faltando los recursos del Ocad de paz focalizados para estos municipios azotados por la violencia, incluir esta categoría de los Pdet para las transferencias del sistema general de la participaciones en educación y salud.
Y, además, sostuvo la representante, no se ve la focalización de los recursos del Fondo Colombia en Paz en estos municipios que hacen parte del componente de paz acordado con las Farc.
“El proyecto no incluyó metas de restitución y dejó por fuera a 2,80 mil víctimas del conflicto”, expresó.
Goebertus recordó que a corte de hoy hay 15.491 casos pendientes de restitución de tierras.
Pese a ello, el Plan contempla algunos artículos como el 144, en el que se busca definir que los bienes extintos que no hayan sido entregados por las Farc Ep en los términos del artículo 2 del Decreto Ley 903 de 2017, tendrán como destinación el Fondo de Reparación para las Víctimas de la violencia”.
Se expresa en este artículo que “La Fiscalía General de la Nación determinará los bienes que se encuentran vinculados a procesos de extinción de dominio que no correspondan al inventario de que trata el Decreto Ley 903 de 2017”.
En este sentido, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, manifiesta que “la iniciativa busca fortalecer el Fondo para la Reparación de las Víctimas de la Violencia, estableciendo como una de sus fuentes de financiación los recursos bienes de las Farc”.
También en defensa del proyecto de Plan de Desarrollo en este tema de la paz ha estado la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, que señala que el Plan contiene recursos importantes.
Explicó que de los 37,1 billones, $20 billones irán dirigidos a los 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y se contempla dar tratamiento a los 13.000 excombatientes de las Farc, así como también atender los temas de restitución de tierras.
“El Plan desconoce la hoja de ruta trazada en el Acuerdo de Paz firmado entre las Farc y el gobierno de Santos”.
Renta para exfarc
Precisamente en uno de los artículos del Plan, el 256, se hizo una modificación al tema de la renta para los excombatientes de la guerrilla, que en palabras del representante Óscar Darío Pérez “permitirá a estas personas tener unos recursos para su vida diaria”.
Según este artículo “la renta básica es un beneficio económico que se otorgará a cada uno de los integrantes de las Farc, una vez surtido el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y durante veinticuatro (24) meses, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos.
Este beneficio económico equivaldrá al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en el momento de su reconocimiento”.
Aclara que, una vez cumplidos los 24 meses anteriormente señalados, se otorgará una asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación, la cual se compone de: Formación Académica, Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Sin embargo, para el representante a la Cámara y exmiembro de las Farc, hoy partido Político, Benedicto González, más conocido como Alirio Córdoba, “el proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo cumple con el juramento uribista y duquista de hacer trizas los acuerdos, dejando sin recursos nuevos y específicos la implementación de los acuerdos de paz y consecuencia la reincorporación. La renta básica consistente en el 90% del salario mínimo termina el próximo 1 de agosto”.
Señala además que en el proyecto del Plan “hay una ausencia total del componente Implementación y Reincorporación del acuerdo de Paz. Lo que nosotros hemos exigido es un Capítulo Especial de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo, que en otras palabras sería el mismo Plan Marco de Implementación acordado bilateralmente en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi)”.
Por su parte el senador Carlos Antonio Lozada, perteneciente al Partido Farc, fue enérgico en señalar que “lo que hemos conocido del Plan Nacional de Desarrollo es que se entran a desconocer los compromisos del Estado con la implementación. No se le asignan unos recursos específicos tal como está convenido en el Plan Plurianual de inversiones, por lo tanto consideramos que evidentemente ese planteamiento de Iván Duque en la campaña de que iban a hacer trizas los acuerdos, está en este momento en plena marcha”.
Incluso la representante Goebertus ha señalado que “el artículo 4 del Plan Nacional de Desarrollo no contempla el Plan Plurianual de Inversiones. No incluye ni una sola sección específica de paz, ni recursos adicionales para financiarla”.
Ante este escenario, la semana pasada, un grupo de congresistas desafectos al gobierno de colectividades como la Alianza Verde, la UP, la Farc, los Decentes, entre otros, anunciaron que votarían negativo el proyecto ya que para ellos la iniciativa no tiene como uno de los ejes la construcción de la paz.
“El Plan desconoce la hoja de ruta trazada en el acuerdo de paz firmado entre los excombatientes de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. En ninguna parte se desarrolla el componente de gasto e inversión para la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, señalaron los voceros.
“Igual de minúsculos son los recursos destinados a garantías de seguridad para las comunidades.”
Desfinanciación de la política rural
Una tesis que comparte Diego Fernando Carrero, investigador del Centro de Pensamiento de Política Fiscal –Universidad Nacional de Colombia–, quien señala en un análisis para la página web, Razón Pública, que “el 47,98% de las inversiones del Plan se concentra en tres planes: salud, educación y vivienda-agua potable— de manera que queda desfinanciado el cumplimiento de todos los demás componentes de la política de desarrollo rural. Recordemos además que por lo menos 13 de los 17,8 billones para educación, salud y agua potable provienen fundamentalmente del Sistema General de Participaciones, de modo que no significan nuevas inversiones”.
El experto advierte que “igual de minúsculos son los recursos destinados a garantías de seguridad a las comunidades y líderes sociales, así como para el combate de organizaciones continuadoras del paramilitarismo, que serían de 11.750 millones al año”.
“El Plan contempla 43.000 millones para el acuerdo sobre drogas, pese a que en el Plan Marco de la implementación del acuerdo de paz, se comprometieron cerca de 2,5 billones para el cuatrienio 2019-2022. Serían aproximadamente 10.000 millones al año, que si se dividen entre las 132.000 familias vinculadas a los acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos tendríamos una inversión mensual por familia de tan solo 6.313 pesos”, explica el analista.
Apunta el experto que “la omisión del Gobierno en materia de inversiones para la paz en el artículo 4° del Proyecto de Ley del PND produjo un escándalo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) procedió a publicar una “respuesta a la opinión pública” donde justificaba de manera ligera las razones de la omisión señalando que las inversiones para la paz se encuentran distribuidas entre los diferentes capítulos o “pactos” del PND”.
Según este análisis, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque no queda bien parado ante el desafío de implementar la fase del posconflicto.
No obstante, parece que el tema de la paz podría volver a la palestra en las plenarias de Senado y Cámara, pero sólo si hay un consenso sobre la importancia del tema en la discusión que se avecina en esta instancia legislativa.
Según recordó la directiva de Planeación Nacional Gloria Alonso, el proyecto del Plan de Desarrollo deberá ser aprobado antes del 7 de mayo.
A la iniciativa, que proyecta recursos superiores a los 1.100 billones de pesos, le restan dos debates.
