A la ministra de las TIC, la barranquillera Karen Abudinen, una de las más diligentes y eficientes del gabinete de Iván Duque, le ha tocado por estos días capotear un vendaval de grandes dimensiones, que tiene que ver con la adjudicación de un contrato que buscaba conectar a abril de este año unos 7.468 colegios, ubicados en zonas rurales de 15 departamentos del país.
En medio del escándalo han surgido todo tipo de versiones y señalamientos, que cuestionan la actuación tanto del Ministerio como de quien está al frente de la cartera, los cuales han venido siendo respondidos de forma oportuna por la propia ministra Abudinen.
En efecto, desde que la Ministra tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades o -incluso- de posibles ilegalidades cometidas por la Unión Temporal Centros Poblados (UTCP), tomó las medidas pertinentes que le permitieran defender los recursos del Estado, mediante una actitud vigilante. Una de ellas fue declarar la caducidad del contrato y pedir de inmediato, tanto a la Fiscalía, como a la Contraloría y la Procuraduría, que se encarguen de llevar las investigaciones 'hasta las últimas consecuencias'.
