El representante Óscar Campo, del partido Cambio Radical, anunció este lunes que ha radicado en la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria “por medio del cual se establecen límites a los derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta pública y pacífica sobre vías”.
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“El desarrollo de un derecho sin límites se convierte en una negación de los derechos de los demás. Lo hemos visto en la vía Panamericana: protestas que dejan de ser pacíficas y se convierten en bloqueos indefinidos que afectan servicios esenciales, empleos y hasta impiden el paso de ambulancias, con lo cual se genera una grave afectación a los derechos de los terceros”, señaló el congresista en su cuenta de X.
Agregó que este proyecto “recoge los límites y las garantías que se han establecido en tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
“Construir una democracia sólida requiere reglas claras, y se trata no de escoger entre orden o libertad, sino asegurar ambas con responsabilidad”, sostuvo.
La iniciativa es respaldada por los representantes Juan Daniel Peñuela, Christian Garcés, Betsy Judith Pérez, Jaime Rodríguez, Jairo Humberto Cristo, Carolina Arbeláez, Lina María Garrido, Hernando González, John Edgar Pérez, Julio César Triana, Gersel Pérez y el senador Carlos Abraham Jiménez López.
Carolina Arbelaez, representante por Bogotá, indicó que “con esta iniciativa no se busca restringir el derecho a la protesta sino establecer unos límites razonables, donde haya un equilibrio entre los que quieren manifestarse pacíficamente, pero a la vez también de los que necesitan movilizarse por las vías”.
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De acuerdo con el comunicado emitido por Oscar Campo, el proyecto se basa en el principio de que todos los derechos tienen límites, y que vivir en sociedad significa también convivir con los derechos de los demás.
Por eso, argumenta, el proyecto fija “condiciones específicas cuando la manifestación se convierte en bloqueo de vías, afectando la vida, la salud, la movilidad o la seguridad de terceros”.
En ese sentido, la iniciativa “reconoce la protesta pacífica como un derecho fundamental, establece límites claros cuando esta se convierte en un bloqueo que afecta derechos esenciales de terceros, regula el uso excepcional de la fuerza pública, con énfasis en el diálogo previo obligatorio y crea mecanismos como la Comisión de Diálogo y Mediación y el Puesto de Mando Unificado, para gestionar institucionalmente las manifestaciones y evitar el escalamiento de los conflictos sociales”.
